El 1 de diciembre de 2019, Daniela estuvo al borde de la muerte; su pareja intentó ahorcarla. A pesar de que existían videos que probaban las agresiones y tras un largo proceso judicial, el hombre fue sentenciado a cinco años de cárcel, hoy sigue en libertad.
Deficiencias como las encontradas en el caso de Daniela, sobreviviente de feminicidio explican las razones por las que, a siete años de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres declarada para 40 municipios de Oaxaca, suman 761 mujeres privadas de la vida, de acuerdo con el monitoreo del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer).
“A las víctimas nos exigen que hablemos, que denunciemos, pero cuando llegamos a denunciar nos topamos con una realidad bastante dura: la revictimización. Te hacen hasta dudar de que el hecho haya sido verdad”, relata Daniela.
En las imágenes de las cámaras de videovigilancia que el agresor Luis Alberto Martínez Zúñiga, hijo del exedil de Ocotlán de Morelos, Luis Francisco Martínez Aquino, mandó colocar en su departamento para mantener a Daniela vigilada, se observan las agresiones y el grado de violencia. Aún así, en un inicio fueron desestimadas.
“Yo no estaba segura de ir a denuncia, porque como todas las víctimas de violencia tenía miedo. Tardé seis días en ir a denunciar. Mi madre me obligó y fue lo mejor”, explicó.
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La cadena de omisiones inició desde el momento en que Daniela puso la denuncia porque el ministerio público abrió la carpeta de investigación como violencia familiar y no como feminicidio en grado de tentativa. Esta decisión minimizó el riesgo para la víctima y redujo considerablemente la sanción que el agresor podría haber enfrentado.
Aunque las grabaciones fueron entregadas como pruebas, el ministerio público las aceptó hasta 2020. A lo largo de todo el proceso Luis Alberto Martínez Zúñiga ha gozado de libertad, presumiblemente por las relaciones de poder que guarda con funcionariado y exfuncionariado público.
Finalmente, en marzo de este 2025 Martínez Zúñiga fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de violencia familiar, pero continúa sin pisar la cárcel.
“Él jamás estuvo privado de su libertad, jamás desde que lo denuncié. Llevó todo su proceso en libertad y sólo esta sentenciado por violencia familiar con la pena mínima de cinco años”.
Puntos clave del caso de Daniela
Angelica Ayala Ortiz, integrante del GESMujer, señaló que el caso específico de Daniela tiene cuatro puntos preocupantes que de alguna manera explican la prevalencia del feminicidio. El primer elemento fue la mala categorización del delito realizado por el ministerio público por la falta de aplicación de perspectiva de género. La agresión contra Daniela quedó reducido a violencia familiar.
Por otro lado, agregó Ayala Ortiz, está la ineficiencia de las medidas cautelares, ya que cuando la sobreviviente reportaba la presencia de su agresor afuera de su casa o de su trabajo, las autoridades minimizaban el hecho porque no había de por medio una agresión física.
Un punto más de preocupación -abundó- ha sido el papel de las juezas y jueces que no dimensionaron el riesgo para la víctima. “Estamos alertando, queremos que el juez o la jueza tenga la sensibilidad para actuar con la perspectiva de género, no a favor de Daniela, sino de la justicia. No pedimos que se transgredan derecho, sino que haya justicia”.
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La libertad de la que actualmente goza el agresor de Daniela la coloca en riesgo permanente. “La impunidad se haría presente una vez más. Eso nos afecta a todas, porque la impunidad se vuelve barreras”.
Desde la declaratoria de alerta de violencia de género para 40 municipios de Oaxaca realizada por la Secretaría de Gobernación el 30 de agosto de 2018 se han registrado 761 muertes violentas de mujeres.
“Más que estadísticas, cada caso representa la pérdida de hijas, madres, hermanas, integrantes de familias que quedan lastimadas por la impunidad, las carencias institucionales y la falta de recursos para disminuir el riesgo de un feminicidio”, señaló Ayala Ortiz.
El análisis realizado por la organización feminista destaca que el 55.8 por ciento de las muertes violentas ocurrieron en municipios con alerta, mientras que el 44.2 por ciento se registraron en localidades sin este mecanismo.
“Estos datos sugieren la urgencia de realizar un análisis de los resultados de las acciones realizadas definidas por el mecanismo ¿focalizar acciones de prevención, atención y sanción a la violencia de género en 40 municipios ha logrado impactar en el derecho a la integridad, la libertad y la vida de las niñas o mujeres? De ser así, a siete años de la implementación del mecanismo causa preocupación que año con año se mantiene en la misma proporción”, señaló.
Borrado de feminicidio
Aunque las organizaciones sociales como el GESMujer y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad señalan un incremento en la cantidad de muertes violentas de mujeres en cifras oficiales hay una disminución de carpetas abiertas por feminicidios.
Una revisión a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que a lo largo de la alerta de violencia se iniciaron 227 investigaciones por feminicidio, es decir, sólo tres de cada diez muertes violentas cometidas.
Contexto: Tan sólo en 2025 suman 57 mujeres privadas de la vida en la entidad, pero sólo diez contabilizadas como feminicidio, situación que impacta en las sanciones contra los perpetradores.
Recientemente el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que en el estado hay una disminución de los feminicidios. Atribuyó las muertes violentas de mujeres a temas relacionados con el crimen organizado y actividades delictivas principalmente registrada en la zona de Istmo de Tehuantepec.
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“Efectivamente sigue habiendo muertes violentas de mujeres. Hemos detectado que es el Istmo y en Valles centrales en donde se está dando esa situación. Las dinámicas han cambiado. En el caso del Istmo tenemos que gran parte de estas muertes desafortunadamente están asociadas a delincuencia organizada o de alguna actividad en donde se ven inmiscuidas”, destacó.
Las cifras de la fiscalía indican una disminución del 50 por ciento de los feminicidios entre 2022 y 2023, lo anterior dijo, a partir de acciones contundentes y de emitir mensajes de no impunidad y justicia.