MORELOS.- Entre 2023 y 2025, al menos seis periodistas en Morelos han enfrentado procesos judiciales relacionados con su labor informativa, siendo el caso más reciente el del comunicador Francisco Cedeño.
Francisco Cedeño Guerrero, enfrenta una denuncia por violencia política de género presentada ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) por Anitta Sánchez Guerra, regidora de Cuautla y miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hermana de la senadora Juanita Guerra Mena.
En entrevista, Cedeño negó haber cometido actos de violencia de género y afirmó que la regidora utiliza su posición política para frenar las críticas en su contra. Explicó que la denuncia se basa en una transmisión en vivo que realizó afuera del salón de cabildo, antes de una sesión, donde la regidora lo confrontó y lo acusó de desinformar, sin que él respondiera con expresiones ofensivas. Todo quedó grabado, dijo.
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Desde ese incidente en junio, la regidora ha intentado vincularlo con actos delictivos sin pruebas, acusándolo de ser “aviador” en Yautepec y de imponer a un tesorero en Cuautla, lo cual Cedeño negó, señalando que los comunicadores no designan funcionarios públicos.
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Actualmente, Francisco Cedeño administra una página informativa en redes sociales y conduce un programa noticioso en la emisora 91.1 FM, donde ha documentado sesiones de cabildo, protestas, hechos violentos y actos públicos.
El periodista añadió que no es la primera vez que miembros de esa familia recurren a acciones legales contra comunicadores. Recordó que Juanita Guerra, antes de ser senadora, denunció a otros periodistas, quienes fueron sancionados económicamente por resoluciones del Tribunal Electoral.
Finalmente, Cedeño aclaró que su trabajo se limita a criticar el desempeño de funcionarios públicos, sin atacar temas personales. “Hago crítica a la función pública, no me meto en la vida privada”.
Uso del sistema judicial para silenciar a periodistas
Francisco Cedeño también recordó un incidente durante un desfile cívico, cuando un escolta de la regidora, miembro de la Guardia Nacional, empujó a un menor de edad. Al confrontar al elemento, la regidora reaccionó acusando amenazas contra su persona, exagerando la situación con gritos de que intentaban matarla.
Sobre el proceso legal actual, Cedeño explicó que fue notificado con menos de 24 horas de anticipación para comparecer ante el Impepac y que está preparando su defensa con asesoría legal. Cuestionó además la competencia del instituto para sancionar a particulares, ya que, dijo, el Impepac está diseñado para sancionar a servidores públicos, no a comunicadores. Considera que la denuncia por violencia de género se está utilizando como una herramienta de presión política.
Aunque desconocía el monto de la posible sanción económica, versiones extraoficiales señalan que podría buscarse una multa como medida resarcitoria. Se espera que Cedeño comparezca este viernes 9 de agosto para presentar su defensa formal.
El periodista independiente Carlos Quintero alertó sobre una tendencia preocupante a nivel global: el uso del sistema judicial para callar voces críticas. Explicó que, mientras antes se recurría a la difamación penal, ahora en Morelos se está usando el delito de violencia política por razón de género para frenar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
De acuerdo con Quintero, las demandas en la entidad han sido promovidas principalmente por funcionarias y funcionarios públicos, en su mayoría diputadas y diputados locales, así como presidentas y presidentes municipales e incluso personas titulares de gobiernos estatales. Las acciones legales han derivado en exigencias de disculpas públicas y sanciones económicas.
El caso más reciente es el del periodista Francisco Cedeño, de la zona oriente, quien fue demandado por la regidora de Cuautla, Ana Guerra, hermana de la senadora Juana Guerra. El proceso concluyó con una resolución que lo obliga a emitir una disculpa pública, pagar una multa y abstenerse de mencionar a la regidora, lo que el gremio considera un acto de censura.
Contexto: Esta noticia es importante porque expone cómo se pueden usar mecanismos legales, como denuncias por violencia política de género, para restringir la libertad de expresión y silenciar a periodistas críticos, lo que representa una amenaza directa a la democracia y al derecho de la sociedad a estar informada. Además, revela la creciente preocupación dentro del gremio periodístico sobre la instrumentalización del sistema judicial para intimidar a comunicadores, lo que pone en riesgo el ejercicio independiente del periodismo y limita el escrutinio público sobre el desempeño de los funcionarios.