Baja California -El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante tres años por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, confirmó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“Es recurrible y está en su derecho de hacer lo que considere en su beneficio”, señaló durante su conferencia semanal en Mexicali. Más tarde, la titular de la Secretaría Anticorrupción, Gabriela Monge Pérez, informó que el gobierno estatal recibió la notificación este martes, aunque reservó detalles sobre la resolución.
Te podría interesar
Construcción sin autorización federal
La funcionaria únicamente confirmó que el fallo está relacionado con el contrato para la construcción de una planta fotovoltaica que no tenía autorización federal. “Conlleva una sanción grave, por eso lo tenía el tribunal de justicia administrativa. Hay que recordar que estos asuntos son del inicio de la administración”, dijo.
Te puede interesar: Conagua declara desierta licitación para desaladora en BC; No afecta en gran medida, dice Seproa
La planta, que supuestamente alimentaría el acueducto que conduce agua del Río Colorado hacia la zona costa del estado, comprometía participaciones federales y aún tiene un proceso legal abierto. Por este caso, media docena de exfuncionarios de la administración de Bonilla (2019–2021) han sido vinculados a proceso.
El exgobernador permaneció protegido por el fuero que conservaba como senador del PT, por lo que su proceso judicial sigue activo tras varios intentos por llevarlo ante la justicia. Incluso dos directivos del Banco Afirme fueron aprehendidos por no devolver los primeros 123 millones de pesos ingresados al fideicomiso para la obra que nunca inició. El gobierno de Ávila Olmeda posteriormente recuperó el dinero.
En ese expediente, quien evitó las acusaciones desde un principio fue Amador Rodríguez Lozano, exsecretario General de Gobierno.
Otro funcionario vinculado a proceso
El exsecretario de Salud en el gobierno bonillista, Alonso Pérez Rico, también fue vinculado a proceso esta semana por otro caso.
El médico, reconocido por encabezar la estrategia contra la pandemia en el estado, enfrenta el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones por la entrega directa de contratos por más de 39 millones de pesos para la compra de insumos médicos.