COZUMEL, Quintana Roo.- El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, cerró filas con el Ejército en el caso del militar de la Sedena, Jairo N, acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años en Cozumel. Aunque el imputado ya fue vinculado a proceso y enfrenta prisión preventiva, el funcionario subrayó en conferencia de prensa que las Fuerzas Armadas son “las más interesadas en que se haga justicia”.
“Esta agresión [es] muy lamentable que haya sucedido con una niña de 9 años, pero hay que reconocer acá la gran colaboración del Ejército mexicano, que no permitiría que una conducta reprobable quede impune”, declaró el fiscal, despertando críticas de colectivos que consideran que sus palabras minimizan la responsabilidad de la institución castrense.
Revictimización y presión social
Al menos 40 organizaciones civiles exigieron a las autoridades locales y federales que se aplique la pena máxima a Jairo N y que se garantice la protección de la familia de la víctima. Denunciaron que el proceso ha sido revictimizante y que las primeras declaraciones del alcalde de Cozumel, José Luis Chacón, responsabilizando a los padres por “descuido”, abonaron a la estigmatización.
Activistas también señalaron que los delitos imputados al militar —lesiones, privación ilegal de la libertad y abuso sexual— son insuficientes. “Este agresor cometió más delitos, incluyendo pederastia, corrupción de menores, intento de violación y tentativa de feminicidio infantil”, afirmaron en un comunicado.
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La familia de la niña aseguró haber enfrentado hostigamiento e irregularidades durante el proceso. Denunciaron que fueron presionados para firmar declaraciones falsas y que autoridades intentaron convencerlos de que reconocieran al militar como un cliente frecuente. “Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, hago responsable a la milicia, a la Fiscalía y al presidente municipal”, advirtieron los padres.
Interrogantes sobre otras niñas
El testimonio de la menor reveló que dentro de la casa del agresor había al menos tres niñas más: una de su edad y dos adolescentes que fueron presentadas como hijas del militar. Colectivas como Siempre Unidas exigieron que la Fiscalía y el DIF de Cozumel aclaren su situación y verifiquen si se encuentran a salvo. “Nos preocupa mucho el silencio de las autoridades sobre esas niñas. Su protección debería ser prioritaria”, señalaron.
El alcalde José Luis Chacón intentó matizar sus primeras declaraciones asegurando que habían sido sacadas de contexto y que desde un inicio se brindó apoyo a la familia. Sin embargo, colectivos cuestionan la falta de sensibilidad y señalan que la carga de la culpa ha recaído injustamente en los padres de la víctima, vendedores de bajos recursos.
Los hechos ocurrieron la noche del 30 de agosto, cuando la niña vendía frituras cerca del cuartel militar en Cozumel. El militar la interceptó en motocicleta, la ingresó sin impedimento a la guarnición y la llevó a su casa, donde comenzaron los abusos. Posteriormente, la trasladó a una zona de monte, donde presuntamente la agredió sexualmente, antes de abandonarla en la calle tras arrojarla del vehículo.
La indignación ciudadana se desbordó en redes sociales y cientos de personas acudieron esa misma noche al cuartel militar para confrontar a las Fuerzas Armadas. La presión social ha mantenido el caso en la agenda pública y ha forzado a las autoridades a dar avances en la investigación, aunque para las organizaciones civiles el reto apenas comienza.
Las colectivas insisten en que no se trata solo de sancionar a Jairo N, sino de revisar las condiciones de complicidad institucional que permitieron que una menor ingresara a una guarnición militar sin restricciones. También demandan que el Ejército, la Fiscalía y las autoridades municipales rindan cuentas claras a la sociedad.
Contexto: Este caso es importante porque revela una grave violación a los derechos de la niñez cometida presuntamente por un integrante del Ejército mexicano, una institución encargada de brindar seguridad y confianza a la población. La defensa pública del fiscal hacia las Fuerzas Armadas, en lugar de centrar su discurso en la protección de la víctima y la investigación integral de los delitos, ha generado indignación social y desconfianza en las autoridades. Además, la denuncia de revictimización, hostigamiento a la familia y la posible existencia de más niñas afectadas subraya la urgencia de que el caso se esclarezca con total transparencia, se garantice la protección de la menor y se sancione cualquier intento de encubrimiento.