A un año de la despenalización del aborto en Puebla, colectivos feministas advierten que persisten múltiples obstáculos que limitan el acceso efectivo al derecho a interrumpir un embarazo de forma legal, segura y sin criminalización. Entre ellos destacan el desabasto de medicamentos como la mifepristona, la falta de equipo para realizar ultrasonidos, la concentración del servicio en hospitales específicos y la necesidad de ampliar su cobertura en instituciones como el IMSS e ISSSTE.
Jessica Techalotzi, integrante del colectivo CAFIS, explicó que el desabasto de insumos médicos es una constante en los hospitales públicos, lo que representa una barrera significativa para las usuarias. A ello se suma la falta de equipo básico y personal capacitado, especialmente en zonas fuera de la capital.
Otro factor de riesgo identificado por las activistas son las clínicas falsas, principalmente ubicadas en las colonias Centro y El Carmen de la ciudad de Puebla. Estos espacios se presentan como prestadores de servicios de aborto seguro, pero en realidad difunden discursos conservadores y desinforman a las mujeres para disuadirlas de interrumpir su embarazo. Incluso, en algunos casos, se les advierte falsamente que los medicamentos pueden provocar paros cardiacos o muerte súbita.
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“Si hemos identificado algo que nos alarma mucho; estas clínicas son grupos conservadores donde las usuarias llegan y se enfrentan a mucha violencia, incluso las han violentado de la manera en que buscan percibirlas de su decisión”, explicó Jessica.
Ante ello, las organizaciones feministas llamaron a las mujeres a informarse en fuentes confiables como las Unidades Médicas de la Mujer, así como a contactar a colectivos especializados como CAFIS, Odesyr o GIRE, que ofrecen acompañamiento seguro y gratuito.
Avances limitados y persistencia del estigma
Aunque la despenalización del aborto ha facilitado el acceso en zonas urbanas, las activistas coinciden en que en regiones marginadas persiste una fuerte resistencia social y cultural. En comunidades de la Sierra Norte, por ejemplo, la influencia de los roles tradicionales de género y la decisión de los esposos siguen condicionando el ejercicio de este derecho.
Flor Cipriano, codirectora del colectivo La Red Morada, señaló que, a pesar de estas resistencias, se ha generado interés en las nuevas generaciones por transformar sus entornos, lo que representa una oportunidad para construir comunidades más informadas y conscientes.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud estatal, entre septiembre de 2024 y abril de 2025 se realizaron 388 interrupciones legales del embarazo en instituciones públicas de Puebla. De ellas, 17 fueron por causa de violencia sexual, y el resto por decisión voluntaria conforme al marco legal.
El Hospital de la Mujer de Puebla concentró el 90% de estos procedimientos, lo que lo convierte en el principal centro para este servicio. Sin embargo, las organizaciones han señalado inconsistencias en los datos oficiales, ya que en algunos registros aparecen cifras duplicadas o contradictorias, lo que evidencia la necesidad de mayor claridad y desagregación de la información pública.
Asimismo, se advierte que muchas interrupciones no se registran oficialmente, ya que las mujeres optan por no acudir a hospitales públicos debido a barreras como distancia, falta de horarios accesibles o temor a la estigmatización. Esto deja fuera del conteo oficial una parte importante de los abortos realizados en la entidad.
Reformas pendientes para garantizar el derecho a decidir
Aunque el Congreso local aprobó en 2023 la despenalización parcial del aborto hasta las 12 semanas, organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de reformas adicionales para garantizar el acceso efectivo, seguro y sin criminalización.
Entre los cambios urgentes destacan la reforma a la Ley Estatal de Salud, que daría certeza jurídica al personal médico y consolidaría el aborto como un servicio de salud pública, así como la reforma constitucional para eliminar la protección de la vida desde la concepción, figura que actualmente limita la interpretación de los derechos reproductivos en el estado.
Las activistas también promueven la derogación del aborto como delito, de modo que su regulación quede exclusivamente en el ámbito sanitario y se supere el modelo de despenalización parcial.
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Finalmente, recordaron la vigencia de la NOM 046, que establece el derecho de las mujeres a acceder a un aborto legal y gratuito en cualquier momento del embarazo cuando éste sea producto de violencia sexual. Exigieron que esta norma se garantice en todos los servicios de salud del estado.
JCVP