Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Durante el sexenio de Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y actual cónsul de México en Miami, la organización criminal conocida como "La Barredora" operó con libertad en el norte y oriente del estado, según denuncias recientes y reportes filtrados por fuentes de inteligencia. La expansión de este grupo, originado en Tabasco y vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado inquietudes sobre la presunta complicidad del exmandatario morenista con estructuras del crimen organizado.
De acuerdo con documentos filtrados por el colectivo de hacktivistas Guacamaya Leaks, La Barredora expandió sus operaciones hacia Chiapas entre 2019 y 2021, periodo que coincide con el arranque del gobierno de Escandón. Las revelaciones, retomadas por el periodista José Luis Montenegro, muestran que las redes del grupo incluían exmilitares, mandos locales y operadores logísticos que mantenían vínculos con estructuras estatales.
Uno de los informes más reveladores fue el elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), titulado Diagnóstico delictivo regional, en el que se documenta cómo Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo o El Comandante H, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto operador del CJNG, autorizó a su lugarteniente Benjamín Mollinedo Montiel, alias El Pantera, a tomar el control de zonas clave en Tabasco y su frontera con Chiapas, particularmente en municipios como Huimanguillo y Cárdenas.
Te podría interesar
El informe señala que Felipe, hermano de El Pantera, contrató a exmilitares y operativos con el objetivo de consolidar el dominio territorial del grupo. La nómina, según estos documentos, incluía pagos de 3 mil pesos por semana, con turnos de “30 días de trabajo y una semana de descanso”. Además, cada sábado se entregaban a El Pantera los recursos generados por la venta de droga, huachicol, extorsiones y la comercialización ilegal de chatarra.
En Chiapas, la presencia de La Barredora se concentró en zonas como Reforma, La Concordia y Ocosingo, donde se reportaron desapariciones, enfrentamientos y ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Escandón.
Fiscalía de Chiapas niega presencia de “La Barredora” en la entidad
En medio de los señalamientos que apuntan a una posible operación del grupo criminal La Barredora en Chiapas durante el sexenio de Rutilio Escandón, el fiscal general del estado, José Luis Llaven Abarca, negó este miércoles 23 de julio que exista una investigación formal abierta sobre este tema y aseguró que hasta ahora no hay colaboración institucional con Tabasco para indagar la supuesta expansión de dicha estructura delictiva hacia territorio chiapaneco.
“Hasta ahora, la fiscalía de Tabasco no ha solicitado de manera oficial la colaboración de Chiapas en este tema. Si lo hacen, estaremos en total disposición de cooperar, pero no hay ninguna carpeta abierta sobre este caso”, expresó Llaven en entrevista con medios locales durante una gira de trabajo por Tapachula.
El funcionario fue enfático al señalar que no existe una denuncia concreta o formal que vincule a la organización criminal con hechos específicos ocurridos en municipios de la región norte del estado, como Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Sunuapa.
“La información sobre la supuesta operación de La Barredora en Chiapas solo ha sido difundida a través de medios de comunicación, columnas de opinión y redes sociales. No hay una denuncia donde una persona diga ‘yo vi que tal grupo criminal operaba’”, subrayó el fiscal.
Llaven Abarca también recordó que durante su propia gestión como fiscal bajo el gobierno de Escandón, se combatieron diversos delitos en esa región, y aseguró que los datos oficiales mostraban una reducción en los niveles de violencia.
"El crimen organizado no entra solo"
Una de las denuncias más contundentes sobre este tema vino esta semana de parte de Williams Ochoa Gallegos (Willy Ochoa), exgobernador interino de Chiapas y excandidato a senador, quien no dudó en señalar que durante el gobierno de Escandón "se entregó el estado al crimen organizado".
“El gobierno estatal se llenaba la boca hablando de paz y transformación, mientras La Barredora cruzaba nuestras fronteras, operando en municipios del norte y oriente del estado con total impunidad”, declaró Ochoa en un comunicado, en referencia a la red criminal encabezada por Bermúdez Requena.
“El crimen organizado no entra solo. Entra cuando hay omisión, complicidad o cobardía desde el poder. Y eso fue exactamente lo que ocurrió bajo el gobierno de Rutilio Escandón”, sentenció.
El también exsenador llamó directamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobierno federal a investigar la posible red de encubrimiento que permitió a La Barredora asentarse en Chiapas. “No se puede construir el futuro de Chiapas sin tener presente lo que se vivió en el pasado”, agregó.
Además, Ochoa insistió en que la expansión de La Barredora no fue un fenómeno desconocido para las autoridades. “Era imposible no saber. Lo sabían y no hicieron nada”.
Chiapas, de la gobernabilidad a la guerra entre cárteles durante el sexenio de Escandón
Durante al menos tres años, el gobierno del morenista Rutilio Escandón dejó tras de sí una estela de violencia: desapariciones, cobros de piso, levantones y homicidios a plena luz del día.
Datos del Observatorio Ciudadano de Chiapas y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan una tendencia alarmante: en 2022 se registraron 421 homicidios dolosos; en 2023 la cifra creció a 535, y para el cierre de 2024 se contabilizaron 620 casos.
En ese mismo periodo, Chiapas dejó de estar bajo el control de una sola organización criminal y se convirtió en un campo de batalla entre grupos rivales: el Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su brazo armado Chiapas y Guatemala (CCyG), y el grupo guatemalteco Los Huistas.
Aunque en redes sociales y espacios locales se hablaba de una posible alianza o permisividad por parte del entonces gobernador con alguno de estos cárteles, todo se mantenía como un secreto a voces… hasta que la nueva administración, también de Morena, levantó la alfombra.
Uno de los momentos que marcó un quiebre en el discurso oficial ocurrió en diciembre de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de 25 fosas clandestinas con 31 cuerpos en diferentes puntos de La Concordia, uno de los municipios más afectados por la violencia criminal.
Las conferencias de prensa de los nuevos funcionarios de seguridad estatal comenzaron a señalar, aunque sin mencionarlo directamente, la omisión deliberada del anterior gobierno ante la ola de violencia. La administración actual, también de Morena, ha dado señales de querer marcar distancia con el legado de Escandón, pero los señalamientos persisten.
“Morena repite lo que hicieron PRI y PAN”: Ecosur
Para Gerardo González Figueroa, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el fenómeno de la criminalidad en Chiapas debe analizarse como parte de un entramado estructural donde el poder político es rebasado o cooptado por el crimen.
“No necesariamente quiere decir que Rutilio Escandón estuviera en la nómina del narco, pero sí sabía. Y también se decía que su hija tenía vínculos con un capo”, comentó. “Aquí el tema es que los cárteles ya no piden permiso: se imponen, y los gobiernos hacen alianzas forzadas o se doblan”.
González Figueroa advierte que lo preocupante no es solo el sexenio pasado, sino la continuidad de esa lógica: “El narco ya es un poder. Y si se quiere retornar la paz, los políticos deben romper los pactos que ahora los sostienen”.
También recordó el caso de Ocosingo, donde en plena elección reciente, los grupos delictivos se reunieron con candidatos de todos los partidos. “Lo más grave fue que la oposición a Morena hizo acuerdos con los narcos para desplazar a los candidatos del oficialismo. Esto ya rebasó la línea”.
Una pregunta incómoda flota en el aire: si las agencias de inteligencia mexicanas y extranjeras cuentan con pruebas de vínculos de funcionarios como Rutilio Escandón con el crimen, ¿por qué no hay consecuencias?
“Si la DEA tiene información, ¿por qué no lo detienen en Estados Unidos? ¿O por qué no arrestan a Juan Sabines, que fue el primero en romper los pactos con el narco?”, cuestiona González Figueroa.
Las respuestas parecen quedar atrapadas en los pliegues de la diplomacia, la impunidad y los acuerdos no escritos.
¿Por qué es importante este tema?
Contexto: el caso de La Barredora en Chiapas no solo exhibe la creciente expansión territorial de los grupos criminales en el sur del país, sino que revela las fracturas institucionales que los permiten operar, muchas veces con la venia —o la omisión cómplice— de los gobiernos estatales. Lo que ocurrió en Tabasco durante el sexenio de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez Requena, y su proyección hacia Chiapas durante la gestión de Rutilio Escandón, forma parte de un mismo patrón: el uso del aparato de seguridad pública como herramienta de control criminal, disfrazado de política de paz.
Este modelo de penetración institucional tiene consecuencias nacionales. La ola de violencia que desató la ruptura interna de La Barredora en Tabasco —más de 1,000 homicidios en 18 meses— puede repetirse en Chiapas, donde las condiciones son similares: debilidad institucional, fronteras porosas, corrupción policial y un pasado reciente de omisión gubernamental bajo el amparo de Morena.
Además, el caso pone sobre la mesa una pregunta crítica para el sistema de justicia: si hay pruebas documentales, testimonios y filtraciones que señalan a exgobernadores y secretarios de seguridad como engranajes del crimen organizado, ¿por qué no hay procesos penales formales contra ellos? ¿Hasta qué punto llega la impunidad política en México?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que “no se cubrirá a nadie”, pero hasta ahora, ni Escandón ni Adán Augusto —ambos con cargos públicos actuales— han enfrentado procesos.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
Por todo esto, el tema de La Barredora en Chiapas no es un caso aislado, sino una señal de alarma sobre la consolidación de narcoestructuras dentro del Estado mexicano. Investigar, juzgar y desmantelar estas redes no es solo un deber jurídico, sino una condición mínima para recuperar la soberanía institucional y garantizar seguridad en regiones que hoy son, literalmente, zonas sin ley.
JCVP