Cd. Victoria, Tam.- Alrededor del 50 por ciento de los elementos de la Guardia Estatal que han participado en enfrentamientos con la delincuencia organizada, requieren atención psicológica debido al impacto emocional que les deja la violencia. Además, entre 100 y 150 guardias no han aprobado los exámenes físicos y de salud, por lo cual han sido reubicados en tareas acordes a sus capacidades.
Evaluación y atención tras los choques armados
Willy Zúñiga Castillo, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, explicó que después de un enfrentamiento violento, los elementos reciben algunos días de descanso y son evaluados psicológicamente. En muchos casos, señaló, el impacto emocional resulta demasiado fuerte y requiere de apoyo profesional para que los uniformados recuperen su equilibrio.
Zúñiga Castillo precisó que este acompañamiento busca garantizar que los guardias estén en condiciones óptimas para continuar con sus labores. La atención no solo se limita a la parte emocional, también incluye revisiones físicas y médicas permanentes.
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Reubicación por salud y experiencia
El funcionario añadió que aquellos elementos que padecen diabetes, obesidad, hipertensión arterial u otras enfermedades crónico-degenerativas reciben atención médica, pero no son dados de baja. Por el contrario, se busca aprovechar su experiencia y reubicarlos en áreas donde puedan ser más útiles, evitando exponerlos a riesgos innecesarios.
“Hay un trabajo orientado a que los elementos de las diversas corporaciones de seguridad se encuentren en las mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, a fin de que puedan cumplir su misión de la mejor forma”, subrayó Zúñiga Castillo.
Contexto: Esta información es relevante porque revela la dimensión humana y de salud detrás de la labor policial en Tamaulipas: la exposición constante a la violencia genera secuelas emocionales y físicas en los elementos de seguridad. Atender estos problemas es fundamental no solo para preservar el bienestar de los guardias, sino también para garantizar que puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva y con condiciones dignas, lo que repercute directamente en la seguridad de la ciudadanía.