César “N”, quien se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, durante el trienio 2009–2012 en una administración emanada del PRI, utilizó su cargo para presuntamente tramitar y obtener una pensión por jubilación sustentada en documentos falsos, lo que le habría permitido cobrar de forma indebida más de cinco millones de pesos del erario municipal, según datos oficiales.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos presentó cargos en su contra por el delito de ejercicio abusivo de funciones, tras la denuncia formal interpuesta en 2024 por el actual Ayuntamiento de Jojutla, al detectarse diversas irregularidades en el otorgamiento y posterior incremento de su pensión.
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Contexto: así habría falsificado los documentos
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, César “N” habría ordenado a la Dirección de Recursos Humanos emitir una carta de salarios certificada con información falsa, en la que se acreditaban ingresos mensuales de 62 mil 500 pesos, cuando en realidad, según documentación oficial, su salario era de 48 mil 813 pesos con 40 centavos. Con este documento presuntamente logró acceder a una pensión por jubilación con el cien por ciento del salario inflado.
En 2017, promovió un amparo ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para exigir la actualización de su pensión conforme al salario mínimo de los años 2013 a 2016. Aunque reclamó 5 millones 280 mil pesos, suscribió un convenio con el Ayuntamiento para pagarle 3 millones 595 mil 833 pesos. Cinco años después, en 2022, presentó otro amparo solicitando un nuevo incremento, el cual también fue concedido.
Calculan daño millonario al erario
Un cálculo conservador, considerando únicamente la diferencia mensual entre el salario real y el salario inflado (13 mil 686 pesos) durante los 13 años de vigencia de la pensión (2012–2025), estima que el beneficio económico indebido por este concepto supera los 2.1 millones de pesos. Sumado a los pagos derivados de los amparos, el total obtenido presuntamente de forma irregular ascendería a más de 7.4 millones de pesos.
Tras una audiencia celebrada el pasado 9 de abril en la sala 2 de la Ciudad Judicial de Jojutla, y con base en los datos de prueba documentales y testimoniales presentados por el equipo de ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción, una jueza resolvió vincular a proceso a César “N” por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones.
Como medidas cautelares, se le impuso la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
De conformidad con el artículo 20 constitucional, se recuerda que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia judicial.
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El Ayuntamiento se pronuncia
Desde Jojutla, el alcalde Alan Francisco Martínez García confirmó que el exsecretario municipal César “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la elaboración de documentos apócrifos y la presentación de cálculos indebidos relacionados con un laudo laboral que buscaba afectar gravemente las finanzas del municipio.
En entrevista, el edil explicó que su administración detectó las irregularidades desde hace varios meses y emprendió una estrategia jurídica para frenar un pago millonario que calificó como injustificado. “Era un caso que nos causaba mucha preocupación por el monto que se pretendía cobrar al municipio. Desde entonces dijimos que se trataba de documentos falsos y cifras infladas. Hoy, la autoridad judicial ha determinado vincular a proceso al extrabajador”, sostuvo.
Martínez García informó que las audiencias se celebraron en días recientes y que mañana continuará el proceso judicial. “Nos fortalece que la justicia esté actuando. Esto demuestra que no permitiremos que ningún factor externo perjudique el buen funcionamiento del municipio”, afirmó.
Aunque evitó profundizar en detalles sobre el exfuncionario, amparado en el principio de presunción de inocencia, el alcalde celebró que se haya avanzado en este caso en beneficio de Jojutla. No descartó que, de confirmarse responsabilidades, se proceda a exigir la reparación del daño.
Advirtió que no se trata del único caso que enfrenta su administración, pero sí del más significativo por el alto monto económico que se pretendía cobrar. “Fue el más alto, no sólo por la pensión mensual que se solicitaba, sino por todos los conceptos acumulados que sumaban una cantidad excesiva y mal calculada”, precisó.
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El alcalde concluyó que su gobierno, en conjunto con la síndica, el cabildo y el equipo jurídico, seguirá actuando con firmeza y responsabilidad para proteger los recursos públicos y evitar que se desvíen de su verdadero propósito: servicios y obra pública para el pueblo de Jojutla.