La cuarta diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla avanza entre irregularidades graves que violan los propios lineamientos de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), lo que pone en riesgo la correcta identificación de las víctimas. Así lo denunciaron colectivos de familias buscadoras, quienes exigieron al fiscal Edgar Maldonado Ceballos presentarse personalmente en el sitio para constatar las fallas.
Las fosas comunes, ubicadas en el panteón municipal “Pedro Amaro” de Jojutla, fueron utilizadas por la Fiscalía para inhumar de manera irregular a decenas de personas entre 2007 y 2014. Aunque el proceso de exhumación inició en 2017, fue hasta el pasado 26 de mayo cuando comenzó la cuarta fase, originalmente programada para concluir el 13 de junio. Sin embargo, esta semana se anunció una prórroga hasta el viernes 20 de junio.
Para las familias, esa ampliación es insuficiente. “Una semana más no alcanza para corregir todas las fallas ni para hacer un trabajo científico. No se trata de sacar cuerpos a prisa, sino de garantizar que puedan ser identificados y regresen con sus familias”, sostuvo Alba Fabiola Cruz Barrios, madre de una joven desaparecida e integrante del colectivo Familias Resilientes Morelos.
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Contexto: las fosas del panteón municipal de Jojutla, Morelos, salieron a la luz en 2017, cuando colectivos de búsqueda y organizaciones civiles denunciaron la inhumación irregular de decenas de cuerpos por parte de la Fiscalía del Estado. Las investigaciones revelaron que, entre 2014 y 2016, 87 cadáveres fueron enterrados sin plena identificación ni consentimiento familiar, violando protocolos forenses y de derechos humanos. Fue gracias a la presión de familiares de personas desaparecidas que comenzaron los trabajos de exhumación supervisados por peritos independientes.
Exhumaciones aceleradas y sin rigor científico
Las labores en el cementerio, señalaron las familias, se realizan con premura, sin el personal especializado necesario y con fallas técnicas persistentes. Entre las más graves está la ausencia de antropología física en campo. La única especialista fue proporcionada por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y concluyó su participación el pasado martes. Desde entonces, las diligencias han quedado a cargo de un antropólogo de formación social, lo que compromete la capacidad para distinguir entre restos humanos y animales.
Además, no se lleva un registro preciso de los niveles de excavación, ni se aplican técnicas de cribado adecuadas. Se excava sin documentar la profundidad de los hallazgos, lo que impide una recuperación íntegra y confiable para los análisis genéticos. También se han detectado errores en el etiquetado: extremidades aisladas son catalogadas como “individuos” sin verificar su correspondencia con otros restos.
“Ya son varias las irregularidades detectadas. Y lo digo con base en los propios lineamientos emitidos por la Fiscalía para las exhumaciones de 2025. En 2024 se trabajó bajo ciertos criterios y ahora cambiaron, pero ni siquiera están cumpliendo los nuevos”, denunció Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández.
La presencia del Ministerio Público tampoco está garantizada. La agente designada se ha mostrado indiferente y ha negado información clara. Las familias también denunciaron que la presión institucional por concluir rápido —una instrucción directa del fiscal— ha llevado a procesar hasta cuatro cuerpos al mismo tiempo, aumentando el riesgo de errores.
“Cada vez pedimos dos cosas básicas: la medida exacta de la fosa y la orden judicial correspondiente. En 2024 se dejó un cuerpo sin exhumar porque no hubo autorización judicial. Ahora amplían sin mostrarnos ninguna orden. Queremos saber quién autorizó”, insistió Alba Fabiola.
Ante las críticas, el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, Alberto Belmont Gutiérrez, respondió que “los lineamientos son enunciativos, más no limitativos”. Sin embargo, Amalia refutó: “Esos lineamientos se basan en jurisprudencia y estudios técnicos; no son capricho, son garantía del derecho a la verdad”.
Exigen que el fiscal acuda personalmente
Las buscadoras hicieron un llamado directo al fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, para que acuda personalmente a la fosa.
“El llamado es para que venga, que vea por sí mismo lo que está pasando aquí. Que no se quede solo con lo que le dicen sus subordinados, sino que escuche a quienes llevamos años en esta lucha”, dijo Amalia.
Recordó que Maldonado ha manifestado desconfianza en personal heredado de administraciones pasadas. “Pues que venga y vea con qué equipo está trabajando. Tiene al mismo personal que colaboraba con Uriel Carmona, y dijo que no era su gente. Entonces, ¿por qué no verifica lo que ocurre?”, añadió.
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Alba Fabiola reforzó: “Queremos que nos escuche. No puede decidir desde una oficina cuando aquí se están violando nuestros derechos”.
“Nos destroza el alma escuchar que ya no es posible obtener perfiles genéticos por el estado de los restos. Eso significa que hay personas que no volverán a casa, y familias que jamás sabrán dónde están sus seres queridos”, concluyó.
JCVP