Guerrero -Periodistas de la Zona Norte de Guerrero se manifestaron en el Palacio Municipal de Iguala para exigir al alcalde Erik Catalán la retirada de una presunta reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno, la cual —denuncian— facultaría a la autoridad municipal para sancionar a ciudadanos y reporteros que critiquen a funcionarios públicos en redes sociales.
Libertad de expresión
Reporteros, fotógrafos y comunicadores de distintos medios, señalaron que la iniciativa permitiría castigar a quienes, desde plataformas digitales, “dañen la honorabilidad” de integrantes del gobierno municipal, lo que consideran un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
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De acuerdo con los manifestantes, la propuesta contempla sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta arrestos administrativos, lo que abriría la posibilidad de que cualquier crítica, denuncia o señalamiento incómodo para la autoridad sea castigado por la policía municipal, sin que exista un juicio previo ante tribunales civiles.
Durante la protesta, Alejandro Aparicio, representante del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), afirmó a los medios de comunicación que la iniciativa es ilegal y vulnera derechos constitucionales.
“No puede ser que el Ayuntamiento pretenda ser juez y parte; ellos deciden qué es una ofensa y ellos mismos te arrestan. Esto deja en total indefensión a los ciudadanos”, señaló.
Violación a la jerarquía normativa
El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor y la difamación son materia de los juzgados civiles, y no pueden ser regulados mediante un bando administrativo municipal, ya que ello implicaría una violación a la jerarquía normativa y a los derechos humanos.
Los comunicadores también señalaron que la reforma surge en un contexto de investigaciones periodísticas que han documentado presuntas irregularidades y actos de corrupción en la administración municipal, por lo que consideran que la iniciativa busca inhibir las denuncias públicas.
Hasta el momento, el gobierno municipal de Iguala no ha informado oficialmente si la reforma será retirada o modificada, ni ha fijado una postura pública ante las demandas del gremio periodístico.