Puebla -El Congreso de Puebla arrancará en enero de 2026 una discusión profunda sobre cómo evitar que presuntos criminales o perfiles cuestionados lleguen a una candidatura, confirmó el presidente de la Junta de Gobierno, Pavel Gaspar Ramírez. El anuncio se da un día después de que el gobernador Alejandro Armenta urgiera a los partidos a no “alentar” a delincuentes en sus filas.
El debate se encamina a una reforma electoral previa a los comicios de 2027, en los que se renovarán alcaldías y diputaciones. La preocupación de fondo: impedir que grupos delictivos influyan en la vida pública a través de candidaturas aparentemente legales.
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Gaspar Ramírez adelantó que los trabajos comenzarán con una reunión este lunes, en la que se plantearán los primeros “candados” que podrían incorporarse. A partir de enero, el análisis será exhaustivo y abierto a especialistas.
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El legislador sostuvo que el objetivo es claro: proteger la seguridad de los poblanos y evitar que aspirantes con historial dudoso lleguen a cargos donde puedan ejercer poder político o territorial.
La iniciativa responde al llamado del gobernador, quien el 27 de diciembre pidió a los partidos verificar a fondo los antecedentes de sus aspirantes y escuchar a las comunidades que señalan a ciertos perfiles como presuntos delincuentes.
Un fenómeno que ya dejó señales de alarma
Aunque el gobernador no mencionó nombres, su llamado apuntó indirectamente al caso de Pacto Social de Integración (PSI), que en 2024 postuló a la alcaldesa de Quecholac, Guadalupe Martínez.
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La edil es hija de Antonio Valente Martínez Fuentes, “El Toñín”, señalado por autoridades como presunto líder huachicolero, quien recientemente arremetió en redes contra el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.
Para el Congreso, estos episodios evidencian una vulnerabilidad en los procesos internos de selección de candidatos, donde la militancia se ha usado —en algunos casos— como escudo de impunidad.
Gaspar Ramírez insistió en que los partidos ya tienen la obligación legal de revisar a quienes postulan, pero reconoció que las herramientas actuales podrían ser insuficientes para frenar perfiles con vínculos opacos o influencias criminales.
La reforma
Por ello, la reforma busca elevar el estándar legal, incorporando mecanismos que permitan a autoridades electorales y a partidos bloquear aspirantes con antecedentes irregulares o con señalamientos públicos comprobables.
Los foros —que se desarrollarán durante los primeros meses de 2026— incluirán a académicos, especialistas en seguridad, autoridades electorales, organizaciones civiles y representantes comunitarios, con el fin de construir criterios objetivos de exclusión.
El Legislativo adelantó que la prioridad será cerrar el paso a quienes buscan usar las candidaturas como plataforma de protección política, y garantizar que la contienda de 2027 no repita casos donde la sombra del crimen organizado se cruza con la competencia electoral.