Nancy Selene Hidalgo Pérez será la encargada de juzgar a los 14 presuntos responsables de la red de contrabando de combustible conocida como “Huachicol Fiscal”, entre ellos Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante en retiro y sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
La jueza de distrito especialista en el sistema de Justicia Acusatorio, giró órdenes de aprehensión en la causa penal 325/2025 y, de acuerdo con su resolución, esta organización dedicada al contrabando de combustible, “probablemente cuenta con numerosos miembros, armamento, poder económico y auxilio de diversas autoridades locales, estatales y federales que les brindan protección y seguridad”.
La jueza... ¿De hierro?
Adscrita al Centro de Justicia Penal del Altiplano, Hidalgo obtuvo más de 200 mil votos tras ser seleccionada y propuesta por los poderes Ejecutivo y Legislativo para participar en la elección del Poder Judicial. Para conseguir su ratificación, tuvo que hacer campaña en las calles y recorrer municipios de alta peligrosidad en el Estado de México como Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Coacalco.
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Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Derecho Procesal y Juicios Orales por la Universidad Tecnológica Latinoamericana, acumula 21 años de experiencia en el sistema judicial. Su carrera inició como oficial administrativo, después como secretaria de juzgado y más tarde en tribunales unitarios y colegiados, hasta lograr su posición actual como jueza federal tras concursar con más de 900 postulantes, de los cuales sólo 12 fueron seleccionados.
A diferencia de otros perfiles que llegaron a la Suprema Corte con respaldo político, Nancy Hidalgo construyó una carrera judicial desde la base. Ella misma se ha descrito como una juez que busca “priorizar el fondo sobre la forma y no caer en exigencias o excesos que generen impunidad”. Sin embargo, algunos sentenciados la señalan como una “jueza de consigna”.
Casos de alto perfil
Su nombre se hizo visible en 2019 cuando giró la primera orden de aprehensión contra el general Eduardo de León Trawitz, exsubdirector de salvaguarda estratégica de Pemex y miembro del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Trawitz, actualmente en Canadá en espera de extradición, sostiene que su caso responde a una persecución política ligada a la primera crisis de desabasto de gasolina en la administración de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, la jueza consideró suficientes las pruebas presentadas por la fiscalía para condenarlo, junto con varios colaboradores, a 31 años de prisión por su participación en el robo de más de dos mil millones de litros de combustible.
También tuvo bajo su cargo procesos derivados de la “Estafa Maestra”. En 2024 dictó sentencia condenatoria contra José Antolino Orozco Martínez, exdirector de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de Sedesol, y otros implicados. Las investigaciones señalaban desvíos superiores a cinco mil millones de pesos. Aunque varios cargos por delincuencia organizada fueron desechados, sus resoluciones marcaron precedentes en materia de corrupción administrativa.
El huachicol fiscal
Ahora, Nancy Selene Hidalgo vuelve al centro de la escena con el llamado “Huachicol Fiscal”, una red que según la FGR, operaba dentro de la propia Secretaría de Marina.
El caso estalló el 19 de marzo de 2025, cuando fue asegurado el buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, Tamaulipas. La embarcación, con bandera de Singapur, había declarado transportar aceites petrolíferos, pero en realidad ocultaba 10 millones de litros de diésel con valor de más de 200 millones de pesos. La alteración de los manifiestos aduanales permitió un contrabando técnico que evitaba el pago de impuestos.
Las investigaciones revelaron que detrás de la operación estaban Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, éste último aún prófugo. A ellos se les atribuye haber aprovechado su rango castrense y vínculos familiares para manipular procesos de descarga de combustibles en instalaciones controladas por la Armada. Además del decomiso del buque, autoridades federales aseguraron 92 contenedores de almacenamiento, 29 tractocamiones, tres camionetas pick-up, así como documentación, equipos de cómputo, armas y municiones.
Entre la justicia y la polémica
Como ocurrió en el caso Trawitz y en la Estafa Maestra, Nancy Hidalgo se enfrenta a un doble reto; conducir procesos complejos donde las pruebas técnicas y financieras son determinantes, y resistir las acusaciones de persecución política que los acusados han convertido en bandera. El coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, uno de los coacusados junto a Trawitz y preso en Almoloya desde 2019, acusa en redes sociales a Hidalgo de ser una "juez de consigna", mientras familiares de otros detenidos insisten en que los procesos han estado plagados de irregularidades.
Sin embargo, las cifras y evidencias hablan por sí mismas; pérdidas multimillonarias para Pemex, redes de protección institucional y estructuras criminales enquistadas en las fuerzas armadas. En esta nueva causa, Nancy Selene Hidalgo Pérez será quien dicte sentencia contra una red de contrabando que, según el gobierno federal, operó al amparo de la Marina.
Contexto: El contrabando de diésel hacia México, conocido como huachicol fiscal, ha crecido de manera alarmante en los últimos años. De acuerdo con un estudio elaborado por el Observatorio Ciudadano de la Energía, entre 2022 y 2024 el valor de este ilícito se disparó 53%, al pasar de 113 millones a 174 millones de dólares. La cifra no solo representa pérdidas fiscales para el Estado mexicano, sino también un riesgo de distorsión en el mercado formal de hidrocarburos.
El problema afecta directamente a importadores legales, distribuidores y consumidores, quienes enfrentan competencia desleal por parte de redes que ingresan combustible sin cumplir con las regulaciones tributarias ni de calidad. Especialistas señalan que, más allá del impacto económico, este fenómeno erosiona la confianza en las instituciones y debilita los esfuerzos de seguridad energética en el país.