En 2013, Fernando Juárez Morales fue arrestado en Puebla por los delitos de usurpación de funciones, cohecho y posesión de un vehículo robado. Él negó los cargos y solicitó pruebas periciales, pero no se le permitió defenderse adecuadamente.
Pasó nueve años en prisión sin haber cometido delito alguno. Desde su liberación, hace casi tres años, busca que las autoridades lo reconozcan como víctima de un “error judicial”. A pesar de haber solicitado apoyo en repetidas ocasiones a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla (CEEAVI), no ha obtenido respuesta.
“De forma reiterativa, le he estado pidiendo a la CEEAVI que dé el trámite para que me extienda los fondos de apoyo: asistencia jurídica, asistencia psicológica, de atención médica, para pasajes, viáticos y también para fondos de renta.
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“Pero a pesar de que lo he solicitado de forma continua y reiterativa, y supuestamente en ilusorias mesas de trabajo, supuestamente lo firmamos, pero ellos al final desvirtúan los hechos, lo manejan de otra manera, y no, simplemente no cumplen, no cumplen con la ejecutoria de amparo, tanto es así que la misma jueza les ha ordenado y les ha dado término, pero no, se ve que son renuentes, y no van a querer cumplir”, declaró Fernando en entrevista con La Silla Rota.
El día que lo perdió todo
El 6 de agosto de 2013, Fernando fue arrestado tras ser víctima de una extorsión por parte de un policía municipal. Ese día, temía que le robaran su auto, un Versa gris, ya que recientemente le habían robado las llantas.
Al notar que personas desconocidas fotografiaban su coche desde un Jetta rojo, pidió ayuda a tres conocidos —a quienes identificaba como taqueros— y llamó a la policía, que llegó demasiado tarde.
Poco después, recibió una llamada de un supuesto policía que le informó que los tres hombres habían sido detenidos. A cambio de liberarlos, le exigieron 200 mil pesos. En ese entonces, Fernando era enfermero general del Hospital de San Alejandro del IMSS y contaba con ahorros suficientes, por lo que accedió a ayudar a sus conocidos.
Fue a su casa por el dinero, destinado originalmente a comprar una vivienda para su familia. El policía lo siguió hasta su domicilio, donde lo despojó de más de 900 mil pesos y lo arrestó, según cuenta el propio Fernando.
Fue acusado, junto con los tres hombres, de usurpación de funciones, cohecho y posesión de un vehículo con reporte de robo. Las autoridades supuestamente decomisaron un arma de plástico tipo R-15, una maleta con cartuchos, binoculares, un sombrero con el logo de la Policía Federal y un Jetta blanco robado.
Aunque Fernando negó tener relación con los objetos y pidió pruebas periciales que nunca se realizaron, fue condenado a la pena máxima. Lo acusaron de hacerse pasar por Policía Federal y de encabezar un grupo delictivo; así fue presentado ante la prensa.
“Me vincularon con ellos (los detenidos), me ponen como jefe de la banda de Policías Federales extorsionadores y de la santa golpiza todos declararon en mi contra, yo fui el único que se aguantó la golpiza”, relató.
Durante el proceso, su esposa intentó defenderlo con su testimonio, pero fue presuntamente amenazada por personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
“Lo intentó, en el 2017, pero después, por actos de intimidación por parte de los funcionarios de la fiscalía, cedió a las amenazas. Y en algún momento lo hizo por nuestras hijas”, recordó.
Fernando fue trasladado por diversos penales: San Miguel, Tepexi de Rodríguez, el Cefereso No. 5 de Veracruz y finalmente el penal del Altiplano. Las torturas físicas y psicológicas que sufrió le provocaron trastorno bipolar y estrés postraumático, según consta en los diagnósticos médicos.
Hoy, a sus 48 años, busca que el Estado lo reconozca como víctima. De atender pacientes como enfermero, ahora se dedica a asesorar a personas que, como él, han sido criminalizadas sin pruebas.
Le fabricaron más delitos estando preso
A pesar de ya estar cumpliendo condena, las autoridades intentaron imputarle nuevos cargos. De no haber sido por cinco amparos, podría haber permanecido 38 años en prisión. Logró demostrar que dos acusaciones fueron fabricadas mientras ya se encontraba detenido.
“Logré acreditar y pelearme con los jueces, entre ellos, acredité la ilegalidad de Alejandro León Flores, el juez que ejerció con título y cédula falsa. Él me vinculó dos procesos, y el más ridículo, digo, el 16-2019, que él me mencionó muy claro, pues, mire, ‘es muy fácil la corrupción, ¿qué tal si tú te saliste del penal, te robaste el vehículo y volviste a regresar al penal?’ Cuando yo me encontraba en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez Puebla desde el 2013, y este robo se dio en el 2019. O sea, estando preso, cometí una conducta ilícita y me volví a regresar al penal”.
Alejandro León Flores fue destituido en febrero de 2020 tras descubrirse que ejerció casi 30 años como juez sin título profesional válido, según reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. No obstante, en noviembre de ese mismo año, un juzgado federal ordenó su restitución argumentando que el delito había prescrito. Hasta la fecha, no se ha confirmado si continúa activo en el Poder Judicial de Puebla.
El Poder Judicial lo reconoce como inocente
En el juicio de amparo 211/2023, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales lo reconoció como “persona vulnerable” víctima de un “error judicial”. Cuenta con el respaldo del asesor jurídico federal Alejandro García Bautista.
Durante estos años perdió su matrimonio, su salud mental y su antigüedad laboral en el IMSS.
En 2017, mientras estaba recluido en Veracruz, un recluso le habló del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, una unidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que proporciona herramientas legales y acceso a la información.
Gracias a amparos, recursos legales y ser autodidacta en el estudio del Derecho, Fernando logró su liberación tras nueve años de prisión, aunque la condena original era de 38 años.
“Simplemente que se haga justicia, de hecho, algo que por sí me siento orgulloso, de que soy la única víctima reconocida por error judicial en el estado de Puebla, y pues nada más dar a conocer la conducta irregular de las autoridades, se supone que encargadas de defender los derechos de las víctimas”, expresó.
A lo largo de su proceso, buscó ayuda legal de al menos nueve abogados particulares y logró dialogar con el entonces gobernador Miguel Barbosa, aunque los avances se estancaron tras seis meses. También solicitó apoyo al exgobernador Sergio Salomón Céspedes, sin éxito. Hoy pide ser escuchado por el actual mandatario, Alejandro Armenta, y la fiscal Idamis Pastor Betancourt.
La SCJN documentó su historia
La historia de Fernando fue narrada en un documental producido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en colaboración con el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes. Fue publicado el 8 de mayo en el canal oficial Justicia TV.
“En el 2017 cuando tuve acceso a la Unidad de Compilación de Leyes de la Suprema corte que como reitero jamás me abandonaron donde quiera que estuve siempre me contestaban, siempre me enviaban la documentación y de hecho me sorprendía porque llegaba a los 20 días, máximo hasta un mes pero siempre me llegaba y fue cuando yo me retroalimentaba y fue cuando en algún momento yo ya supe que no era el número 17227, supe que era una persona privada de su libertad, una persona con derechos (...) la cual sí tenía derecho al acceso a la justicia”, narró Fernando en el documental.
Gracias a sus cartas al Centro de Documentación, después de cuatro años y ocho solicitudes, logró defenderse por sí mismo y obtener su libertad.
“En el caso específico de Fernando Juárez recibimos ocho cartas en el centro de documentación y dos llamadas telefónicas, a lo largo de 4 años nos estuvo requiriendo información sobre todo en materia de legislación, estuvo pidiendo la constitución, la ley de amparo, el código federal de procedimientos penales, estuvo pidiendo también tesis que esas también se canalizaron a través de la unidad de transparencia y acceso a la información y nosotros en estos cuatro años le estuvimos brindando la información”, relató Adriana Campollo Lagunes, directora del centro.
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Ahora, Fernando, conocido también como “El Mandela”, estudió derecho durante su estancia en prisión y se dedica a ayudar a otras personas encarceladas injustamente. Dice que quiere devolver algo a la sociedad.