Entre enero de 2023 y junio de 2024, 15,780 personas fueron desplazadas de sus hogares en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Fronteriza. Así lo revela el informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Además, el informe evidenció que, del total de desplazados, al menos 8,190 personas de estas dos regiones fueron obligadas a abandonar sus territorios y propiedades a manos de la delincuencia organizada.
El documento también advirtió, con base en datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), que uno de los mayores desplazamientos se produjo entre el 21 y 26 de mayo de 2023 en Frontera Comalapa, debido al enfrentamiento entre cárteles.
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Además, cerca de 4,000 personas escaparon por temor a ser alcanzadas por las balas y, sobre todo, a ser reclutadas por el crimen organizado.
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Contexto: el testimonio de una familia desplazada
Esther, como llamaremos a una víctima de DFI (Desplazamiento Forzado Interno), huyó junto a sus tres hijas menores de edad de su tierra natal, Frontera Comalapa, debido a la presión ejercida por los grupos criminales.
Pese a que salió hace aproximadamente ocho meses, dice que su temor persiste, pues allí quedaron sus padres y otros seres queridos, además de su casa.
“El año pasado, mi papá fue a uno de esos bloqueos o filtros que exigía el grupo ‘El Maíz’ (estructura criminal relacionada al Cártel Jalisco Nueva Generación), y de pronto les aventaron una bomba desde un dron; como cayó cerca de él, ya no escucha bien de uno de sus oídos”, cuenta a La Silla Rota.
Aunque ella y sus hijas siguen en otra ciudad del estado, al principio debía pagar una especie de cuota obligatoria para que alguien asistiera a los “filtros”; de lo contrario, le quitarían su propiedad.
Con la entrada, el pasado 8 de diciembre, del Grupo de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), dependiente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la situación parece haberse tranquilizado en varias regiones de Chiapas.
Esto se debe a los operativos que han resultado en decomisos de autos robados, droga, armas y vehículos artesanales o “monstruo”, así como al desmantelamiento de videocámaras de vigilancia y al hallazgo de fosas clandestinas, entre otros.
Al respecto, Esther advierte que algunos negocios grandes han reabierto sus puertas, “como Bodega Aurrerá”, pero aclara que los bancos se han negado a operar con normalidad.
Incluso, comenta que ya no ha pagado la cuota que le exigían, que oscilaba entre mil y dos mil pesos semanales. “Y apenas me hablaron para decirme que tendré que pagar una multa, con el argumento de que los permisos que metimos en su momento no valen, porque no cubren las juntas, trabajos o demás actividades que salen en la colonia”.
En el caso de uno de sus hermanos, menciona que le piden 15 mil pesos como multa por haberse ido de Frontera Comalapa. “El que nos lideraba antes de que acabara el 2024 estaba bien metido en eso del ‘narco’, y ahorita quien quedó, se supone, no está metido, pero ya no sabemos”.
El comparativo que preocupa
Según el informe del Frayba, entre 2023 y junio de 2024 se contabilizaron 20 eventos de desplazamiento forzado interno, principalmente en municipios como:
- Pantelhó
- Chenalhó
- Ocosingo
- Oxchuc
- Las Margaritas
- Huixtán
- La Trinitaria
- Socoltenango
- La Concordia
- Bella Vista
- Tila
- Frontera Comalapa
Además, advirtió que las principales causas de desplazamiento varían según la región. En Ocosingo, por ejemplo, el 25% de los desplazamientos se debió a la violencia contrainsurgente; en la Sierra y la Fronteriza, el crimen organizado representó el 30%; mientras que en los Altos, la violencia generalizada alcanzó el 15%.
Carlos Orgaz, responsable del monitoreo temático de DFI en el Frayba, aseveró que las cifras de desplazamiento en ese periodo son alarmantes, pues superan con creces las registradas entre 2010 y octubre de 2022, cuando el Frayba documentó cerca de 16,755 desplazados. “Pero hablamos que de 2023 a junio de 2024 esa cifra se cuadruplicó”, comparó.
Para él, esto refleja una verdadera crisis de violencia en el estado. Además, insistió en que no todo se debe a la delincuencia organizada, ya que también existen alianzas entre empresas extractivas, presidentes municipales y otras autoridades gubernamentales.
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Megaproyectos estarían detrás de esa violencia
Orgaz consideró que estos eventos podrían estar relacionados con la importancia geoestratégica de Chiapas, que conecta los golfos de México y el Pacífico con megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, además del impulso a los polos de desarrollo.
“Y vemos lo que ocurre con el intento de reactivación del megaproyecto de la carretera que conectará a San Cristóbal con Palenque, o los hoteles que las fuerzas armadas construyen en Palenque; por eso decimos que Chiapas juega un papel estratégico para esas industrias”, señaló.
Refirió que, desde 2018 hasta el término del gobierno de Rutilio Escandón, se ha visibilizado un conflicto creciente, que abarca desde enfrentamientos generalizados hasta el control social y político mediante el terror, con el fin de manejar economías de todo tipo, incluidas las ilegales.
Jorge Luis López López, integrante del Grupo de Litigantes para la Protección y Defensas de los Derechos Humanos (Prodedh), recordó que el tema del DFI en Chiapas ha crecido de forma preocupante.
Aunque el fenómeno de la movilidad humana se ha palpado de forma ancestral, y sobre todo las vejaciones a los pueblos originarios o de los mismos zapatistas, destacó que los grupos de la delincuencia organizada han penetrado tanto en las comunidades, que ya controlan a las autoridades internas como los comisariados ejidales.
Con ello, asumió, han provocado amenazas, hostigamiento, tortura, cobros de piso, hasta llegar al extremo de las desapariciones o ejecuciones extrajudiciales, situación de violencia que ha ocasionado que las familias abandonen sus territorios.
“Las poblaciones le temen a los reclutamientos, porque significaba enfrentarse a las fuerzas armadas, bloquearlas”, puntualizó. Para evitar eso, mencionó que esas familias prefieren huir a lugares más seguros.
Tanto era el miedo, agregó, que hubo muchas personas que se resguardaron en otras entidades del país como Tabasco, Quintana Roo, Campeche, o hasta en los Estados Unidos.
Las cifras del terror en Chiapas
Según el informe del Frayba, de las 15,780 personas víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI), los casos se distribuyen entre varios municipios de Chiapas de la siguiente manera:
- Tila: 6,500 casos (7.8%)
- Chicomuselo: 4,040 casos (11%)
- Bella Vista: 650 casos (3.2%)
- Chenalhó: 553 casos (1.2%)
- Frontera Comalapa: 3,500 casos (4.3%)
- Otros municipios: 685 casos
Otro dato impactante es que, en 2023, alrededor de 392 mil personas sufrieron DFI en México debido a conflictos y violencia. Chiapas figura entre los 11 estados con más de 40 eventos de desplazamiento, junto con Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y el Estado de México.
La cifra de 2023 representa un incremento significativo a nivel nacional en comparación con 2022, cuando se registraron 386 mil desplazados. Los estados con mayor concentración de estos casos fueron Chiapas, Michoacán y Zacatecas, que juntos representaron el 90% del total.
Retornar, pero ¿bajo qué condiciones?
Esther y sus hijas no han considerado regresar a Frontera Comalapa, pues la incertidumbre sigue presente. Sin embargo, son conscientes de que deberán pagar las multas y otros costos si desean conservar su patrimonio.
Ante esta situación, Carlos Orgaz, del Frayba, reconoció que el gobierno no cuenta con un plan o programa para garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas.
Tampoco existen acciones integrales para la asistencia humanitaria de los desplazados, ni mucho menos para atender las afectaciones psicosociales que han sufrido.
“Aunque sí han vuelto muchas personas, sabemos, a partir de testimonios directos de la población, que para ingresar a las comunidades, estos grupos que formaron parte, de manera obligada o no, de los grupos criminales, les están cobrando multas elevadas”, denunció.
Según él, quienes permanecieron en las comunidades bajo el control del crimen organizado justifican estos cobros argumentando que “se quedaron a cuidar las tierras”.
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Finalmente, advirtió que mientras no se investigue, judicialice y desarticule a los grupos criminales que operan en estas zonas, su presencia se mantendrá y se fortalecerá, tal como ocurrió en los años 90 con los grupos paramilitares, algunos de cuyos miembros ahora ocupan cargos políticos o han creado concejos municipales.
Para Jorge Luis López López, integrante del Grupo Prodedh, ahora el temor de las poblaciones es que se registren detenciones ilegales y desapariciones por parte del grupo FRIP.
Además, especificó que la ley vigente para atender el desplazamiento forzado es sólo “un espejismo”, debido a que ya se tuvieron que maquilar varias estrategias en otras instituciones, pero aún no se ha hecho.
Entre otras cuestiones, confesó que el Estado carece de capacidad para atender desplazamientos masivos, es decir para registrar a todas esas personas. “Porque si una familia te dice, ‘Perdí todo esto’, la autoridad te dirá que le compruebes con facturas si todos esos bienes eran tuyos, y sabemos que muchas familias no pueden comprobar eso, y se convierte en una obstaculización”.
Es decir, dijo, no podría atender el desplazamiento en sí a través de sus propiedades, ni atender la situación de alimentación, salud e investigación eficiente de los perpetradores de ese delito.
“Cuando se dio el desplazamiento en Chalchihuitán, en el año 2017, el gobierno lo que hizo fue enviar maíz y frijol, en costales, y que con eso subsistieran, hasta por seis meses, todas las familias desplazadas, lo que nos habla de una desatención humanitaria”, lamentó el abogado, quien remató:
“Al final de cuentas el Estado es omiso para atender esas problemáticas”.