Desde la infancia, Gina Gabriela Esquinca Rincón fue criada bajo la idea de que bañarse desnuda con su padre y ser tocada por él era algo “normal”. Con el tiempo, también fue víctima de violación, un abuso que quedó impune. La falta de justicia agrava su caso, pues en Chiapas los delitos sexuales prescriben.
Tuvo que transcurrir mucho tiempo para que aquella pequeña, vulnerable e indefensa, se diera cuenta de que lo que sufrió desde los 3 hasta los 12 años (después la violencia era psicológica y física) estaba fuera de la realidad y que, incluso, había trastocado toda su vida.
A finales de 2024, la mujer reunió el valor necesario y comenzó a ventilar, a través de redes sociales, a quienes, en lugar de protegerla, le arrebataron su niñez e inocencia: su padre biológico e incluso un tío materno.
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Gina Esquinca, actualmente de 46 años, afirma no tener miedo y relata cómo sufrió a manos de quienes debieron protegerla. Cuando decidió denunciar, también fue objeto del desprecio de sus propios familiares, quienes ahora la califican de “loca”.
La presión mediática llegó a tal grado que, la universidad pública en donde labora su agresor -un prestigiado académico del área química- cesó el pasado 8 de febrero a éste mientras se lleva a efecto el proceso legal.
“Por años, oculté las atrocidades de mi padre y mi tío materno. Cuando intenté denunciar, había prescrito el delito. Pero lo nombro, y cuento también, que me ofreció con sus amigos y familiares; por fortuna, nadie accedió e, incluso, alguno de ellos pudo advertirme en su momento, y de otros, me enteré con el tiempo”, confesó la víctima en la red social Facebook en diciembre pasado.
En la misma, les advierte: “Héctor Armando ‘N’ y Jorge ‘N’, que la justicia y la vergüenza les alcancen donde quiera que huyan y que dejen de encubrirlos aquellos que siempre lo han sabido, la familia Esquinca”.
En su texto y en posteriores entrevistas, Gina, de profesión psicóloga clínica, aclaró que, luego de su denuncia pública, al menos cinco mujeres más habían denunciado que Héctor Armando “N” abusó sexualmente de ellas.
Contexto: las cifras de abuso infantil en Chiapas
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el año pasado se abrieron 314 carpetas de investigación por el delito de pederastia en Chiapas. En 2023, la cifra alcanzó las 387, mientras que en 2022 fueron 473 y en 2021 se registraron 490 casos.
En cuanto al delito de estupro, en 2024 se abrieron 15 carpetas de investigación, mientras que en 2023 fueron 13. En 2022 se registraron 29 casos y en 2021 la cifra fue de 38.
Según la Fundación Internacional “Granito de Arena”, cuyo objetivo es brindar atención psicológica y jurídica a infantes víctimas de abuso sexual, Chiapas es un “foco rojo” en delitos de esa índole.
Elena Torres Villanueva, su presidenta, advirtió que, de hecho, una de las grandes preocupaciones es que Chiapas es una de las nueve entidades del país que no han homologado la reforma a su Código Penal relativo a la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad.
Lo que urge, dijo, es que los legisladores locales homologuen el Código Penal de Chiapas al federal, “en abril de 2023 hubo una propuesta en el Congreso del diputado Raúl Bonifaz Muedano, pero aún no se ha hecho, no se ha discutido; de hacerlo, los delitos sexuales contra menores en el estado no prescribirían”.
Con base en su experiencia y a la llamada “cifra negra”, evidenció que muchos delitos de ese tipo han prescrito, debido a que las autoridades dictan el no ejercicio de acción penal porque transcurrió el tiempo que se tiene para denunciar, es decir alrededor de 10 años después de que ocurrieron los abusos como casos de pederastia.
Tras dejar en claro que este tipo de delitos son ejercidos, por lo regular, de gente cercana a la víctima, como familiares o amigos, subrayó que se tiene que hacer algo urgente.
Abuso infantil podría no preescribir en Chiapas
En una entrevista con La Silla Rota, Katy Aguiar, diputada local por el Distrito XVIII por el Partido del Trabajo (PT), manifestó que, de hecho, la intención es que en la actual legislatura chiapaneca el abuso sexual infantil sea un delito que no prescriba.
Explicó que, en estos momentos, ella hace un análisis sobre la homologación del Código Penal federal, mismo que establece que, una vez que la víctima cumple los 30 años de edad, tiene hasta tres lustros para denunciar el abuso sexual.
“Lo que intentaremos es que se pueda reformar el código, pero desde la imprescriptibilidad, es decir que no haya un tiempo máximo, y esto está fundamentado en el hecho y en muchas de las consignas en las que hemos participado, pues las víctimas no hablan o denuncian cuando quisieran, sino cuando pueden”, argumentó.
Para ella, dijo, lo más seguro es que esa reforma se dé en esta legislatura, sobre todo porque ve, añadió, a diputados y diputadas comprometidos y conscientes con el tema.
“Y más porque la mayoría viene de banderas de lucha que tienen que ver con la protección de las infancias, de las mujeres o de los grupos que, históricamente, han sido vulnerados”.
Un panorama que preocupa
La Fundación Internacional “Granito de Arena” detalló que las atenciones han aumentado, pues a la semana atendían a 35 niños y niñas, cifra que subió a 58 por ese mismo lapso, además de que cuentan con lista de espera.
Desde que esa fundación fue creada en el 2009, han atendido a más de 6,800 menores (el 80 por ciento son niñas). Pese a que la prioridad es para las víctimas de Chiapas, también han recibido de otras entidades de México o de países como Colombia.
Cada semana, estima que les llegan mil mensajes de solicitud de apoyo, pero no tienen la capacidad para atender a todos al mismo tiempo.
¿Por qué las víctimas tardan años en denunciar?
Al igual que Gina Esquinca, quien fue “atacada” en redes sociales por denunciar mucho tiempo después el abuso que sufrió por parte de su padre y su tío, miles de mujeres en todo el mundo enfrentan una situación similar.
En entrevista, Osiris Angeles, psicóloga forense, advirtió que la sociedad no comprende lo que una víctima sufre ni lo difícil que es denunciar, especialmente cuando no se tiene conciencia del daño sufrido a una edad tan temprana.
Aclaró que la mayoría de las víctimas desde la infancia presentan el Síndrome de Adaptación Paradójica en Abuso Sexual Infantil, que es similar al Síndrome de Estocolmo.
El problema, explicó, radica en que, al estar atrapadas en una situación de abuso, las víctimas desarrollan una asimilación con el agresor. Como son niños, no tienen una comprensión clara de lo que es bueno o malo, lo que dificulta su capacidad para identificar el abuso.
Por esta razón, mencionó que la mayoría de las víctimas denuncia entre los 15, 16 o 17 años, o incluso en la adultez, una vez que procesan el trauma y las consecuencias, como ocurrió en el caso de Gina Esquinca.
El síndrome mencionado, explicó, comienza con una fase de seducción, generalmente por parte de alguien cercano, como un amigo, papá, abuelo, primo, entre otros. “En esta etapa les dan regalos a los pequeños, cariño, se ganan su confianza y la de los papás”.
Es complicado descubrir que un niño ha sufrido ese delito, ya que existen varios factores que les impiden hablar a tiempo, tales como la vergüenza o las amenazas.
Además, subrayó que las víctimas viven dos realidades: un padre que provee, cuida y lleva la comida a casa, pero que por la noche se convierte en abusador. “Todo ello crea una disonancia cognitiva en el cerebro, y no saben la realidad, o qué es lo que ocurre, ‘por qué mi papá es bueno, y luego es malo’… eso los lleva a callar más tiempo; por eso las víctimas hablan cuando alcanzan la madurez mental”.
Por desgracia, coincidió Elena Torres, de la Fundación Internacional “Granito de Arena”, son pocos los niños y niñas que denuncian haber sufrido violencia sexual en su momento. De ahí, insistió, la importancia de que estos delitos no prescriban.
Por su parte, la legisladora Katy Aguiar afirmó que el hecho de denunciar un abuso sexual desde la infancia también expone a la víctima al escrutinio público, ya que muchas veces se les cuestiona “por qué hasta ahorita denuncia”.
Comentó que esto no debería ser tema de discusión pública, sino una cuestión personal de la víctima. “Por eso analizamos la posibilidad de reformar el (artículo) 133 Bis del Código Penal, para que estos delitos no prescriban, para cuando la víctima esté lista (para denunciar)”.
Esto sería un parteaguas en Chiapas, ya que se pondría sobre la mesa el no revictimizar a las personas, externó. También mencionó que sería necesario analizar la gravedad del delito y asegurar que el castigo esté acorde a la magnitud del mismo.
“No sé qué haya pasado antes (del porqué no se aprobaba), pero insisto, en esta legislatura creo que sí se dará esa reforma. Lo digo a título personal, voy a empujar esa iniciativa”, afirmó.
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Finalmente, aclaró que se debe revisar el Código de Procedimientos Penales para evitar que la víctima tenga que declarar ante cinco o seis ministerios públicos, lo que contribuye a la revictimización.