El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya está en la mira de los ciudadanos. Hasta el momento ya son 3 las manifestaciones multitudinarias en las que se pide su renuncia debido a la ola de violencia generalizada que se vive en el estado de Sinaloa desde el mes de septiembre y los daños colaterales que ha dejado. El asesinato de los niños Alexander y Gael, hermanos de 11 y 9 años, respectivamente, fue la gota que derramó el vaso y acrecentaron la ira contra las autoridades y la exigencia de la salida del gobernador.
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La petición para que el mandatario dimita generó una discusión en redes sociales e incluso el tema llegó hasta la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en dos ocasiones se ha pronunciado al respecto aclarando que su función no es quitar o poner gobernadores.
La titular del ejecutivo federal argumentó que su gobierno respeta la democracia y no apoyará acciones autoritarias para remover gobernadores, y destacó que existen mecanismos legales para la destitución de un mandatario estatal, que se deben seguir procedimientos claros y apegados a la ley.
¿Cómo se puede destituir a un gobernador en México?
La destitución de un gobernador en México está regulada por la Constitución y las leyes locales de cada estado. Existen varios mecanismos legales que permiten este proceso, desde la intervención del Senado de la República hasta consultas populares, dependiendo de la situación. ¿Cuáles son?
- Declaración de desaparición de poderes
La Cámara de Senadores tiene la facultad exclusiva de declarar la desaparición de poderes en un estado, incluyendo al Ejecutivo, cuando: Se quebrantan principios del régimen federal; el gobernador abandona sus funciones o está imposibilitado físicamente para ejercer su cargo; se intenta extender el mandato más allá del periodo constitucional.
Si esto ocurre, el Senado puede designar un gobernador provisional que convoque a elecciones para restablecer el orden constitucional. Este proceso está previsto en el artículo 76, fracción V, de la Constitución mexicana.
- Juicio político por causas grave
El Congreso local de cada estado puede iniciar un juicio político contra el gobernador si considera que existen causas graves como: Violaciones a la Constitución estatal o federal; delitos graves cometidos durante su mandato; incapacidad física o mental comprobada; faltas graves en el desempeño de sus funciones.
Este proceso garantiza el derecho a la defensa del gobernador antes de emitir un fallo definitivo.
- Revocación de mandato
Con la reforma constitucional de 2019, se introdujo la figura de la revocación de mandato, la cual permite que los ciudadanos puedan destituir a un gobernador mediante una consulta popular. Para que el proceso sea válido: Debe participar un porcentaje mínimo del electorado; una mayoría de los votantes debe aprobar la revocación. En Sinaloa está aprobado el mecanismo.
- Intervención del Poder Judicial
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene facultades directas para destituir a un gobernador, puede intervenir cuando este incurre en actos que violen la Constitución federal o desobedezca resoluciones judiciales. Las sanciones legales derivadas de estas violaciones pueden, en casos extremos, llevar a su remoción.
- Intervención del Congreso de la Unión
El Congreso de la Unión puede actuar en casos excepcionales de crisis institucional en un estado. Por ejemplo, si las instituciones estatales dejan de funcionar conforme a la Constitución, el Senado puede declarar la desaparición de poderes y designar un gobernador interino.