Guerrero -El cierre de las principales empresas distribuidoras de gas LP en Taxco, Guerrero, por presuntas amenazas de extorsión, expuso nuevamente cómo este delito impacta directamente la vida cotidiana, la economía local y los servicios básicos, en un contexto nacional donde la extorsión alcanzó en 2025 su nivel más alto desde que existen registros oficiales.
En este Pueblo Mágico, dos de las principales gaseras suspendieron operaciones tras recibir amenazas atribuidas por pobladores a La Familia Michoacana. Desde la noche del martes, elementos de la Policía, la Guardia Nacional y el Ejército resguardan las instalaciones para evitar que se concreten las advertencias criminales.
Te podría interesar
Las empresas Sonigas y Gas Misión cerraron sus instalaciones a inicios de 2026, aunque habitantes de Taxco aseguran que la crisis comenzó desde noviembre de 2025. Durante diciembre, temporada alta por el turismo, el suministro se normalizó temporalmente, pero en enero el problema se agudizó hasta derivar en la suspensión del servicio.
Quizás quieras leer: Aumentan denuncias por extorsión 14% en Guanajuato en casi un año
Taxco depende en gran medida de la actividad turística. Hoteles, restaurantes y fondas requieren gas LP para operar, por lo que el cierre de las gaseras ha generado preocupación entre comerciantes y ciudadanos, quienes en redes sociales preguntan dónde pueden surtirse ante la falta de distribución.
Entre los pobladores circulan dos versiones: una señala que desde diciembre integrantes de La Familia Michoacana comenzaron a presionar a dueños de restaurantes y negocios para que compraran gas a una sola empresa; la otra apunta a que el grupo criminal exige una cuota directa a las gaseras a cambio de permitirles operar.
El alcalde morenista Juan Andrés Vega Carranza confirmó la problemática, aunque sin precisar su origen. En redes sociales habló de una “interrupción parcial en el suministro del gas LP” y aseguró que solo una empresa suspendió la distribución, mientras otras operan con normalidad. No obstante, testimonios locales coinciden en que únicamente Ultra Gas y Nevado Gas continúan ofreciendo el servicio.
La extorsión, un delito en máximos históricos
El caso de Taxco se inserta en un panorama nacional de extorsiones alarmante. De acuerdo con el Monitor de Seguridad de #DataCoparmex, presentado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la extorsión alcanzó cifras récord en el primer semestre de 2025, con 5 mil 887 víctimas registradas.
Esta cifra representa un incremento del 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que convierte al 2025 en el año con el nivel más alto de extorsión desde que hay registro oficial, incluso por encima del pico observado en 2022.
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, advirtió el año pasado a los medios de comunicación, que la inseguridad ya no puede seguir siendo ignorada. “Ningún proyecto de inversión o desarrollo puede prosperar sin condiciones mínimas de seguridad y certeza jurídica”, afirmó, al subrayar que la extorsión se ha convertido en uno de los principales frenos para la actividad productiva del país.
Estados más afectados y concentración regional de la violencia
Según los datos presentados por Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de COPARMEX, las entidades con las tasas más altas de extorsión son Guanajuato, Morelos y el Estado de México. A nivel municipal, Cuautla, Salamanca y San Miguel de Allende encabezan los indicadores.
El informe también confirma una fuerte concentración regional de la violencia. Aunque el número total de homicidios en el primer semestre de 2025 fue de 13 mil 90 víctimas —una disminución del 15.8% respecto a 2024—, Colima, Sinaloa y Morelos registran las tasas más elevadas, con entre 55 y 80 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Además, 10 de los 20 municipios más violentos del país se concentran en solo cuatro estados: Guanajuato, Michoacán, Morelos y Guerrero, entidad donde se ubica Taxco y donde el cierre de las gaseras refleja cómo la extorsión no solo afecta a grandes empresas, sino que interrumpe servicios esenciales y profundiza el impacto social de la violencia.
El episodio en Taxco ilustra, en lo local, un fenómeno que a nivel nacional se expande: la extorsión como mecanismo de control criminal que paraliza economías regionales, vulnera a empresarios y comerciantes, y deja a comunidades enteras atrapadas entre la violencia y la ausencia de garantías para operar con normalidad.