Puebla, Pue.- En San Andrés Cholula, Puebla, seis familias fueron desalojadas violentamente de sus hogares ubicados en la calle General Rosendo Márquez, en la colonia Gobernadores. La orden fue emitida por el juez Paulino Coronel Díaz, del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, quien autorizó la toma de cinco viviendas para saldar una deuda de un millón de pesos, en un juicio donde los afectados no están involucrados.
Entre las personas afectadas están Juan Carlos Ruiz Ortega y su pareja Juana Santos; Mauricio Figueroa, Adán Larracilla y Ligia Sared. Fue esta última quien relató cómo el 16 de julio pasado policías y civiles armados irrumpieron en su casa:
“Los policías groserísimos me aventaban, no me dejaban entrar, me rompieron muchas cosas, me robaron muchas cosas”, contó en entrevista con La Silla Rota.
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Ese mismo día, las viviendas fueron acordonadas y ocupadas. Ruiz Ortega denunció públicamente el caso en redes sociales:
“El sueño de tener una casa propia se convirtió en una pesadilla por culpa de un cártel inmobiliario que opera al margen de la ley. Un juez de Oaxaca adjudicó mi casa para pagar una deuda que no es mía”, reclamó en video.
Desde mayo de 2023, Ruiz Ortega había adquirido su casa con un crédito de Infonavit. Pese a tener todos los documentos en regla, fue desalojado. Su pareja, Juana Santos, denunció que la orden judicial hablaba de un terreno baldío, aunque las viviendas estaban habitadas desde hace años.
Mauricio, Adán y Ligia también acreditan legalmente la propiedad de sus hogares. El 17 de julio se reunieron cerca de las casas tomadas, pero fueron hostigados por personas a bordo de autos sin placas ni identificación. Esa noche presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía.
Cada caso representa una historia truncada: la casa de Ligia fue construida por su padre hace cuatro años; Juan Carlos y Juana la rentaban a tres inquilinos; Mauricio invirtió para rentarla y Adán estaba por finalizar el proceso legal para poner su casa en arrendamiento cuando fue desalojado con violencia.
Actualmente, las familias reciben asesoría legal del gobierno estatal y tramitan amparos, pero a una semana del desalojo, no han obtenido una solución favorable. Ligia denunció además haber sido perseguida y amenazada con arma de fuego tras dejar a sus mascotas con un familiar.
¿Por qué este tema es importante?
Contexto: el caso refleja una problemática global: la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Según el Monitor de Vivienda 2025 de Ipsos, realizado en 30 países, 71 % de los encuestados considera que aunque los jóvenes trabajen duro, les será muy difícil adquirir una casa.
En México, siete de cada diez personas opinan lo mismo, debido al alza en precios, tasas elevadas y dificultades para obtener crédito. En Puebla, el panorama es igual de adverso: de acuerdo con la IBERO, el precio de la vivienda se incrementó 86.5 % entre 2017 y 2023, alcanzando un promedio de 1.5 millones de pesos. Además, más del 60 % de los jóvenes empleados ganan apenas un salario mínimo, insuficiente para construir patrimonio.
¿Qué es un cártel inmobiliario?
Se trata de redes conformadas por empresarios, funcionarios públicos y/o personas particulares que se coluden para manipular el mercado de vivienda en su beneficio. Operan mediante adjudicaciones fraudulentas, despojos ilegales y corrupción judicial o notarial, afectando a familias que sí cumplen con sus pagos y documentación.
El caso más reconocido es el de la Ciudad de México, donde el llamado “cártel inmobiliario” destapó una de las redes de corrupción más grandes en el ámbito urbano. Funcionarios públicos, desarrolladores y notarios operaron durante más de una década —principalmente en la alcaldía Benito Juárez— para aprobar construcciones irregulares a cambio de sobornos, departamentos de lujo y favores políticos. La trama también alcanzó otras demarcaciones como Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.
La red operaba a través de autorizaciones ilegales de desarrollos inmobiliarios, muchas veces con más pisos de los permitidos, en zonas de riesgo o sin cumplir normativas de protección civil. En algunos casos, incluso se ha documentado el despojo de viviendas o predios mediante juicios simulados o documentación falsa, lo que permitió su reventa a través de inmobiliarias afines a la red.
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Entre los principales implicados se encuentran Christian von Roehrich, exalcalde panista de Benito Juárez, y Luis Vizcaíno Carmona, exdirector Jurídico y de Gobierno de esa misma demarcación. Ambos han sido vinculados a proceso por delitos como uso ilegal de atribuciones, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, según la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
JCVP