TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- Integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), dependiente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), fueron captados en el momento en que “tablean”, al estilo de los “narcos”, a un presunto delincuente en un espacio de estacionamiento en el municipio de Chilón, en la región Norte-Selva de Chiapas.
En un video de poco más de 50 segundos que circula en redes sociales, se percibe cómo uno de los elementos policiacos sostiene una tabla gruesa y golpea al muchacho que aparece esposado y con pantalón deportivo, cuya identidad aún no ha sido revelada, mientras otros uniformados sólo observan.
Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), como presuntos responsables de "los lamentables hechos de abuso de autoridad".
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Aunque se había informado que la tortura se registró en el municipio de Yajalón, cercano a Chilón, fuentes consultadas por La Silla Rota confirmaron que se trata de este último lugar donde ocurrió esta situación.
En redes sociales como Facebook, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar: “Así atraparan a los narcos, pero ¡pura madre!”; “Trabajan para un cártel (en referencia a los policías)”.
También hubo quienes defendieron la “labor” de las autoridades, con comentarios como el siguiente: “Como siempre, periodistas tratan de exhibir a los que hacen su trabajo. No fuera un político corrupto que hasta lo defienden a base de puro billete”, o el de: “No podemos juzgar porque no sabemos qué hizo e se chavo, posiblemente es delincuente; por de una vez, se compone o se descompone”.
Tras las reacciones de molestia por parte de la ciudadanía, la SSP comunicó que ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho. Mientras tanto, apuntó en un breve comunicado, el elemento que “tablea” al presunto malhechor será separado de su cargo hasta que todo se resuelva conforme a la ley.
Hasta este momento, la SSP no ha dado a conocer por qué fue detenida la víctima; se espera que lo haga en las siguientes horas o días.
Génesis y crecimiento de los “Pakales” en Chiapas
Los “pakales” son un grupo de élite en materia de seguridad que surgió junto con la llegada al gobierno de Chiapas del Ejecutivo morenista Eduardo Ramírez Aguilar. Su principal misión ha sido combatir a los cárteles de la droga, que durante los últimos años, especialmente bajo la administración de Rutilio Escandón Cadenas, generaron un clima de terror en la entidad con enfrentamientos armados, cobros de piso, ejecuciones y “levantones”.
Esta agrupación, conocida formalmente como la Fuerza Regional Interinstitucional Policial (FRIP), se presentó oficialmente el 8 de diciembre con al menos 500 elementos altamente capacitados para enfrentar situaciones complejas con grupos armados. Actualmente, según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Óscar Aparicio Avendaño, cuenta con cerca de 700 integrantes.
En cuanto al presupuesto para seguridad, durante el gobierno de Escandón se manejaron cerca de 3 mil millones de pesos. Para 2025, este monto aumentó en mil millones adicionales, alcanzando más de 4 mil millones, recursos que provinieron de recortes a otras dependencias.
La SSP ha informado sobre la inversión en la FRIP, destacando la adquisición de equipo de alta tecnología para combatir a los criminales. Entre estas adquisiciones destaca un helicóptero táctico militar “Black Hawk”, cuyo costo supera los 100 millones de pesos.
En Chiapas, la lucha por el control territorial está marcada por la disputa entre varios cárteles, principalmente el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este último creó un brazo conocido como “MAIZ”, que opera principalmente en municipios fronterizos y de la sierra como Comalapa, Chicomuselo y Motozintla.
Contexto: Esta información es importante porque revela prácticas de abuso y violación a los derechos humanos cometidas por un grupo élite de seguridad en Chiapas, lo que pone en entredicho la legitimidad y el profesionalismo de las fuerzas encargadas de combatir al crimen organizado. Además, evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y transparente en el actuar policial para garantizar justicia sin recurrir a métodos ilegales o violentos, y refleja la complejidad de la lucha contra los cárteles en una región con alta incidencia criminal