David Alejandro, el segundo de los ejecutivos de Banca Afirme que faltaba de enfrentar la justicia por la fallida planta fotovoltaica en Mexicali, Baja California, concebida durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares.
El directivo, prófugo desde 2023, fue aprehendido en República Dominicana en julio de este año y el pasado fin de semana fue trasladado a la capital del estado para presentarse a una audiencia que se prolongó hasta este lunes por la noche.
Dado que el gobierno estatal recuperó más de 177 millones de pesos del fideicomiso formado en el contrato y otras consideraciones, la jueza resolvió que Alejandro seguirá el proceso en libertad, pero con una fianza de 2 millones de pesos y la obligación de firma mensual.
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Con la vinculación a proceso de los ejecutivos David Alejandro “N” y Nabor “N”, este último detenido este mismo año, solo falta que el ex gobernador de Baja California por Morena acuda ante el tribunal para responder a la audiencia de formulación de imputación.
Jaime Bonilla, el ausente
El hoy comisionado del Partido del Trabajo (PT), ha evitado enfrentar el proceso desde el inicio, primero argumentando su fuero como senador que terminó en septiembre del año pasado, y más recientemente por asuntos laborales y personales.
Sin embargo, esta vez la jueza Guadalupe Ramos Pacheco resolvió imponerle una multa de poco más de 5 mil 600 pesos.
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José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno de Baja California, confirmó también que la jueza apercibió a Jaime Bonilla mediante su defensa para hacerle saber que si vuelve a faltar la multa subirá a poco más de 22 mil pesos y podría ser obligado a presentarse.
“Se le señaló que se deja abierta la posibilidad de que el ministerio público, con el objeto de que pueda garantizar su comparecencia, pueda solicitar una medida más gravosa, como podría ser la orden de aprehensión o una orden de comparecencia”, mencionó.
Además de los dos ejecutivos de la banca, a la fecha hay seis ex funcionarios del gobierno de Baja California vinculados a proceso pero amparados, lo que ha permitido que el juicio en su contra no inicie.
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¿Qué pasó?
Contexto: Todo el conflicto legal inició cuando la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda canceló el contrato para construir y operar en Mexicali una planta fotovoltaica porque nunca recibió permisos federales pero comprometía más de 37 mil millones de pesos de participaciones federales al estado.
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La energía eléctrica que produciría esa planta serviría para la operación del acueducto que lleva el agua del Río Colorado desde Mexicali hasta la zona costa del estado.