TEUCHITLÁN

¿Por qué vinculan a autoridades de Guerrero con el “rancho del terror” en Teuchitlán?

La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación de oficio para esclarecer las posibles desapariciones

La investigación sigue activa para identificar responsabilidades y determinar la posible implicación de autoridades locales en el reclutamiento ilícito
La investigación sigue activa para identificar responsabilidades y determinar la posible implicación de autoridades locales en el reclutamiento ilícito Créditos: Cuartoscuro
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La reciente revelación sobre el hallazgo de un centro de adiestramiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, ha causado gran conmoción en la sociedad. Este descubrimiento está relacionado con el reclutamiento de personas, quienes fueron engañadas con falsas promesas de empleo o, en algunos casos, con la oferta de visas.

En Guerrero, tanto la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, vinculada con actividades delictivas, como la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, han sido señalados por un testigo anónimo como involucrados en un programa de reclutamiento para trabajar como jornaleros. Sin embargo, en lugar de ser enviados a trabajar, las personas eran trasladadas al rancho Izaguirre en Teuchitlán.

En las redes sociales comenzó a circular una entrevista con el testimonio de una presunta víctima de reclutamiento forzado en el Rancho Izaguirre, quien señaló la participación del Ayuntamiento de Chilpancingo durante la administración de Hernández Martínez y de la Universidad Autónoma de Guerrero, bajo la dirección de Saldaña Almazán.

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Contexto: el testimonio de “Roberto” y el Rancho Izaguirre 

La víctima, que se identificó como "Roberto", relató en una entrevista con Azucena Uresti que su reclutamiento ocurrió en 2023, inicialmente como una oferta de empleo ofrecida por una empresa, cuyo nombre se omite, en colaboración con el Ayuntamiento de Chilpancingo y la Universidad Autónoma de Guerrero.

"Roberto" explicó que todo el proceso administrativo se realizó en el área de Relaciones Exteriores del propio Ayuntamiento, donde se les garantizó la obtención de la visa H2A para trabajar como jornaleros en Estados Unidos por un mes, con una escala en Guanajuato. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, descubrieron que no era Guanajuato, sino Jalisco, donde les informaron que trabajarían no por un mes, sino por un año para obtener la visa. 

Según "Roberto", durante su estancia en el Rancho Izaguirre, fueron encerrados en bodegas por las tardes y noches, y durante el día realizaban actividades de corte de fresa en un terreno cercano. Finalmente, logró escapar.

Tras la revelación de "Roberto", diversos usuarios en redes sociales compartieron imágenes relacionadas con las ofertas de trabajo realizadas por el Ayuntamiento y la Universidad, con el fin de respaldar el testimonio de la presunta víctima.

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Exalcaldesa de Chilpancingo confirma programa, pero se deslinda 

La exalcaldesa de Chilpancingo negó las acusaciones y afirmó que en ningún momento se reclutó a personas para ser llevadas al rancho. De manera similar, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, emitió un boletín en el que negó la participación de la universidad en actividades de reclutamiento, aclarando que, aunque tiene convenio con el Ayuntamiento de Chilpancingo para prácticas profesionales y servicio social de los estudiantes, no tiene relación con empleos en el extranjero.

No obstante, llama la atención que en una convocatoria publicada se mencionan detalles sobre la reunión para el reclutamiento, en la que se busca ofrecer nuevas oportunidades de empleo. En esta publicidad aparece el nombre del pueblo natal de Saldaña Almazán, Santa Bárbara, y el sello de la UAGro, acompañado del lema "Mejorando la calidad de vida de los nuestros".

Por su parte, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, emitió un comunicado en el que explicó que, respecto a las actividades relacionadas con la difusión de oportunidades laborales del sector agrícola privado por parte de diversos ayuntamientos del país, su gobierno ha facilitado espacios para promover programas públicos y privados que ofrezcan oportunidades de bienestar a la población, siempre dentro del marco legal. 

En el apartado cuatro del documento, la alcaldesa señaló que su gobierno participa exclusivamente en la difusión de información y en la facilitación de espacios, sin intervenir en ningún proceso, operación ni ejecución de estos programas, lo que indica una participación indirecta.

Finalmente, la alcaldesa expresó su disposición para colaborar con las autoridades competentes si fuera necesario. En este caso, será la Fiscalía General de la República quien, en caso de ser necesario, realice las investigaciones correspondientes en Guerrero para deslindar responsabilidades o determinar si hubo alguna participación en los hechos.

Julio César Sandoval, exdirector de Atención Migrante de Chilpancingo, reconoció que el gobierno municipal estuvo involucrado en el programa, pero desmintió rotundamente que las personas hayan sido trasladadas a trabajar al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Aseguró que existen testigos que pueden corroborar que el programa fue legítimo y que, de hecho, varias personas lograron obtener la visa para trabajar en Estados Unidos.

Fiscalía de Guerrero investiga el caso

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que ha iniciado de oficio una carpeta de investigación para esclarecer los hechos relacionados con la posible desaparición de víctimas originarias de Guerrero, las cuales estarían vinculadas con trabajos agrícolas en el estado de Jalisco. La Fiscalía señaló que ya ha comenzado a realizar los primeros actos para recabar información relevante que sea integrada en la mencionada investigación.

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Asimismo, la institución destacó que está actuando dentro del marco de sus funciones y atribuciones legales, con el objetivo de dar certeza jurídica a los hechos divulgados y garantizar el acceso a la justicia de las posibles víctimas que pudieran ser identificadas durante las indagatorias.