SAN FRANCISCO, Cam. — El 30 de marzo de 2025, Susan Saravia, de 22 años, salió de fiesta con amistades en San Francisco, Campeche. Primero fueron a un antro, pero al cerrar el lugar decidieron seguir la fiesta en su departamento. Ahí, según su denuncia, fue violada en grupo por tres jóvenes: Yeshua “N”, Jorge “N” y Ángel “N”.
Horas después, el 31 de marzo, Susan acudió al Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para presentar la denuncia. Se abrió la carpeta de investigación CI-2-2025-448 por violación equiparada tumultuaria. Las órdenes de aprehensión se giraron el 15 de abril, pero sólo uno de los tres señalados —Ángel— fue detenido, y eso hasta el 10 de julio, casi cuatro meses después.
Desde entonces, Susan y su madre, Luisa Elizabeth Rodríguez Berzunza, han enfrentado un largo camino en busca de justicia. Liz, como prefiere que le llamen, vendió su casa en Playa del Carmen y se mudó a Campeche para acompañar a su hija. Fue ella quien, ante la falta de respuesta institucional, hizo público el caso en redes sociales el 16 de mayo y organizó una marcha el 20 del mismo mes hacia el Palacio de Gobierno, sin que la gobernadora Layda Sansores las recibiera.
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Liz también buscó a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández; a la directora de Participación Social y Comunitaria, Martha San Román —sobrina de la gobernadora—; y al titular de la FGECAM, Jackson Villacís. Denunció que, cuando Susan comenzó a declarar, dos funcionarias pusieron en duda que los señalados fueran los agresores. El 4 de abril renunciaron a los abogados de oficio y contrataron representación legal por su cuenta.
“No es fácil hablar de una violación tumultuaria hacia tu hija, pero no nos vamos a callar”, afirmó Liz.
“No me van a silenciar”: Susan Saravia rompe el silencio en video y exige justicia
En un video publicado en redes sociales este martes 29 de julio, Susan Saravia rompió el silencio y habló por primera vez sobre lo que ha vivido después de los hechos. Aclaró que no busca contar los detalles de la agresión, sino denunciar el encubrimiento, la violencia institucional y el linchamiento digital que ha enfrentado tras hacer público su caso.
Susan explicó que no quería que el caso se hiciera público, pero fue la única vía que ella y su madre encontraron para presionar a las autoridades, ya que los agresores —Yeshua “N”, Jorge “N” y Ángel “N”— tienen contactos dentro de la fiscalía y han sido protegidos, lo que ha impedido su captura. Solo uno de ellos ha sido detenido.
En el video, relata que desde que se difundió la denuncia ha sido víctima de una campaña de difamación, que incluye la publicación de fotos privadas sin su consentimiento y la creación de páginas en su contra. Asegura que esos ataques provienen de personas cercanas a las familias de los acusados.
“Me juzgan por seguir con mi vida, como si no estar destruida invalidara lo que viví. Tenemos malamente normalizado que una víctima siempre debe estar triste. No es así. Una víctima también puede representar fuerza”, afirmó.
Susan también respondió a los comentarios que la responsabilizan por confiar en sus agresores, uno de los cuales era su amigo. Aclaró que confiar en alguien no la hace culpable, y agradeció a otras jóvenes que le han compartido testimonios similares, confirmando que ella no fue la única víctima de los mismos hombres.
“No salí con desconocidos, confié en una persona que consideraba mi amigo. Eso no me hace responsable de lo que me hicieron.”
A lo largo del testimonio, Susan enfatiza que está en proceso de sanación, recibiendo atención médica y psicológica desde el primer día, y que su madre ha sido su principal sostén y voz.
El apoyo de la madre
“No nos vamos a callar. Nos está costando levantarnos, pero mi hija es valiente. Se levantó y denunció porque no podía permitir que les hicieran lo mismo a más jóvenes”, expresó su madre.
Otras mujeres han contactado a la familia para señalar que también fueron víctimas de los mismos agresores, bajo un patrón que consistía en abusar sexualmente de mujeres en reuniones posteriores a fiestas. Algunas decidieron no denunciar por vergüenza; otras, por temor a sus familias. Yeshua ya había sido exhibido previamente en un tendedero de denuncias en la Universidad Autónoma de Campeche.
Hoy, Susan y Liz siguen luchando para que el caso no quede impune. Incluso han solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, dos de los tres presuntos responsables permanecen libres.
Casos similares: "La Manada" en España y "Los Porkys" en Veracruz
La historia de Susan Saravia no es aislada. Existen antecedentes internacionales y nacionales que evidencian cómo la violencia sexual en grupo —acompañada de encubrimiento, impunidad y revictimización— se repite con patrones similares. Dos de los casos más representativos son “La Manada” en España y “Los Porkys” en Veracruz.
"La Manada" – España (2016)
Durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, cinco hombres violaron en grupo a una joven de 18 años en un portal. Inicialmente, fueron condenados solo por abuso sexual, lo que generó una ola de protestas feministas bajo el lema “No es abuso, es violación”. En 2019, el Tribunal Supremo revirtió el fallo y los sentenció por violación grupal, con penas de hasta 15 años de prisión.
Este caso marcó un antes y un después en la legislación española, al impulsar reformas sobre el consentimiento y la forma en que se juzgan los delitos sexuales.
"Los Porkys" – México (2015)
En Veracruz, Daphne Fernández, de 17 años, denunció haber sido violada por un grupo de jóvenes conocidos como “Los Porkys”, hijos de empresarios y exfuncionarios locales. El caso se dio a conocer públicamente cuando la familia difundió un video de disculpa forzada por parte de los agresores, ante la falta de acción por parte de las autoridades.
Durante años, los acusados estuvieron protegidos por sus influencias políticas y económicas. Uno huyó a España y fue extraditado, pero el proceso judicial fue lento y desigual. El caso se convirtió en un emblema de la impunidad de las élites en México.
Ambos casos, como el de Susan, demuestran que las redes de poder, la negligencia institucional y la estigmatización de las víctimas siguen siendo obstáculos comunes en la búsqueda de justicia para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual.
¿Por qué este tema es imporante?
Contexto: el caso de Susan Saravia, joven que denunció haber sido víctima de una violación tumultuaria en San Francisco, Campeche, no solo expone la violencia sexual que enfrentan muchas mujeres en el país, sino que también ocurre en un contexto nacional alarmante: miles de mujeres siguen siendo víctimas de lesiones dolosas, muchas veces como parte de agresiones físicas y sexuales en espacios que deberían ser seguros, como sus casas, fiestas o círculos cercanos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de 2025 se registró una tasa nacional de 58.51 lesiones dolosas por cada 100 mil mujeres. El Estado de México, Guanajuato y Baja California Sur encabezaron la lista con tasas muy por encima del promedio: 252.9, 152.7 y 92.6, respectivamente. Campeche se encuentra en la media, con 38.4 casos, pero esto no significa que esté libre de violencia: los casos suelen estar subregistrados o silenciados por miedo, presión social o la inacción de las autoridades, como lo evidenció Susan al denunciar públicamente la revictimización y encubrimiento que ha enfrentado.
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Además, el hecho de que otras jóvenes hayan señalado a los mismos agresores por abusos similares sugiere un patrón de violencia sistemática que podría haber sido evitado si se actuara con mayor eficacia desde las instituciones de justicia. En este sentido, los datos de lesiones dolosas no son solo estadísticas: son el reflejo de una realidad que se vive en los cuerpos y vidas de mujeres como Susan.
JCVP