En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familias de personas desaparecidas realizaron manifestaciones pacíficas en diversos estados del país para exigir justicia, verdad y avances en las investigaciones, ante la omisión y lentitud de las autoridades ministeriales.
“No se desesperen, no se dejen de las autoridades”
“No se desesperen, no se dejen de las autoridades”, fue el mensaje de Marisela, madre de Karina Yazmín Alducín Rodríguez, durante la conmemoración en el zócalo de Puebla del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Karina Yazmín Alducín desapareció en la ciudad de Tehuacán el 21 de agosto de 2016 víctima de una red de trata de personas. El pasado 18 de agosto, a pocos días de cumplirse nueve años de su desaparición, en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla comenzó el juicio en contra de Óscar N. por el delito de desaparición cometida por particulares.
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Durante estos años, la familia enfrentó obstáculos como el extravío, por parte del Ministerio Público, de una memoria USB que contenía videos que mostraban a Karina y Óscar saliendo juntos de un bar el día de la desaparición.
“Desde que desapareció mi hija, la Fiscalía del Estado desapareció las evidencias de quién se la llevó y no me dejé. Con miedo, porque siempre vamos a tener miedo, logré hace tres años vincular a proceso al director Fiscalía en Tehuacán”, recordó Marisela.
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Tras la vinculación a proceso del funcionario del MP en 2022, al año siguiente se logró la detención de Óscar N., quien se encuentra actualmente recluido en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, mientras se lleva a cabo su juicio.
Al inicio de su intervención, Marisela mencionó que no le gustaba hablar de “compañeros nuevos, porque no debería existir este día”, en referencia al incremento en cifras de desaparición en el estado de Puebla.
De enero a julio de 2025, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió mil 65 carpetas de investigación por el delito de desaparición de personas, 69 más que en el mismo periodo de 2024.
Entre esos “nuevos compañeros”, se encuentran los familiares de Karla Alejandra Tela Flores, vista por última vez el 14 de junio de 2024 en la colonia Viveros del Valle de la ciudad de Puebla.
“Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta por parte de la Fiscalía, pero tenemos la fe en Dios de que pronto va a estar con nosotros”, dijeron los parientes de Karla, quienes agregaron que aunque han recibido apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, no han tenido respuesta por parte de las autoridades ministeriales.
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Marchas y protestas pacíficas
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, varios colectivos convocados por Voz de los Desaparecidos realizaron una misa frente a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, y de ahí marcharon rumbo al zócalo de la capital poblana llevando consigo lonas y cartulinas con los datos de los familiares a quienes buscan, en algunos casos, desde hace más de una década.
Frente al Palacio Municipal, los integrantes de los colectivos juntaron lonas y pancartas con los datos de sus desaparecidos mientras compartieron sus casos y experiencias.
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Protesta pacífica en la Fiscalía
Desde temprano, integrantes de la Red en Búsqueda de Personas Desaparecidas de Puebla llevaron a cabo una protesta pacífica frente a la sede de la FGE, donde instalaron siluetas “en memoria de las personas que aún faltan”, dice Ana Lilia, quien busca a Edwin Ariel, desaparecido el 5 de octubre de 2018 en la capital poblana.
En la rotonda que se encuentra frente a la FGE, la Red instaló hace un año unas sillas dedicadas a las víctimas de desaparición forzada, desaparición de menores y desaparición por motivos políticos e ideológicos, entre otros. Este año agregaron un buzón de paz donde cualquiera puede enviarles las pistas que tenga sobre el paradero de sus familiares.
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Una década de espera por el juicio de Paulina Camargo
Esta semana se cumplieron diez años de la desaparición de Paulina Camargo Limón, hija de María del Rocío Maldonado, quien en entrevista con La Silla Rota contó que está a punto de iniciar el juicio oral en contra de José María N. por el delito de desaparición de persona.
“Hacemos un llamado a los jueces para que nos den fecha e iniciar el juicio oral. No hemos podido llegar a este juicio por las diversas argucias legales que han utilizado los defensores entre amparos y revisiones. Llevamos más de 50 amparos; es lo que ha hecho que esto se dilate durante ocho años”, relató Rocío Maldonado, quien recordó que en 2017 se tipificó el delito de desaparición de particulares.
Tras ser aprehendido, José María confesó que había asesinado a Paulina y el bebé que esperaba, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. “No está el cuerpo, Paulina no ha sido localizada. Todas las pruebas que se tienen en contra de él señalan que fue el actor principal en la desaparición de Paulina y el bebé”, apuntó Roció Maldonado.
“En la época en que mi hija desapareció estaba la Procuraduría General del Estado y en ese entonces hubo dos situaciones donde no se integró la carpeta de la manera correcta. Son más de 18 tomos donde hay pruebas contundentes y testigos de que José María se llevó a mi hija y a mi nieto”, finalizó la madre buscadora.
“Te seguimos buscando, y siempre te llevamos en el corazón”: familias chiapanecas
Minerva apenas cursaba la secundaria cuando la desaparecieron en Tila, a dos años de haber empezado la guerrilla zapatista. Daniel Iván se aventuró a buscar un empleo en Amatenango de la Frontera, pero en 2023 ya no se supo nada de él. Genaro, por su parte, partió de Las Margaritas hacia el “sueño americano”, pero en 2019 su rastro “se perdió” en el desierto de Sonora. En todos estos registros, la autoridad ha sido omisa, desinteresada o lenta.
Éstos son algunos de los cientos o miles de casos que se ha documentado en Chiapas desde el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994, hasta la disputa entre cárteles de la droga, de mediados del año 2021 hasta la fecha.
En la entrada principal del Palacio de Gobierno, Domingo Pérez Torres toma brevemente el micrófono y recuerda que, como parte del conflicto armado que encabezó en ese entonces el subcomandante Marcos, el 20 de junio de 1996 fue desaparecida su hermana Minerva Guadalupe, quien cursaba la secundaria en su tierra natal, Tila; “tenemos coraje y rabia, sed de justicia”, externa.
Luego, otro hombre recuerda que, en 1994, pensó que el zapatismo se trataba de una lucha justa, sin embargo, dos años después su familia y él mismo fueron víctimas de una incisiva persecución como miembros de la Iglesia católica por parte de una agrupación de corte paramilitar Paz y Justicia de Tila.
Para él, no hay duda de que el mismo gobierno, sobre todo el Ejército, formó esa organización para hostigarlos, desaparecerlos y matarlos. “Hay expedientes, carpetas de investigación, pero no se ha avanzado nada”, dice sin titubear.
Asimismo, revela que lo único que ha exigido desde entonces es la presentación de su hermano Juan Ramírez Torres, cuyo paradero aún es incierto; “no me da pena decirlo, soy un sobreviviente de ese grupo Paz y Justicia”.
Ni sus polvos…
Elizabeth Jiménez Pérez está sentada debajo de una carpa mientras escucha a otras personas que, como ella, no han dejado de buscar a sus seres queridos. En la parte frontal de su playera, se dibuja la ficha de alerta de su hijo Daniel Iván Ruiz Jiménez, quien tenía 19 años de edad cuando, en su anhelo por un empleo, desapareció en uno de los municipios que, hasta la actualidad, es considerado un “foco rojo” por la presencia del crimen organizado y sus daños directos y colaterales, Frontera Comalapa: desapariciones, muertes, cobros de piso, entre otros.
Su intención, dice, era llegar salir de su municipio, Ocosingo hacia Amatenango de la Frontera, pero ya no lo logró. Cuenta que, a partir de ese momento, comenzó el “calvario” porque la autoridad de su misma localidad no le quiso recibir la denuncia, por lo que tuvo que moverse a Comitán.
Para Elizabeth, fue importante el acompañamiento que le brindó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), pues su querella la presentó en Tuxtla Gutiérrez, donde por fin se la recibieron.
“A él le gustaba mucho ser chofer, era muy trabajador, desde jovencito, pero como no tenía empleo, un amigo de Ocosingo le ofreció una chamba en Amatenango, pero ninguno de los dos regresó”, lamenta.
A pesar de que desde esa fecha no ha recibido llamadas telefónicas ni amenazas, externa que es difícil no sentir dolor, y más cuando se reúnen con su otro hijo para comer. Lo que más le cala ?acepta? es que hasta la fecha no ha sabido nada de Daniel, cuyo sueño era ser médico veterinario.
“Solo quiero encontrar a mi hijo, ya sea vivo o muerto. Y si ya no está, llorarle, y si está, darle gracias a Dios; como madre, presiento que está con vida, lo he soñado, y presiento que, incluso, lo reclutó el crimen organizado”.
Números que alertan y preocupan
Los denunciantes son acompañados en este mitin, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, por el Grupo de Trabajo contra la desaparición de Chiapas, conformado por familias de víctimas, organizaciones como el “Frayba”, Melel Xojobal, Junax Ko’tantik, mismas que están convencidas de que las cifras oficiales de desaparecidos distan mucho de la realidad.
Hasta junio de este año, la cifra histórica de desaparecidos en la entidad chiapaneca, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documenta alrededor de 8,600; en la actualidad, la cifra es de 1,547.
Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas en Chiapas revela que, a partir de 2022, la cifra de personas desaparecidas y no localizadas alcanzaba las 900.
De nueva cuenta, el mismo Grupo de Trabajo detalla que Tuxtla ha encabezado la lista de desaparecidos, pues registra 1 de cada 4 eventos de ese tipo a nivel estatal; le siguen Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Berriozábal, Palenque, Tuxtla Chico y Ocosingo.
El infierno: un comando se los llevó
Verónica Evangelina Guillén Trujillo también ha vivido un infierno desde que sus hijos Carlos Alfredo y Karina del Carmen Ruiz Guillén fueron levantados por un comando el 16 de abril de 2019 en Tamaulipas.
Según su relato, todos son originarios de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, pero desde hace 18 años radicaba, junto a su hija y nieta, en Nuevo Laredo; el día que los desaparecieron, recuerda, su hijo Carlos solo llegó de visita a esa localidad.
Con el dolor a cuestas, la mujer acudió al Ministerio Público de Tamaulipas, donde le “recomiendan” que no haga nada, y que mejor se retire. Además, la misma gente del crimen organizado dejó a su nieta en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instancia con la que vivió otro “viacrucis” porque no se la querían entregar, pese a que tenía los documentos que comprobaban que era la abuela.
“Nos regresamos a Chiapas, no ha habido nada de avances, y la Fiscalía nos remite la denuncia a Tamaulipas, a donde no podemos viajar porque está muy lejos; no tenemos pistas, es muy complicado”.
Tiene fe en que el actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, la pueda ayudar, debido a que han transcurrido seis años y no sabe nada de sus seres amados.
Los más olvidados
Para Griselda Pineda, integrante de la organización Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, es necesario que la sociedad se sensibilice sobre esta problemática.
Aclara que, en su caso, acompañan a personas migrantes nacionales desaparecidas en contexto de movilidad humana, “pero tenemos que aceptar que no está reconocido este tipo de desaparición”.
A pesar de que Chiapas se caracteriza por ser una entidad expulsora de gentes que se van a trabajar a otras entidades o incluso a Estados Unidos, lamenta que el Estado no las quiera tomar en cuenta y, con ello, no se tenga un conteo de cuántos chiapanecos han migrado al Norte del país o a EU.
Solo su organización, agrega, ha documentado 189 casos de ese tipo, desde el 2009 a la fecha; “algunos han sido localizados, otros fueron hallados sin vida…”
De acuerdo con Voces Mesoamericanas, con la implementación, desde el 2011, del Banco de Datos Forenses Chiapas (especial para migrantes), han localizado a 26 personas, sin vida, de los 110 casos que concentran solo ahí.
“Todos los casos tienen denuncias, reporte de búsqueda, pero la Fiscalía nunca buscó, y por ende nunca los encontraron”, evidencia Griselda Pineda.
A Genaro “se lo tragó” el desierto
Un claro ejemplo de todo lo anterior lo ha sufrido Délsica Hernández López, cuyo padre Genaro Hernández García salió de Las Margaritas, el 15 de junio de 2021, con dirección hacia los Estados Unidos, donde esperaba obtener un buen empleo y conseguir más dinero para su familia.
Sin embargo, el rastro de Genaro se perdió en el desierto de Antar, Sonora, “mi papá ya había estado en EU como 14 años, trabajaba en una fábrica de frijoles, se regresó, pero como acá vio que era poco el dinero, decidió volver”.
Al hombre, que hoy tuviera 75 años de edad, le ganó la desesperación, y solo se marchó con su pasaporte. Ahora, ella y su hermana y otros dos hermanos viven un infierno, pues no saben nada de él.
“Nos mandaron un mensaje, donde nos decían que él desobedeció la orden (instrucción), y en vez de tomar a mano derecha, se fue por la izquierda (en el desierto), y que se encontrarían en el Cerro del Elefante, pero no creemos esa versión”, duda.
En la actualidad, la falta de recursos le ha impedido moverse más, como lo hacía antes, incluso hasta con el Consulado de EU, pero tampoco rindió frutos. “Creo que igual y sí murió en el desierto”, advierte.
Pero el panorama de incertidumbre aún se vive en Chiapas, pese a que la seguridad se ha redoblado en casi toda la entidad; de acuerdo con la colectiva Madres en Resistencia, sólo en Berriozábal, en un lapso de tres semanas correspondientes a este mes, desaparecieron 12 personas, tres de ellas mujeres.
Cartas al Cielo de madres buscadores
Durante esta tarde, en el Memorial de Personas Desaparecidas ”Memoria Viva”, ubicado en el Parque Borunda, decenas de madres buscadoras juarenses realizaron el evento ”Cartas al Cielo”, con el que recordaron a sus familiares desaparecidos.
Como cada año, los colectivos Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, así como el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) realizaron un evento en conmemoración por el Día Internacional contra la Desaparición Forzada.
Sin embargo, en esta ocasión, además de la exigencia de justicia y de una búsqueda eficiente a las autoridades, decidieron manifestar todo el cariño que sienten hacia sus seres queridos.
Por lo anterior, realizaron emotivas cartas en las que manifestaron todo el cariño que tienen hacia aquellas personas que aún tienen la esperanza de ver de vuelta.
Además, con rosas blancas, hicieron un acto en el que, en señal de acompañamiento de su dolor, los familiares expresaron el cariño y comprensión para quienes se han convertido en sus compañeros en el dolor de no saber donde está un ser querido.
En su posicionamiento, las madres buscadoras enfatizaron su rechazo a la creación de una nueva fiscalía especializada en la búsqueda de personas, lo anterior, debido a que acusaron que no se toma en cuenta la opinión de las familias.
“Sin las familias, nada”, expresaron.
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Con información de corresponsales de La Silla Rota: Christian González, Francisco Herrera y José Estrada.
VGB