El cambio climático y el calentamiento global han obligado a los gobiernos estatales a replantear sus políticas ambientales. En Guerrero, la invasión de una extensa zona del Parque Nacional El Veladero, una reserva ecológica protegida en la parte alta de Acapulco, avanza sin control.
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Líderes locales han convertido los asentamientos irregulares en un negocio, cobrando a las personas por terrenos donde está prohibido construir. Luego exigen la regularización de los predios mediante bloqueos y plantones, para poder venderlos posteriormente.
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Decenas de familias han devastado una gran superficie del parque, talando árboles y dividiendo la tierra para establecer nuevas colonias en una zona federal. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha registrado a los invasores en un censo.
La invasión del Parque Nacional El Veladero se ha extendido por más de 12 años sin que las administraciones anteriores actuaran para detenerla. Ahora, el gobierno estatal busca frenar este daño ambiental, agravado por el calentamiento global, que ha intensificado fenómenos naturales devastadores como los huracanes Otis y John.
En la zona ya existen decenas de viviendas, algunas precarias y otras en obra negra con block y cemento. Sus ocupantes esperan que algún político impulse la regularización de los predios, utilizando las campañas electorales como moneda de cambio para negociar votos.
A pesar de su importancia ecológica, el Parque Nacional El Veladero nunca recibió protección efectiva por parte de las autoridades federales. Durante 12 años, los invasores transportaron materiales y deforestaron el área sin ser detenidos.
Además del impacto ambiental, los asentamientos irregulares generan problemas para otras colonias de Acapulco. La deforestación y el desmonte de cerros han provocado deslaves de tierra y piedras que afectan fraccionamientos ubicados en las partes bajas. Vecinos han exigido a la Semarnat que actúe antes de que ocurra una tragedia.
El Instituto de Vivienda de Guerrero se deslinda de las invasiones
En entrevista con La Silla Rota, Alondra Reina Muñoz, delegada del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, aclaró que "no hay ninguna regularización en asentamientos irregulares en zona federal del Parque Nacional El Veladero" y se deslindó de las invasiones en la parte alta del municipio.
La funcionaria aseguró que "nadie ha ido a esos lugares ni a medir ni prometer regularización alguna y menos se ha cobrado un centavo, como algunos habitantes han declarado a medios de comunicación".
Explicó que, si bien existen colonias en proceso de regularización, como Cañada del Bosque y Chinameca, esto se debe a un decreto de expropiación que permite otorgar certeza jurídica a los predios. Sin embargo, enfatizó que "no así en zonas protegidas del Parque Nacional El Veladero, y no hay ninguna intención de hacerlo".
El negocio de la venta de lotes
Habitantes del área señalaron que María del Rosario Santos y Eduardo Montero Fierro son dos de los tres integrantes del comité vecinal que gestionan la supuesta regularización de los terrenos. Los ocupantes han pagado cooperaciones semanales de 50 pesos.
Existen antecedentes de que dos líderes, José Luis Zeferino y Cindy Reséndiz, cobraron a Juana Zamora y Valentín Luján cinco mil pesos para que ocuparan terrenos sin documentación legal que acreditara la propiedad.
Desde la avenida Amistad, que conecta las colonias Cumbres de Figueroa y Chinameca, es visible la apertura de nuevas brechas. Incluso, una máquina trabaja en un predio clausurado hace seis años por la Profepa.
Despliegan operativo para desalojar invasores del Veladero
Este miércoles 12 de marzo, la policía del estado, en compañía de elementos de la Guardia Nacional, desplegó un operativo para desalojar a los pobladores invasores del Parque Nacional El Veladero, utilizando la fuerza y derribando parte de las construcciones ilegales.
La Silla Rota documentó el sentir de una familia luego de que su casa improvisada fuera derribada por los agentes. El padre, acompañado de una de sus hija, indicó que la había levantado con mucho esfuerzo y pidió a la presidenta Sheinbaum intervenir para que no los desalojaran de esta zona federal protegida.
“Mire, presidenta, cómo me tiraron las autoridades mi casa, la construí con el esfuerzo de mi sudor, y apoyo que me dieron ustedes cuando de Otis y John, mi lavadora me la dañaron, estaba yo aquí, estaban mis hijas, me las sacaron a la fuerza las autoridades”, señaló el hombre.
En Acapulco, los coordinadores del bienestar, con personal de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, realizaron entregas de apoyos a damnificados por los huracanes John, a quienes acreditaban la propiedad de la vivienda y, en algunos casos, con carta de posesión a aquellos que no tenían escrituras. Sin embargo, fueron claros al señalar que no se daría ninguna ayuda a quienes estuvieran en zonas de alto riesgo o áreas protegidas.
Hoy en día, decenas de personas se han negado a dejar lugares accidentados, algunos cerca de ríos y arroyos, a pesar del peligro que representan cuando se presentan fenómenos naturales como ciclones y huracanes. También existen muchas familias que siguen intentando invadir la zona federal y áreas naturales protegidas.
Ese miércoles por la mañana, al menos 40 casas de madera y lámina de cartón fueron destruidas por la fuerza pública porque no está permitido edificar en zona federal y área protegida.
Habitantes de la colonia Ampliación Bosques de la Cañada salieron a las calles a manifestarse. Durante varias horas bloquearon la avenida costera Miguel Alemán, en la zona turística de Acapulco, para pedir al gobierno que les permita vivir en la zona invadida.
El problema no se detiene
Los líderes han convertido la reventa de terrenos en un negocio. Visitan constantemente el asentamiento para identificar predios abandonados y revenderlos, una práctica común en muchas colonias fundadas mediante invasiones.
Uno de estos asentamientos, la colonia "Justicia Social", ocupa otra área del Parque Nacional El Veladero. Sus habitantes esperan que en un futuro proceso electoral se les prometa la regularización de los predios a través de un decreto, un mecanismo que ya ha permitido la legalización de otras invasiones, otorgando escrituras y acceso al pago del impuesto predial.
El proceso de decreto inicia con una petición al gobierno estatal, que a su vez la remite al gobierno federal para solicitar la expropiación. Una vez aprobada, se cambia el uso de suelo y se verifica que la zona no represente un alto riesgo antes de proceder a la regularización.
En Acapulco, muchas colonias surgieron de invasiones lideradas por políticos del PRD y del PRI, quienes usaban la asignación de terrenos como una estrategia electoral para mantener el control de votantes.
Hace unos meses, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron otro operativo en el Parque Nacional El Veladero y demolieron decenas de viviendas. Sin embargo, no se detuvo a ninguno de los responsables de la venta ilegal de lotes.
En muchos casos, los mismos líderes que organizan las invasiones se quedan con varios terrenos, los venden y desaparecen. Años después, reaparecen en otras zonas del municipio, repitiendo el esquema y obteniendo grandes beneficios económicos.