El Congreso del Estado de Sinaloa ha iniciado el proceso de análisis de una reforma al Poder Judicial que propone la elección de jueces y magistrados mediante voto popular.
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Durante la sesión del martes 11 de marzo de 2025, se dio la primera lectura a las iniciativas relacionadas con esta propuesta, mientras que esta semana recibió primera lectura el dictamen de la reforma.
Esta reforma se enmarca en el contexto de la reforma judicial mexicana de 2024, que introdujo cambios significativos en el sistema judicial del país.
Los cambios por reforma judicial
Entre las modificaciones destacadas se encuentran la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9, la limitación de sus periodos a 12 años y la implementación de la elección popular de jueces previamente seleccionados por el Congreso, con mandatos renovables de nueve años.
Además, se estableció un nuevo tribunal encargado de la supervisión y responsabilidad judicial, y se redujeron significativamente los beneficios y salarios de los miembros del Poder Judicial.
La reforma nacional fue impulsada por el partido en el poder, Morena, con el objetivo de eliminar la corrupción en el sistema judicial.
Sin embargo, ha enfrentado resistencia por parte de partidos de oposición, trabajadores judiciales y organizaciones internacionales, quienes argumentan que podría comprometer la independencia judicial.
Estas preocupaciones han generado protestas y huelgas a nivel nacional, incluyendo la irrupción en el Senado durante la votación del proyecto.
Sinaloa se evaluará la reforma al poder judicial
En Sinaloa, la propuesta de elección popular de jueces y magistrados busca alinear el sistema judicial estatal con las reformas federales. La iniciativa está siendo analizada por las comisiones correspondientes del Congreso local, y se espera que en las próximas semanas se realicen debates y consultas para evaluar su viabilidad e impacto en la impartición de justicia en el estado.
La implementación de esta reforma representaría un cambio significativo en la forma en que se designan las autoridades judiciales en Sinaloa, buscando fomentar una mayor participación ciudadana y transparencia en el proceso de selección de jueces y magistrados.