Una resolución judicial dictada el 28 de julio confirmó un fallo contra el diario Tribuna de Campeche en el que se le ordena entregar nombre y datos del responsable de las redes sociales del medio para someter sus publicaciones a la medida cautelar de censura judicial antes de que sean difundidas.
La decisión de la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, titular del Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche, se da luego de que declaró improcedente el recurso de revocación presentado por el medio de comunicación.
Sobre la figura de censor judicial, se trata de una medida cautelar sin precedentes, que fue dictada el pasado 15 de julio por Ana Maribel de Atocha Huitz May, jueza de control interina del sistema penal oral y acusatorio de Campeche, contra el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna, así como contra el medio, dentro del proceso por la denuncia penal presentada por la gobernadora Layda Sansores contra el comunicador y el medio por presunta incitación al odio en su agravio.
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De acuerdo con el fallo, los interventores serían designados por el Tribunal Superior de Justicia estatal para revisar que en las publicaciones del periodista y el medio no se refieran la gobernadora morenista.
La mandataria además había logrado antes un fallo a su favor por una denuncia que interpuso contra Tribuna en enero de 2025 ante la Fiscalía General del Estado de Campeche por "calumnias, difamación, delitos de odio y lo que resulte". Los cargos específicos que llevaron a la vinculación a proceso son "discurso de odio" e "incitación al odio y a la violencia".
La secretaria estatal de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, también secundó la querella con los mismos cargos. Además, Walther Patrón Bacab, vocero del Gobierno del Estado y director estatal de Comunicación Social, demandó a Tribuna y a González Valdez por daño moral, alegando que el periódico publicó información que afectó su honor, como acusaciones de ser prestanombres del sobrino de la gobernadora, Gerardo Sánchez Sansores, y de recibir contratos durante la administración de Sansores como alcaldesa de Álvaro Obregón.
Como resultado, la versión digital del medio cerró el pasado 13 de junio de 2025 por orden judicial, y una jueza ordenó vincular a proceso a González Valdez, pagar una indemnización de 2 millones de pesos y dejar de ejercer el periodismo durante dos años, resolución que fue suspendida por un tribunal colegiado al resolver un recurso de queja presentada por el comunicador luego de que le fue negado un amparo.
La Alianza de Medios Mx criticó una resolución judicial en Campeche, en la que la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May ordenó que el medio Tribuna y su exdirector, Jorge Luis González Valdez, sean supervisados por un interventor designado por el Tribunal Superior del Estado.
Estas restricciones, recuerda la Alianza de Medios Mx, se dan apenas días después de que un tribunal federal declarara inconstitucionales medidas similares emitidas el 9 de julio, que habían prohibido a González Valdez ejercer el periodismo y obligaban al cierre de la plataforma digital del medio. La organización denuncia que la nueva orden reproduce los mismos patrones de censura previa, que contravienen estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
Medidas impuestas contra periodista y Tribuna, censura previa: Artículo 19
Ante las acciones de la gobernadora y de funcionarios de Campeche, la organización como Artículo 19 expresó su preocupación por los procesos judiciales y medidas cautelares impuestas contra González Valdez y Tribuna Campeche, promovidos, al considerar que constituyen censura previa, prohibida por la Constitución mexicana y tratados internacionales.
La organización denunció que estas medidas no son parte de un proceso legal legítimo, sino de una estrategia de persecución y acoso judicial diseñada para silenciar la crítica. Señaló además que el entorno de estigmatización ha sido promovido por la propia gobernadora Layda Sansores desde su programa oficial, donde se desacredita a periodistas y se anuncian medidas legales sin debido proceso.
Cabe señalar que la orden de la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez para entregar los datos del encargado de redes sociales de Tribuna para que el censor judicial revise sus publicaciones se dio a unos días de que la gobernadora Sansores ofrezca su informe de gobierno, que deberá presentar el 1 de agosto.
¿Por qué este tema es importante?
Contexto: en la edición 2024 del Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en colaboración con expertos y académicos, México obtuvo 43.50 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “restricción” para la libertad de expresión y prensa.
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En el índice, la SIP considera que México presenta un panorama preocupante para la libertad de prensa, marcado por violencia, acoso judicial, desinformación institucional y cooptación de medios mediante publicidad oficial. Aunque el país evitó el paso a la categoría de “alta restricción”, la organización señaló que se mantiene muy cercano a ese nivel, lo que sugiere un deterioro sistemático del clima para el periodismo independiente.