Puebla, Pue.— Raúl Osorio Andrade, abogado que promovió amparos contra la reforma que tipifica el delito de ciberasedio —conocida como “Ley Censura”— fue detenido este miércoles 23 de julio por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras acudir a una diligencia oficial.
La aprehensión ocurrió cuando Osorio acudió a una sede de la FGE para recoger unos oficios relacionados con un caso de custodia de un menor, en el que representa a la madre. Durante el trámite, también se presentó el padre del menor, Luis Enrique N., funcionario de la Secretaría de Educación estatal, acompañado de su abogado Jorge Sánchez Ricaño, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH).
Según el relato de Juana González, abogada de Osorio, al momento de encontrarse en el lugar hubo una confrontación entre los padres del menor, y su cliente intervino para calmar la situación. Sin embargo, al salir del edificio, Osorio fue detenido por elementos de la Policía Turística acusado de sustracción de menor en grado de tentativa, lesiones y amenazas.
Te podría interesar
"La detención fue dentro de las instalaciones de la fiscalía de Violencia de Género y Violencia Familiar", dijo la abogada.
“Es un asunto político”: defensa
La abogada Juana González aseguró que la detención tiene un trasfondo político y acusó un intento por desprestigiar a Osorio, quien presentó dos amparos contra la “Ley Censura”. Señaló además la cercanía entre el abogado Sánchez Ricaño y el gobernador Alejandro Armenta.
"Este asunto es político porque mañosamente el abogado que defiende los intereses de Luis Enrique N, Jorge Sánchez Ricaño, es amigo de Armenta", aseguró.
González agregó que incluso Sánchez Ricaño no puede litigar asuntos entre particulares porque es funcionario.
Osorio Andrade, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), promovió los recursos legales al considerar que el Congreso local se excedió en sus atribuciones, ya que la legislación sobre tecnologías de la información corresponde al Congreso de la Unión.
Cuestionado sobre el caso, el gobernador Armenta afirmó no tener información al respecto y aseguró no conocer al abogado.
La “Ley Censura” en Puebla
El pasado 12 de junio, el Congreso de Puebla aprobó reformas al Código Penal estatal para tipificar como delitos el ciberasedio, la usurpación de identidad y el espionaje digital. Se establecieron penas de hasta tres años de prisión y multas de entre 5 mil y 30 mil pesos.
El ciberasedio fue definido como el acto de insultar, injuriar, ofender o vejar a otra persona por medios digitales con insistencia suficiente para causar daño físico o emocional.
El 10 de julio, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso aprobó una nueva redacción del artículo para evitar que funcionarios públicos utilicen la reforma como herramienta de persecución contra críticos y opositores.
¿Por qué es importante este tema?
Contexto: la detención de un abogado que promovió amparos contra el delito de “ciberasedio” en Puebla ocurre en un contexto de creciente preocupación por los riesgos que esta reforma representa para la libertad de expresión. Aunque la ley busca combatir el acoso digital, su redacción inicial generó alertas por la ambigüedad del artículo 480 del Código Penal, que podría ser utilizado para perseguir a periodistas, críticos o activistas.
El debate escaló al nivel federal, donde incluso la presidenta Claudia Sheinbaum intervino para pedir que se aclaren los alcances de la norma y se garantice que no se use contra quienes cuestionan a los funcionarios públicos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también emitió un exhorto para revisar la reforma.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
Este caso pone bajo la lupa si el sistema de justicia local está actuando con imparcialidad o si hay una posible instrumentalización de la ley para intimidar voces disidentes, justo cuando el Congreso local anunció que revisará la redacción del artículo tras la presión pública y política.
JCVP