Desde mediados de los años 90, al menos mil 200 hectáreas de tierras ejidales han sido despojadas a comunidades originarias de San Andrés Cholula, Cacalotepec, Tlaxcalancingo y Tonanzintla, en Puebla, como parte de un proceso de expansión inmobiliaria que ha convertido la región en un polo de desarrollos de lujo.
Así lo denunció Fortunato Cuautle, integrante de la organización Cholultecas Unidos en Resistencia. El activista explicó que el despojo no comenzó con la llegada de Grupo Proyecta —empresa responsable del desarrollo de Lomas de Angelópolis—, sino que se trata de un proceso que lleva más de 30 años y ha sido impulsado por distintos gobiernos estatales y municipales, que —acusó— han favorecido sistemáticamente a los grandes proyectos inmobiliarios.
“No se trata sólo de expropiaciones como las que ocurrieron en los noventa”, advirtió Cuautle. “También se ha presionado a los ejidatarios para que vendan, se han elevado los impuestos para que no puedan sostenerse en sus tierras, hay ocupaciones ilegales, juicios amañados para apropiarse de predios y hasta bloqueos de caminos que impiden a los campesinos llegar a sus parcelas, ahora rodeadas por fraccionamientos de lujo”.
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La expansión urbana no sólo ha modificado la tenencia de la tierra. Cuautle advirtió que también ha generado una crisis ambiental: San Andrés Cholula produce más de 150 toneladas diarias de basura, pero actualmente no cuenta con un sitio adecuado para su disposición final, después de que la Profepa clausuró el Relleno Sanitario Intermunicipal de San Pedro Cholula.
“Nos quitaron la tierra y ahora nos dejan con los residuos de su desarrollo”, sentenció el defensor.
Lomas de Angelópolis: lujo sobre tierras ejidales
Contexto: el megaproyecto Lomas de Angelópolis, ubicado en la zona conurbada de Puebla, se construyó sobre 1,084 hectáreas de tierras ejidales expropiadas en 1991 a comunidades como San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. La expropiación fue autorizada durante el gobierno estatal de Mariano Piña Olaya, como parte de un programa de reordenamiento urbano impulsado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
En junio de 1992, el Congreso local reformó la ley para permitir que el Ejecutivo estatal pudiera vender, donar o transferir esos terrenos. Empresarios como Kamel Nacif, Rafael Posada Cueto y Salvador Cué Silva se beneficiaron de estas operaciones.
En 2016, Grupo Proyecta adquirió 245 hectáreas en Santa María Malacatepec por apenas 10 millones de pesos —equivalente a 4 pesos por metro cuadrado—, en una zona donde hoy las residencias alcanzan precios de entre 2 y 30 millones de pesos.
Cholultecas acusan doble discurso del Gobierno
“Hace unos días, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dijo estar indignado por la injusticia y el despojo del que fueron objetos miles de campesinos de la región cholulteca, queremos decirle que ese despojo todavía sigue y que los pueblos originarios estamos vivos y seguimos resistiendo a las políticas de urbanización salvaje que favorecen a los que más tienen”, expresaron integrantes de Cholultecas Unidos en Resistencia, organización que agrupa a representantes de los siete pueblos originarios de la región.
El 11 de abril, Armenta pidió a Grupo Proyecta la donación de un predio de dos hectáreas para construir viviendas para policías; de lo contrario, advirtió, se expropiarían cuatro hectáreas en Lomas de Angelópolis, la zona con mayor plusvalía del estado.
Pocos días después, el gobernador de Morena reculó en su solicitud luego de que otras desarrolladoras ofrecieron donar predios en distintas zonas de la ciudad. “No le vamos a expropiar a nadie. Se espantan con el primer mensaje que se les da, cuando lo que deberían hacer es ser generosos con el estado que los ha enriquecido”, dijo el 13 de abril.
“¿Qué les ofende? ¿Qué les lastima? ¿Un elemento ( de policía) que protege la vida de los demás no puede tener una vivienda en Lomas? ¿Solo los ricos pueden estar en Lomas? Hago un llamado a la dignidad, a desprenderse de la mezquindad de los que se han enriquecido a la par de quitarle a los campesinos sus tierras”, expresó entonces Armenta.
Tras la polémica, pobladores de San Andrés Cholula y Ocoyucan solicitaron una reunión con el gobernador, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.
“El gobernador Alejandro Armenta finge indignación y muestra debilidad ante Grupo Proyecta, al señalar primero que se han enriquecido de forma injusta pagándole centavos a los campesinos y queriendo vender en dólares al propio gobierno”, señalaron los activistas. Acusaron un doble discurso, pues mientras se critica públicamente a la empresa, también se le premia con infraestructura que incrementa la plusvalía de sus desarrollos.
“El gobierno es sordo a las dolencias del pueblo”, añadió Juan Carlos Flores, abogado y miembro de Cholultecas Unidos en Resistencia.
Flores recordó que, aunque no se quitarán terrenos a Grupo Proyecta, en 2018 sí se expropiaron predios a habitantes de Cacalotepec para construir las laterales de la Vía Atlixcáyotl, vialidades que dan acceso a los clústers de Lomas de Angelópolis y que serán conectadas con puentes vehiculares una vez que se retire la caseta de la autopista Puebla-Atlixco, como anunció el gobierno estatal.
Opositor a Grupo Proyecta seguirá en prisión
Emiliano Zambrano, uno de los principales opositores al crecimiento de Lomas de Angelópolis, está preso desde septiembre de 2024, acusado de abuso sexual.
El 24 de abril estaba programada una audiencia intermedia para revisar las pruebas, pero se pospuso porque la parte acusadora no se presentó.
Tres jueces rechazaron inicialmente la denuncia por falta de pruebas. Aun así, fue detenido por orden de David Rodríguez González, juez de Control y Coordinador de Jueces de Oralidad Penal en la Región Judicial Norte del estado de Puebla.
Según Tonathiu Sarabia, abogado defensor de Zambrano, la denunciante era parte del campamento y actualmente trabaja para Grupo Proyecta. ”La denuncia no va a resistir el juicio oral; se ve la mano de la gente del Ministerio Público”, aseguró Sarabia.
“Este no es un problema legal, es un problema social”. “Los solicitantes de vivienda, los campesinos pobres que forman parte del campamento de don Emiliano, son personas que no tienen acceso a una vida digna, a una casa, no tienen terrenos; han sido desplazados por la vorágine de la especulación inmobiliaria”, añadió.
“El propio gobernador dio pauta a que se revelaran los sucios negocios que se hicieron con toda esta zona de Angelópolis y que se siguen dando hacia Atlixco”, subrayó.
El abogado también denunció que se usó indebidamente un proceso anterior de Emiliano, en el que no fue sentenciado, como justificación para imponerle prisión preventiva.
Sarabia reveló que otros cinco campesinos del Campamento de Resistencia en Santa María Malacatepec enfrentan carpetas de investigación por despojo, aunque dos de ellos —según pobladores presentes en la audiencia— ya fallecieron hace al menos dos años.
City Lomas Ocoyucan, la tercera expansión del proyecto, avanza en terrenos ejidales de Santa María Malacatepec. En el primer convenio de usufructo con los ejidatarios, Grupo Proyecta acordó un pago de 10 millones de pesos por 245 hectáreas para ocuparlas durante 30 años.
El dinero fue repartido entre varios ejidatarios, algunos de los cuales recibieron entre 700 mil y un millón de pesos, una cifra muy inferior al valor actual de esas tierras donde ahora se construyen viviendas de lujo.
El cambio en la Fiscalía General del Estado, con la llegada de Idamis Pastor en lugar de Gilberto Higuera, no ha traído avances para el caso, lamentó la defensa.
Tonathiu Sarabia insistió en que Emiliano ha sido criminalizado por defender tierras comunales. Por su parte, el coordinador de Gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, se limitó a decir que conocían la acusación por abuso sexual y los antecedentes de conflicto con Grupo Proyecta.
La audiencia programada para el 24 de abril fue pospuesta porque la agente del Ministerio Público no se presentó y solicitó diferirla. Mientras se define una nueva fecha, Emiliano Zambrano seguirá en prisión.
La Silla Rota buscó la postura de Grupo Proyecta sobre los señalamientos, vía telefónica y por correo electrónico; sin embargo, hasta el momento no ha obtenido respuesta.
Pueblos originarios han perdido al menos 25% del territorio
Los integrantes de Cholultecas Unidos en Resistencia advierten que el crecimiento urbano descontrolado ha generado un consumo excesivo de agua, agravado por la instalación de centros comerciales y campos de golf.
Estiman que los pueblos originarios han perdido al menos 25% del territorio que poseían hace 30 años, y temen perder más ante proyectos de “ciudades compactas” promovidos por las tres últimas administraciones municipales de San Andrés Cholula.
En 2018, el entonces alcalde Leoncio Paisano propuso un Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) que fue suspendido tras protestas de los siete pueblos originarios.
Sin embargo, el gobierno panista no ha abandonado la intención de implementarlo. Así lo confirmó en 2024 Edmundo Tlatehui Percino, exalcalde y esposo de la actual presidenta municipal, Guadalupe Cuautle Torres.
Los activistas señalaron que, pese a haber presentado una propuesta alternativa —la Estrategia de Planeación Territorial, Protección y Conservación de los Pueblos Originarios—, esta no fue incluida en el PMDU, a pesar de haber surgido de una consulta con la comunidad.
También pidieron reanudar las mesas de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos firmados el 4 de octubre de 2023 entre el Ayuntamiento, la Secretaría de Gobernación estatal y los pueblos originarios.
“Los programas de desarrollo urbano son el instrumento que los gobiernos han utilizado para permitir la urbanización salvaje e insostenible, determinando usos de suelo de alta densidad donde incrementan el número de viviendas por hectárea o de pisos por edificio; programas que son planeados y financiados por Grupo Proyecta. No importa el color del gobierno que sea”, concluyó el abogado Juan Carlos Flores.
A más de tres décadas del inicio de la urbanización intensiva en la región cholulteca, las comunidades originarias enfrentan un proceso continuo de transformación de su territorio, marcado por disputas legales, tensiones sociales y una expansión inmobiliaria que no se ha detenido.
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Mientras los proyectos de lujo avanzan, las voces que denuncian despojos, falta de consulta y daños ambientales siguen exigiendo que se reconozca su derecho a decidir sobre el futuro de su tierra.