LEY DE AMPARO

Reforma al amparo genera alarma en Baja California

Especialistas en derecho de Baja California advierten que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo podría dejar en indefensión a la ciudadanía, concentrar poder en la administración federal y afectar derechos fundamentales; no descartan recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Escrito en ESTADOS el

Baja California - Abogados de Baja California levantaron la voz para advertir sobre los riesgos que implica una reforma a la Ley de amparo tal como está planteada en este momento, por considerar que deja en indefensión a la ciudadanía ante acciones de gobierno.

Especialistas en derecho de Baja California advierten que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo podría dejar en indefensión a la ciudadanía. Foto: Cuartoscuro.

“Hay que hablar con la verdad y decir las cosas como son: ésta pretendida reforma a la ley de amparo es de carácter eminentemente político”, asentó Jorge Cristiani Ramírez, presidente del Colegio de abogados Ignacio Burgoa.

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Freno jurídico, el riesgo

El objetivo, agregó en conferencia de prensa, es que la administración federal no tenga freno jurídico en sus proyectos como le ocurrió al ex presidente Andrés Manuel López Obrador que enfrentó oposición de comunidades en obras como el Tren Maya.

Estefanía Campos García, presidenta del Colegio de Abogados María Sandoval de Zarco, confirmó que la propuesta legislativa impediría a las comunidades interponer amparos colectivos, una herramienta útil en casos de contaminación ambiental, por ejemplo. Además, agregó, la nueva ley sujetaría a los jueces a nuevos criterios para otorgar la suspensión temporal que hoy concede mientras determina si las acciones del gobierno están o no apegadas a la Constitución.

“Si por criterio del juez la suspensión daña el interés social u orden público puede no otorgarla. Esos conceptos realmente son muy amplios, difíciles de interpretar para que el ciudadano pueda tener certeza”, comentó.

Advierten que reforma atenta contra los derechos fundamentales

Los especialistas del derecho también afirman que la reforma atenta contra los derechos fundamentales en casos como la exigencia de la ciudadanía para obtener medicamentos, porque si la autoridad responde que está imposibilitada no habría forma de obligarla a cumplir su deber.

En esa línea, la presidenta de la Academia de Derecho Fiscal en Baja California, Sarah Chávez, añadió que desde 2011 el Estado mexicano está obligado a proteger principalmente los derechos humanos pero le ha resultado “muy difícil”.

“Desde 2011 hemos tenido tres gobiernos de diferentes colores y los tres gobiernos han tenido la mayor dificultad para hacer cumplir nuestros derechos y respetarlos. ¿Qué hacen ahora? Como existe mayoría, dicen: es muy difícil, no podemos. Quítale tanto poder al amparo”, apuntó.

Los especialistas consideraron que tal como está, la propuesta es una concentración más de poder y de eliminación de contrapesos que puede resultar en una legislación “abusiva y pro autoritaria”, además de contravenir tratados internacionales firmados por México.

Por esa última razón, no descartan recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si la propuesta es aprobada sin modificaciones. “Vamos por etapas. Ahorita estamos en una etapa de iniciativa en la cual nuestro trabajo es hacerle ver a la sociedad que le afecta, que nos afecta a todos y no solo a un grupo de personas como lo han manifestado algunos grupos”, respondió la abogada Estefanía Campos.

Contexto: El Senado de la República llevará a cabo este lunes y martes las audiencias públicas para discutir la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, luego de que académicos, abogados y organizaciones civiles expresaran su preocupación por los posibles efectos regresivos de la propuesta. Las audiencias buscan recoger opiniones de especialistas y de la sociedad civil sobre cómo los cambios podrían limitar el acceso de la ciudadanía a la justicia, afectar amparos colectivos y concentrar mayor poder en la administración federal, en un contexto donde la protección de derechos fundamentales es considerada un pilar del sistema jurídico mexicano.