ACAPULCO, Gro.– La violencia generada por el crimen organizado en Guerrero ha alcanzado de manera directa a funcionarios del Poder Judicial. Algunos han sido asesinados y otros quedaron incapacitados tras sufrir ataques armados. La agresión más reciente fue contra la juez de control y ejecución penal, Iris Peralta Salvador, quien sobrevivió a un atentado en Acapulco.
Con este caso, ya suman tres atentados contra funcionarios judiciales entre 2024 y 2025. Dos trabajadores del Poder Judicial fueron asesinados y uno más quedó herido de gravedad. Aunque las autoridades no han confirmado el móvil, los hechos reflejan la vulnerabilidad de los servidores públicos que imparten justicia en la entidad.
Historia de reclamos contra Iris Peralta Salvador
En 2022, la juez Peralta Salvador fue señalada por el entonces subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, de retrasar órdenes de cateo en San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente.
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De acuerdo con Mejía Berdeja, esa supuesta dilación habría permitido a líderes criminales eliminar evidencias antes de la ejecución de al menos 20 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza y varios policías municipales.
El señalamiento nunca derivó en consecuencias legales, pero sí dañó la trayectoria de Peralta Salvador, quien había trabajado como secretaria de acuerdos, proyectista, juez de control y actualmente jueza de ejecución penal.
En 2023, trabajadores de los juzgados de Las Cruces, en Acapulco, realizaron una protesta contra ella, acusándola de presunto acoso laboral y cerrando oficinas por dos horas. Estos episodios marcaron su carrera antes de que sufriera el atentado en el fraccionamiento Costa Azul.
El asesinato del magistrado Román Pinzón
Otro caso es el del magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Edmundo Román Pinzón, quien fue asesinado a balazos afuera del Palacio de Justicia en el fraccionamiento Las Playas de Acapulco.
Román Pinzón fue presidente del TSJ de 2005 a 2011, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca. En su trayectoria le tocó atender casos de alto impacto, como el homicidio del secretario de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, asesinado en Chilpancingo en 2009.
El magistrado también representó al Poder Judicial en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y participó en casos de presos políticos vinculados con la masacre de Aguas Blancas y la oposición a la presa La Parota.
En 2015, como integrante de la Segunda Sala Penal, presentó el proyecto que permitió la libertad de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop). Años más tarde, en abril de 2024, Suástegui fue asesinado por sicarios en Acapulco.
El homicidio de Román Pinzón generó conmoción en el ámbito judicial. Autoridades identificaron a dos agresores y detuvieron a dos de los tres implicados, aunque nunca se reveló el móvil del ataque.
El caso sin resolver de Antonio Sebastián Orduño
El tercer funcionario víctima de la violencia fue Antonio Sebastián Orduño, director general de Administración y Finanzas del Poder Judicial, quien sufrió un ataque armado en el que murió su secretaria.
A diferencia de los otros casos, en este atentado no hubo detenidos ni avances judiciales. Pasados los años, la Fiscalía General del Estado no presentó a ningún sospechoso, a pesar de que se trató de un homicidio calificado contra una trabajadora del Poder Judicial.
La serie de ataques evidencia el nivel de riesgo que enfrentan los funcionarios judiciales en Guerrero, donde la violencia del crimen organizado ha rebasado incluso las estructuras encargadas de impartir justicia.
Contexto: Este tema es crucial porque muestra la vulnerabilidad de los funcionarios encargados de impartir justicia en Guerrero frente al crimen organizado. Los atentados contra jueces y magistrados no solo representan un riesgo para sus vidas, sino que también generan un clima de intimidación que pone en jaque la independencia judicial, el acceso a la justicia y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.