Un convoy de la Guardia Nacional fue emboscado con una mina terrestre mientras patrullaba una brecha en la zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, en una de las agresiones más letales contra fuerzas federales en los últimos meses. Ocho elementos murieron tras la explosión, ocurrida el martes 27 de mayo, en un territorio presuntamente controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los agentes pertenecían a la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) y participaban en un operativo para desmantelar un presunto centro de entrenamiento del CJNG ubicado en la región montañosa entre Santa María del Oro, Cotija y Los Reyes.
De acuerdo con fuentes federales de seguridad, en ese campamento el grupo criminal resguardaba arsenal pesado —incluida una ametralladora Minigun— y operaba un grupo de sicarios encargado de atacar comunidades y fuerzas de seguridad.
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El convoy avanzaba por una brecha entre Las Pilas y Las Mesas cuando uno de los vehículos blindados fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado. Seis miembros de la Guardia Nacional murieron en el lugar y dos más fallecieron horas después en el hospital. Entre las víctimas se encuentran el Segundo Subinspector Jovany Rosales Rosales y el Subagente Jorge Alberto Cruz Velázquez.
Tras el ataque, el gobierno federal desplegó refuerzos en la zona para localizar a los responsables. Esta emboscada representa una nueva escalada en el uso de minas terrestres por parte del crimen organizado.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el ataque, expresó su solidaridad con las familias de los agentes caídos y reiteró que se están redoblando esfuerzos para frenar este tipo de agresiones contra las fuerzas armadas.
Uso de minas, táctica del CJNG en Tierra Caliente
Contexto: en diciembre de 2024, la región de Tierra Caliente, en Michoacán, registró un aumento en el uso de minas terrestres contra fuerzas federales, una táctica cada vez más común del CJNG en zonas en disputa.
En menos de 48 horas, cuatro militares murieron por explosiones de artefactos improvisados. El primer ataque ocurrió la mañana del lunes 9 de diciembre, en la comunidad de Los Gallineros, municipio de Cotija de la Paz, donde una mina mató a dos soldados y dejó a cinco más heridos.
El segundo atentado fue la noche del martes 10, en un camino de terracería de la localidad de Paredes del Ahogado, municipio de Buenavista. Ahí, otros dos militares perdieron la vida.
Las minas antipersonales son consideradas armas de lesa humanidad por su impacto indiscriminado y duradero. Sus detonaciones pueden causar muertes o heridas graves y volver intransitables amplias zonas rurales, afectando actividades como la producción de alimentos y el comercio local.
México y su compromiso internacional contra las minas antipersonales
Aunque estas armas suelen asociarse con conflictos armados formales, en México se han documentado en contextos de violencia criminal, sin que medie una guerra declarada. Esto plantea un desafío legal y humanitario, ya que el país forma parte de la Convención de Ottawa, tratado que prohíbe por completo el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales.
México firmó el acuerdo el 3 de diciembre de 1997 y lo ratificó el 9 de junio de 1998. Aunque los grupos criminales no están sujetos a este tratado, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de prevenir y erradicar el uso de estas armas dentro de su territorio.
Entre las obligaciones establecidas por la Convención destacan:
- Artículo 5: exige identificar y limpiar las zonas minadas, señalizarlas y proteger a la población, además de realizar campañas de prevención.
- Artículo 6: obliga a brindar atención médica, rehabilitación e integración social a las víctimas, así como difusión de información sobre los riesgos.
- Artículo 9: demanda la creación de leyes nacionales que aseguren el cumplimiento del tratado y sancionen su incumplimiento.
México no solo es parte del tratado, sino que también tuvo un rol activo en su redacción y promoción, lo que refuerza su compromiso con la erradicación de este tipo de armamento, aun cuando sea utilizado por actores no estatales.
Michoacán, foco de explosivos en el país
Según la respuesta a la solicitud de información 330026423002861, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, Michoacán encabeza la lista de entidades con más artefactos explosivos improvisados localizados, asegurados y desactivados entre 2018 y 2023.
En ese periodo, se registraron 1,416 casos en Michoacán, de un total de 2,818 a nivel nacional. Guanajuato ocupó el segundo lugar con 664 casos, seguido por Jalisco con 396.
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Estas cifras reflejan que, pese a los operativos y acciones emprendidas, Michoacán ha sido de forma sostenida el principal foco de este tipo de amenazas.
RTC