Puebla, Puebla. – Fernando Juárez Morales informó que ha recibido presuntas amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, luego de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla contra 13 agentes ministeriales que, a su parecer, actuaron de manera omisa durante su caso en 2013, cuando fue detenido injustamente y señalado como presunto líder delincuencial.
El caso de Juárez Morales se volvió mediático a nivel nacional después de que, el 8 de mayo de 2025, el Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), difundiera el documental: "Crónicas desde la libertad", sobre cómo logró acreditar su inocencia. Según se detalla en el documental, la evidencia legal que permitió su exoneración fue proporcionada por el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, un departamento de la SCJN.
A pesar de que su historia alcanzó repercusión nacional, el proceso legal en su contra y las denuncias que él ha presentado siguen sin avances concretos. Juárez Morales sostiene que, a pesar de que un juez de control ordenó continuar con las investigaciones, los responsables no han actuado, y algunos agentes del ministerio público habrían encubierto a sus compañeros implicados en su detención injusta.
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Acusaciones contra funcionarios y falta de acción
Fernando Juárez Morales ha identificado a 13 agentes ministeriales como responsables de irregularidades en su caso. Entre ellos se encuentran: Adelaida Flores Tlecuitl, María Amdeleli Salomé Chacón, Marcia Lizeth Arroyo Soriano, Cristian Jovani Cruz Méndez, María Guadalupe Sánchez Olivárez, Irving Emmanuel Villavicencio Camas, Susana A. Osorio Acosta, Juan Carlos López Xicoténcatl, Íngrid Janett Limón Condado, Manuel Santa María Sánchez, María Nayeli Rodríguez Sánchez, Perla María Vázquez Santa María y Yesica Yohana Gómez López.
El documento enviado a la Fiscalía de Puebla el 18 de agosto de 2025, especifica que Juárez Morales ha sido objeto de amenazas de muerte y actos de intimidación, incluidas revisiones arbitrarias, con la intención de que desistiera de las denuncias ya presentadas. “Como se puede acreditar en los controles judiciales previos: NIC662/2024/CJP/PUEBLA, de fecha 30 de septiembre del 2024, por el juez de control de la región judicial centro Puebla, abogado Aarón Hernández Chino”, se lee en el documento.
El afectado explicó que, pese a haber dado vista a la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, no ha recibido respuesta. “Que la fiscal general realmente intervenga y fije su postura ante las denuncias que siempre han existido, pues como sabré, siempre aduce en sus entrevistas que no puede hacer nada porque no existen denuncias. Pero cuando existen, no dice nada”, afirmó.
Sin apoyo institucional
Juárez Morales también señaló que ha buscado apoyo del gobernador, quien lo remitió nuevamente con la fiscal general sin obtener una audiencia ni respuesta. La sensación de impunidad que persiste, asegura, refleja fallas graves en la supervisión de los actos de los agentes y en la atención a víctimas de detenciones injustas.
El hombre reiteró que su única solicitud es justicia y el reconocimiento de los errores cometidos en su contra.
“El Estado no puede regresarme los nueve años que pasé en la cárcel, ni recuperar a mi familia que perdió durante mi encarcelamiento, ni el dinero que en su momento me fue sustraído por autoridades policiales. Sin embargo, sí puede ofrecer disculpas, reconocer su error y cumplir con todo lo que la ley considere necesario”, subrayó.
A través de su denuncia, Juárez Morales busca visibilizar lo que considera un patrón de impunidad dentro de la Fiscalía de Puebla y el encubrimiento de irregularidades por parte de algunos funcionarios. Afirma que estas acciones no solo afectan su vida, sino que envían un mensaje de intimidación a otros ciudadanos que buscan justicia.
Juárez Morales confía en que la atención pública de su caso, reforzada por la difusión del documental de la SCJN, contribuya a que la fiscalía actúe de manera imparcial y efectiva, y que se detengan las intimidaciones en su contra. “No busco venganza; busco que se reconozca la verdad y se haga justicia de manera concreta”, concluyó.
Contexto: Esta información evidencia cómo la impunidad y la negligencia en el sistema de justicia pueden prolongar el sufrimiento de personas que han sido injustamente acusadas y encarceladas, mostrando además cómo incluso después de acreditar su inocencia, los afectados pueden enfrentar amenazas, intimidación y encubrimiento por parte de funcionarios, lo que refleja fallas estructurales en la protección de derechos humanos, la rendición de cuentas de las autoridades y la necesidad de transparencia y justicia efectiva para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.