Tuxtla Gutiérrez.- La actual administración de Chiapas, encabezada por el gobernador morenista Eduardo Ramírez Aguilar desde el 8 de diciembre pasado, se enfrenta desde el inicio de su gestión a un adeudo de 18,860 millones de pesos, una cifra heredada de administraciones anteriores.
Esta carga financiera se acumuló a lo largo de los gobiernos de Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco Coello, y el más reciente, el de Rutilio Escandón Cadenas, quien también pertenecía al partido Morena.
En conferencia de prensa, Manuel Pariente Gavito, titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno chiapaneco, ofreció detalles sobre la composición de la deuda estatal. Aclaró que se trata de dos contratos principales: uno bursátil y otro bancario, el primero por 6,592 mdp y el segundo por 12,268 mdp.
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El secretario de Finanzas detalló que, al corte del 1 de julio, la deuda total había aumentado a 18,740 millones de pesos. Específicamente, la deuda bancaria mostró una ligera reducción, situándose en 12 mil 031 mdp; sin embargo, la deuda bursátil ha continuado creciendo, alcanzando los 6 mil 709 mdp, debido a las “condiciones tan desfavorables” en las que fue pactada en el año 2007.
Alistan estrategias para reestructurar los adeudos
La encomienda del actual gobernador, recordó Pariente Gavito, es que no se adquirirá un centavo más de deuda. Para sopesar esta situación, explicó que el estado cuenta con tres reservas, cada una de 150 mdp, las cuales implican una afectación del Fondo Federal de Participaciones del 24.38%.
En un movimiento estratégico, el secretario de Finanzas anunció que se liberarán dos de estas reservas. Esta acción generará beneficios significativos para Chiapas: se proyecta un ahorro de 2,624 mdp por pago de capitales, y al sumarle la liberación de las reservas, el beneficio total ascenderá a casi 3,000 mdp. Además, con miras a la próxima administración, se prevé dejar 1,057 mdp “en caja” para el siguiente gobierno.
Respecto a la deuda bursátil, el funcionario reconoció que representa un “serio problema para la salud financiera” del estado. Sin embargo, enfatizó que una reestructura de esta deuda permitirá corregir las condiciones desfavorables en las que fue pactada y ofrecerá otros beneficios importantes para las finanzas de la entidad.
La situación se torna aún más compleja al considerar las proyecciones de pago. Manuel Pariente Gavito, enfatizó que entre enero de 2026 y 2037, Chiapas se vería obligado a pagar un estimado de casi 11,500 millones de pesos (mdp) adicionales a lo que ya se ha liquidado desde 2007. Para él, esta perspectiva es “algo criminal y no lo vamos a permitir”, argumentando que la deuda “se ha pagado más de tres veces” debido a las desfavorables condiciones de su contratación original, que no fue en pesos mexicanos.
El titular de finanzas detalló estrategias adicionales para reestructurar estos adeudos, incluyendo la utilización de fondos de reserva y otras medidas para generar más recursos. Anticipó que para febrero del próximo año, las arcas estatales recibirán alrededor de 1,099 mdp. Subrayó la particularidad de la deuda bursátil, mencionando que, a diferencia de los créditos habituales con sanciones por pago anticipado en los primeros años, esta se contrató “para toda la vida, o sea hasta el 2037. ¡Increíble!”.
No precederán contra gobiernos que adquirieron la deuda
Pese a este sombrío panorama financiero, el funcionario fue claro al declarar que la actual administración no procederá legalmente contra sexenios anteriores, como el de Juan Sabines, señalado como uno de los que más endeudó al estado. “El tiempo es muy cortito y no lo quiero perder viendo para atrás, ya es cosa de ellos”, afirmó, haciendo referencia a los gobernantes previos y destacando que la deuda ya tiene 18 años de antigüedad.
¿Por qué esta nota es importante?
Contexto: este tema es crucial para Chiapas porque expone la persistente carga financiera que ahoga al estado, una deuda millonaria que ha pasado de una administración a otra. La transparencia sobre el monto y origen de estos 18 mil 860 millones de pesos es vital para que la ciudadanía comprenda la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno actual y el impacto directo en los servicios públicos y el desarrollo de la entidad.
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La decisión del gobernador de no proceder legalmente contra las administraciones pasadas, a pesar de la deuda “criminal”, genera una importante reflexión sobre la rendición de cuentas y la impunidad en la gestión pública.