El gobierno de Puebla mantiene una inversión conjunta de 130.8 millones de pesos en Vector Casa de Bolsa y CIBanco, instituciones financieras que, junto con Intercam Banco, fueron intervenidas el pasado 27 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales Guerrero, informó que en Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo —exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República entre 2018 y 2020—, el gobierno estatal invirtió originalmente 201.6 millones de pesos entre marzo de 2008 y febrero de 2009, durante el sexenio de Mario Marín Torres.
Tras el vencimiento de una parte de esa inversión, el pasado 5 de marzo de 2025, el gobierno recuperó 169.5 millones, pero aún permanece un remanente de 32.1 millones de pesos, con vencimiento programado para 2033. Morales Guerrero señaló que, de intentar vender anticipadamente esa inversión, se generaría una pérdida, por lo que se analiza si conviene mantenerla hasta su vencimiento.
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Respecto a CIBanco, otra de las instituciones intervenidas, la funcionaria detalló que el gobierno estatal mantiene ahí el Fideicomiso Irrevocable y de Administración y Fuente de Pago F0144, creado el 29 de noviembre de 2012 como garantía para obligaciones de pago relacionadas con proyectos de inversión, obras públicas, bienes y servicios.
El saldo actual del fideicomiso asciende a 98.7 millones de pesos, y ya se inició un proceso de sustitución fiduciaria para trasladarlo de CIBanco a BBVA.
Contexto: intervención por vínculos con lavado
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa al sustituir sus órganos administrativos con el objetivo de proteger los recursos de los clientes, luego de que el pasado 25 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las señalara por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado.
La sanción fue emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que identificó a las tres instituciones mexicanas como “fuentes de preocupación principal” por su presunta participación en esquemas de financiamiento ligados al tráfico de fentanilo.
Según el gobierno estadounidense, estas entidades habrían facilitado durante años transferencias multimillonarias a nombre de cárteles mexicanos, y colaborado indirectamente en la compra de precursores químicos utilizados en la fabricación de opioides sintéticos.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado oficial.
Como consecuencia, se impusieron restricciones a ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones.
Las medidas marcan la primera aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl y de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que otorgan nuevas herramientas legales a EU para combatir el lavado de dinero relacionado con narcóticos y endurecer el control financiero frente al crimen organizado internacional.
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Aún sin resolver: inversión en Accendo
Estas no son las únicas inversiones estatales en riesgo. Sigue sin resolverse el destino de 606 millones de pesos depositados en Accendo Banco, que colapsó en 2023. Esa inversión se realizó en 2021 y, según Morales Guerrero, el caso ya fue turnado al gobierno federal, aunque no se han dado a conocer avances oficiales.
JCVP