Durante 2024, México registró 94 eventos de agresión contra defensoras del medio ambiente, de los cuales más de la mitad se concentraron en solo cinco entidades, según el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Los estados que encabezan esta lista son Oaxaca (15 casos), Chiapas (9), Michoacán (9), Puebla (9) y Veracruz (8). En conjunto, representan el 53.1% de los ataques documentados en todo el país. Estas agresiones incluyen desde amenazas, intimidación y hostigamiento, hasta homicidios y ejecuciones extrajudiciales.
Ser ambientalista en México, un riesgo latente
Contexto: México se ha convertido en uno de los lugares más riesgosos del mundo para quienes defienden el medio ambiente. A nivel internacional, México ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial de países más letales para ambientalistas, de acuerdo con la organización Global Witness. Entre 2019 y 2023, se documentaron 138 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y periodistas, colocándolo solo por debajo de Colombia, Brasil y Filipinas.
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Aunque el país es firmante del Acuerdo de Escazú, que garantiza la protección de personas defensoras del medio ambiente, su implementación ha sido débil. La mayoría de los crímenes quedan sin castigo, y la falta de medidas de protección efectivas genera un círculo de impunidad y repetición.
Aumentan las agresiones letales
Aunque la cifra de eventos de agresión contra ambientalistas es menor a la de año previo, cuando se registraron 123, uno de los datos más alarmantes del informe del CEMDA es que las agresiones letales aumentaron en comparación con 2023, alcanzando 25 asesinatos (21 homicidios y 4 ejecuciones extrajudiciales). Esta cifra es la segunda más alta de la última década, apenas por debajo del récord de 29 casos en 2017.
Entre las víctimas se encuentran ejidatarios, guardabosques, líderes comunitarios, empresarios, sacerdotes y activistas que se oponían a proyectos extractivos o a la tala ilegal.
La entidad con mayor número de eventos de agresión que culminaron en homicidios fue Chiapas, con 9. En esa entidad, en el ejido Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo, Chiapas, Ignacio López, catequista y candidato a diácono, fue asesinado junto a 10 miembros de su familia el 12 de mayo de 2024 por un grupo del crimen organizado que opera en la región. El ataque ocurrió directamente en su domicilio, y tras el asesinato, los agresores incendiaron los cuerpos, en un acto de violencia extrema.
Ignacio y su familia eran ejidatarios que se oponían a colaborar con grupos criminales que desde 2023 habían tomado control de la mina de barita "La Revancha", clausurada años atrás por la Profepa. El conflicto por la explotación ilegal del yacimiento ha derivado en disputas armadas entre cárteles, desatando una ola de violencia que ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 2,300 personas de 20 comunidades.
El crimen que enlutó a los tzotziles
Otro de los crímenes destacado en el informe es el de sacerdote tzotzil Marcelo Pérez, de San Andrés Larráinzar, Chiapas, reconocido por su defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y los territorios indígenas. Fundó los movimientos Modevite y Zodevite, y se opuso a megaproyectos, al crimen organizado y a la colusión de autoridades.
Por su activismo, recibió múltiples amenazas de muerte y contaba con medidas cautelares de la CIDH desde 2015. El 20 de octubre de 2024, tras oficiar misa en Cuxitali, fue asesinado dentro de su vehículo por sujetos armados, presuntamente ligados al crimen organizado.
Principal responsable: el Estado
Otro dato revelador que presenta el informe es que el Estado fue el principal agente agresor, con participación en el 65.9% de los casos documentados. Le siguen empresas privadas (26.6%) y grupos del crimen organizado (18%).
“Los datos son alarmantes ya que las personas y comunidades defensoras del medio ambiente y el territorio están en riesgo por una multitud de actores, desde los agentes estatales, el capital nacional o transnacional y, recientemente, también se observa un incremento en la participación en las agresiones de los grupos de la delincuencia organizada”, advierte el CEMDA.
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El informe urge a "implementar políticas públicas integrales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Escazú, en particular para garantizar que la labor de defensa de los derechos ambientales sea ejercida con libertad y seguridad por cualquier persona o comunidad".