El fiscal general de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, informó que durante la cuarta exhumación realizada en las fosas del panteón Pedro Amaro, en Jojutla, se recuperaron 85 restos humanos, de los cuales seis corresponden a bebés y uno a restos fetales.
Sin embargo, colectivos de búsqueda que participaron como observadores en la diligencia, señalaron que en realidad se exhumaron más de 60 cuerpos completos, incluidos al menos 10 mujeres y más de 10 bebés, además de múltiples restos óseos dispersos.
En un informe preliminar presentado este miércoles 25 de junio, la fiscalía explicó que los trabajos se llevaron a cabo del 26 de mayo al 13 de junio de 2025, en una fosa común utilizada por la antigua Procuraduría del estado para enterrar personas no identificadas sin los estudios periciales correspondientes. El fiscal aclaró que no se trata de una fosa clandestina, pero reconoció irregularidades históricas en el manejo de los cuerpos.
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Maldonado señaló que el proceso se realizó con la participación de peritos en criminalística, antropología, odontología y genética, así como con representantes de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional y Local de Búsqueda, visitadores de derechos humanos y notarios públicos.
No obstante, colectivos de familiares denunciaron la ausencia de especialistas en varios momentos, violaciones a protocolos forenses y días sin presencia de la Guardia Nacional. Ante estos señalamientos, la Fiscalía reconoció las fallas y se comprometió a incorporar peritos independientes y garantizar la presencia de todos los especialistas necesarios en la siguiente etapa.
El fiscal precisó que los 85 indicios recuperados no equivalen a 85 personas, ya que un solo cuerpo puede generar múltiples restos. Estos serán analizados en laboratorios forenses para intentar su identificación.
El proceso de exhumación se prolongó una semana más de lo previsto debido a la cantidad de hallazgos, pero fue suspendido el 19 de junio por riesgos estructurales en el terreno y malas condiciones climáticas. La reanudación dependerá de que existan condiciones seguras para continuar.
La Fiscalía indicó que los restos hallados no son recientes: la última inhumación documentada en la fosa data de junio de 2014. Desde que comenzaron las exhumaciones en 2017, se han localizado 219 indicios, de los cuales 78 cuentan con perfil genético.
Sobre la actuación del Coordinador de Servicios Periciales, Dr. Samuel Nava, el fiscal lo respaldó, pero advirtió: “Si no cumplen, habrá consecuencias. No hay compromisos personales, solo institucionales”.
Maldonado concluyó: “Este proceso desgasta, pero la Fiscalía intervendrá las veces necesarias para dignificar y devolver los restos a sus familias. Estoy dispuesto a asumir ese desgaste y cumplir con esta obligación institucional y moral”.
Periodistas de Morelos exigen a la Fiscalía frenar descalificaciones
La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos rechazó el contenido del boletín FGE 506, emitido el pasado 23 de junio por la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar que contiene señalamientos que buscan desacreditar a medios de comunicación que han documentado la cuarta etapa de exhumaciones en el panteón “Pedro Amaro”, en Jojutla.
En dicho comunicado, la Fiscalía —encabezada por el fiscal Edgar Maldonado Ceballos— afirmó que la información publicada por algunos medios “carece de veracidad y atenta contra el dolor de las víctimas”, acusando a la cobertura periodística de generar “alarma social y desinformación”.
La Red advirtió que este tipo de mensajes institucionales intentan condicionar el ejercicio periodístico, limitar el acceso a la información pública y representan una amenaza a la libertad de expresión, especialmente en temas de alto interés social y de derechos humanos.
La organización identificó los siguientes elementos preocupantes en el boletín:
- Acusaciones sin sustento: La Fiscalía no presentó pruebas que respalden sus señalamientos, lo que pone en riesgo a periodistas que ejercen su labor con responsabilidad.
- Estigmatización de la prensa: Calificar la cobertura como generadora de “alarma social” puede abrir la puerta a estrategias de censura, especialmente en contextos sensibles.
- Opacidad institucional: Transcurrieron siete días entre la suspensión de las exhumaciones y la emisión de información oficial, lo que afectó la posibilidad de verificar hechos en tiempo oportuno.
- Mensajes intimidatorios: Frases como “evitar la difusión de datos no verificados es una obligación legal” pueden interpretarse como advertencias hacia quienes recurren a fuentes distintas a las institucionales.
- Cuestionamientos éticos sin base: Reducir el estándar ético a la validación oficial desconoce que el periodismo profesional se basa en la verificación plural y rigurosa.
- Afectación al derecho a la memoria: El periodismo —afirmaron— también cumple una función clave en la preservación de la memoria colectiva, especialmente frente a violaciones graves a los derechos humanos.
La Red también reportó que durante una reunión con colectivos realizada este 25 de junio, el fiscal Maldonado responsabilizó personalmente a la prensa por “distorsionar” la información sobre las exhumaciones, lo que —advirtieron— incrementa los riesgos para quienes cubren estos temas.
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El pronunciamiento subraya que el artículo 6º constitucional protege la libertad de expresión, el acceso a la información y la labor periodística. Además, recuerda que tratados internacionales ratificados por México, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir información.
JCVP