Guerrero -En Acapulco, Guerrero, Socorro Cruz Guzmán lleva siete años buscando a su hijo Jonathan Guadalupe Gil. Tenía 26 años cuando fue levantado junto a un amigo, en plena zona turística del puerto, por elementos de la policía municipal —quienes nunca los presentaron ante ninguna autoridad ministerial—. Desde entonces, no hay rastro oficial de él.
“Mientras yo no vea su cuerpo, para mí seguirá vivo”, repite Socorro. Por eso no ha dejado de buscarlo en cada rincón de este destino turístico, sin importar los riesgos ni los obstáculos. La madre del joven abogado forma parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Acapulco, desde donde insiste en mantener viva la memoria de su hijo y de otros ausentes.
Este mes de diciembre, Jonathan Guadalupe Gil, egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, habría cumplido 34 años. Desde aquel 5 de diciembre de 2018, su madre no ha dejado de exigir respuestas. “Soy la piedra en el zapato de las autoridades de la fiscalía”, afirma Socorro, convencida de que su insistencia es la única forma de no permitir que el caso quede en el olvido.
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Acapulco, epicentro de la desaparición
Jonathan Guadalupe Gil no tenía antecedentes ni conflictos. Su madre insiste en ello cada vez que cuenta su historia: no tenía vicios, más allá de jugar futbol; era un joven cercano a su familia y a sus amigos, y nunca tuvo problemas con nadie. Por eso, su detención —y posterior desaparición— resultó incomprensible para Socorro Cruz y para sus hijas. Nada en la vida del joven abogado explicaba por qué había sido levantado por policías municipales.
El caso de Jonathan no es una excepción en Guerrero. El estado atraviesa una crisis sostenida de personas desaparecidas y Acapulco se ha convertido en su punto más crítico. De acuerdo con reportes de la Red Lupa, hasta mayo de 2025 el puerto acumulaba alrededor de mil 200 personas desaparecidas, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. Entre 2024 y 2025, los casos pasaron de 1,195 a 1,248, consolidando a este municipio como el que concentra más desapariciones en la entidad.
Las cifras muestran, además, un patrón persistente: la mayoría de las víctimas se encuentran en el rango de edad de 15 a 34 años, el mismo al que pertenecía Jonathan cuando desapareció. Aunque 2014 marcó un pico histórico, el fenómeno no ha cedido; tan solo en 2023 se registró un repunte significativo, con 326 nuevos casos.
Pese a la magnitud del problema, la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha dado a conocer un registro desagregado que precise cuántos hombres, mujeres y niños han desaparecido en la entidad. En medio de ese vacío institucional, Socorro Cruz Guzmán continúa buscando. Su objetivo es el mismo desde hace siete años: encontrar a su hijo Jonathan Guadalupe Gil y romper el silencio que rodea a las desapariciones en Acapulco.
“Las autoridades están coludidas”
Socorro Cruz Guzmán no titubea cuando habla de lo ocurrido con su hijo. En entrevista con La Silla Rota, afirma que la desaparición de Jonathan no podría entenderse sin la complicidad de las autoridades. Lo dice con la contundencia que dan los años de búsqueda y la ausencia de respuestas: a siete años de los hechos, no hay un solo policía municipal detenido, pese a que —sostiene— fueron siete los agentes que participaron en el levantón de su hijo y de su amigo Carlos. Días después, Carlos fue localizado sin vida, con visibles huellas de tortura.
Lejos de replegarse, Socorro convirtió el centro de Acapulco en un espacio de memoria y denuncia. Acude al corazón del puerto para colgar una gran manta con los rostros de quienes han desaparecido y de quienes, como Jonathan, siguen sin volver a casa. A simple vista, calcula alrededor de 200 personas ausentes solo en este destino turístico, una cifra que, asegura, crece con el paso de los días.
Para ella, la desaparición de su hijo evidencia la ausencia total de prevención del delito. La policía preventiva, que debía actuar como primer respondiente, fue la misma que privó ilegalmente de la libertad a Jonathan y a su amigo, después de que jugaran un partido de futbol en la cancha de la CROM, en pleno malecón de Acapulco.
En su intento por obtener justicia, Socorro buscó a la entonces alcaldesa del municipio, Adela Román Ocampo. “Fui a platicar con la edil, pero no me sirvió de mucho”, recuerda. A su juicio, la responsabilidad recaía en la Fiscalía General del Estado de Guerrero y en el fiscal regional, quienes —afirma— no solo dejaron de atender el caso, sino que desaparecieron pruebas y nunca llamaron a declarar a los policías involucrados. Desde entonces, su lucha no ha cambiado: seguir buscando a su hijo y señalar la omisión de quienes debían investigar su desaparición.
Indefensión y miedo
“Vivimos en un estado de indefensión”, dice Socorro Cruz Guzmán con la voz quebrada, mientras insiste en su exigencia de justicia. Afirma que ni siquiera la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pudo ayudarla a encontrar a su hijo, ni emitió recomendación alguna para que las autoridades responsables investigaran la desaparición forzada de Jonathan.
De la carpeta de investigación, cuenta, solo logró saber fragmentos. Según el fiscal regional, existía un testigo que señalaría de manera directa a los policías municipales involucrados, pero nunca fue presentado con el argumento de que podrían ser alertados. Para la madre, aquello fue una farsa: poco después, las pruebas desaparecieron del expediente y ningún uniformado fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Siete años después, las secuelas siguen marcando a Acapulco. Socorro asegura que el temor se instaló entre la población desde aquel 5 de diciembre de 2018, cuando dos jóvenes fueron levantados por policías municipales. Hoy, dice, cuando la gente ve una patrulla, corre o busca refugio. Es el miedo cotidiano de un puerto donde la confianza en las autoridades se rompió y donde una madre continúa buscando a su hijo, convencida de que la justicia aún les debe una respuesta.