Después de casi 24 horas de permanecer detenidas, fueron liberadas las cuatro integrantes de los colectivos Morras Sororas y Mal Habladas MX, arrestadas tras realizar acciones de iconoclasia en la Fuente de San Miguel, ubicada en el zócalo capitalino de Puebla.
La detención ocurrió alrededor de las tres de la tarde del 31 de agosto de 2025, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cuando un grupo de feministas destruyó parte de la estructura del monumento, lo cubrió con grafitis y tiñó de rojo el agua de la fuente en alusión a la violencia que enfrentan las mujeres.
De acuerdo con el testimonio de las jóvenes, al momento de su arresto fueron sometidas y golpeadas por al menos 10 policías, todos hombres, lo que generó críticas inmediatas por el uso desproporcionado de la fuerza. “Me agarraron entre más de 10 policías y todos fueron hombres”, relató una de ellas al salir de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
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La detención fue realizada por elementos de la policía municipal y estatal, lo que desató una ola de indignación en distintos colectivos feministas, activistas y defensoras de derechos humanos.
Entre las voces que exigieron su liberación estuvieron Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, y Helena Monzón, abogada y activista por los derechos de las mujeres, quienes señalaron que el arresto violaba los derechos a la libertad de expresión y a la protesta.
En redes sociales circularon videos donde se observaba a las madres de las jóvenes afuera de la FGR exigiendo su liberación.
Policía señala a reportera de participar en actos vandálicos
Paralelamente, la detención también alcanzó a la prensa: una periodista que documentaba la protesta fue señalada por un policía estatal de haber participado en los actos de vandalismo.
En un video, el uniformado declaró: “Venía toda la trayectoria con ese grupo que vandalizó los monumentos de Puebla... también participó en el vandalismo y se dicen de prensa”.
La comunicadora desmintió la acusación asegurando que únicamente realizaba su labor periodística: “¿Participamos? Si sólo estamos grabando”.
Red de Periodistas expresa solidaridad con reportera
Ante esto, la Red de Periodistas Puebla expresó su solidaridad con la reportera y pidió a la Comisión de Derechos Humanos abrir una queja por la presunta intimidación ejercida por los elementos estatales.
En medio de la presión social y mediática, el Gobierno de Puebla emitió un comunicado en el que aseguró que respeta la libre protesta y la expresión de las ideas. Señaló que las mujeres detenidas no estaban bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino a disposición de la FGR.
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En su posicionamiento oficial, el Ejecutivo estatal exhortó a que las autoridades competentes garantizaran la integridad de las manifestantes y condujeran el proceso bajo un enfoque con perspectiva de género.
Finalmente, tras la presión de colectivos feministas, familiares y la prensa, las cuatro jóvenes recuperaron su libertad la tarde de este domingo.
Brinda Ayuntamiento acompañamiento legal a feministas detenidas
El Ayuntamiento de Puebla informó que, tras la protesta del 30 de agosto en el Zócalo, donde mujeres ocasionaron daños a la fuente de San Miguel, activó protocolos de seguridad y acompañamiento legal a las detenidas. Según el comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana protegió a las manifestantes ante intentos de agresión, mientras que la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género envió abogadas para brindar asesoría y verificar su estado físico y jurídico.
El Gobierno aseguró que las mujeres estaban bien, aunque asustadas, que dos de ellas recibieron medicamentos y que en todo momento se actuó bajo la ley, dejando en manos del Ministerio Público Federal la investigación.
En contraste, madres y abogadas de las detenidas denunciaron presunto abuso de poder, difundiendo videos en los que acusaron a la policía de golpear a las jóvenes dentro de una patrulla y de violar sus derechos humanos.
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