Michoacán -El día apenas comienza cuando el primer patrullaje avanza por las calles de la cabecera municipal y abandona la ciudad para internarse, sigiloso, entre las huertas de limón. Los militares disminuyen la velocidad, no para descansar, sino para no delatar su presencia ante quienes durante años sembraron minas artesanales y miedo.
En esos caminos que llevan a los campos cítricos, el sonido más fuerte no son las botas ni los motores: es el chasquido de las ramas al desprender la esfera verde que los niños cortan con destreza, como si hubieran nacido entre árboles.
Esos pequeños, los más aguerridos cortadores, trabajan porque en sus comunidades de Guerrero, Chiapas y Oaxaca la pobreza los alcanzó antes que la infancia. Y en Apatzingán, aun lejos de casa, el peligro seguía siendo parte de sus días: explosivos enterrados por el Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG) y enfrentamientos que estallaban mientras ellos llenaban costales.
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Ahora, dicen los jornaleros, el paisaje cambió. No porque los riesgos hayan desaparecido, sino porque el Ejército y la Guardia Nacional vigilan las huertas como si protegieran un tesoro: los niños.
Isaac Gutiérrez llega con su costal repleto y lo vacía en los contenedores. Cada caja representa hasta 60 pesos, pero también un pequeño triunfo: trabajar sin miedo. “Ya nos dejan trabajar a gusto… antes había minas y uno salía con miedo de pisar una”, recuerda, aún sudoroso.
Mientras tanto, los militares caminan entre los árboles, saludan a los cortadores y escuchan a los niños, que les hablan como a viejos conocidos. La cercanía no es casual. “Lo primordial son las familias y los niños”, explica Kennett Jesua Basurto Rodríguez, teniente de Infantería. Su misión, asegura, es doble: garantizar el trabajo en las huertas y evitar que los menores queden atrapados en el fuego criminal.
El oficial Jiménez, de la Guardia Nacional, añade: “Acompañamos el limón hasta el empaque o el tianguis. Le damos seguridad a los cortadores”.
La presencia de fuerzas federales no solo ha sido notoria en los campos; también ha sido celebrada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Su presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda, lo resume como un paso necesario: “Es una exigencia social que se había planteado desde hace tiempo. Es positivo ver a las fuerzas armadas resguardando a niños y familias”.
El Ombudsman insiste en que la seguridad es apenas el inicio. Para transformar la vida de estos menores —muchos migrantes internos— se requiere educación, salud, alimentación y una política integral de justicia restaurativa. La CEDH ya trabaja en diagnósticos para ello.
Porque en Michoacán, donde se estima que 212 mil niños trabajan —y el 80% lo hace en el campo, especialmente en el corte de limón— la presencia militar no solo protege un producto agrícola. Protege la infancia que, entre limoneros, aún intenta sobrevivir.
Entre limones y amenazas
Desde las 4:30 de la mañana, antes de que el sol caiga sobre la Tierra Caliente, familias enteras comienzan a reunirse frente al monumento a Lázaro Cárdenas, en una de las salidas de la zona urbana de Apatzingán. Adultos mayores, jóvenes y niños que apenas caminan esperan ahí, en silencio o con ligeros murmullos, a ser contratados para el corte de limón. Para muchos, esta oportunidad había sido imposible durante meses: la mayoría de las huertas estaban asediadas, atacadas o directamente minadas por el Cártel Michoacán Nueva Generación.
La ofensiva del bloque criminal —conformado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras y Los Blancos de Troya— ha dejado un saldo devastador en los últimos dos años: jornaleros, productores, empacadores e incluso elementos de fuerzas federales han perdido la vida. Hoy sus líderes permanecen ocultos, a salto de mata, mientras autoridades estatales y federales advierten que van por ellos.
Cada mañana, en el cuartel de la 43 Zona Militar, los soldados y guardias nacionales del grupo élite “Murciélagos” se preparan para una jornada que inicia temprano y termina tarde. Su misión es clara: resguardar la cadena productiva del limón. Tras colocarse el equipo táctico, la tropa recibe instrucciones directas del oficial Jiménez, de la Guardia Nacional, encargado de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) de Apatzingán. Él, consciente del riesgo constante, insiste en cada salida:
“En todo momento, se debe preservar la seguridad, tanto de los tiradores como del personal que va en la parte de atrás; y asimismo establecer todas las medidas de seguridad en el armamento. Ante cualquier situación, informar inmediatamente por los radios que llevamos, jóvenes”.
El despliegue de 10 mil 600 soldados y guardias nacionales ordenado por el gobierno federal, tras los asesinatos de Bernardo Bravo y del alcalde de Uruapan, busca contener la violencia que se extiende por zonas urbanas, rurales y agrícolas. En Tierra Caliente —donde Apatzingán y Buenavista concentran la mayor producción de cítricos del país?? los retos se multiplican.
Dos localidades representan focos rojos especialmente delicados: Cenobio Moreno y Santa Ana Amatlán. Ahí, el ambiente es todavía más hostil. No solo operan grupos criminales; también reciben protección de parte de los propios habitantes. Desde esas comunidades salen muchas de las amenazas de “pagan o mueren” que sostienen el sistema de extorsión contra productores, empacadores y transportistas.
Pese a la complicidad local, los convoyes federales no se detienen. Recorren los poblados, avanzan por las brechas y se internan en las huertas donde aún es latente la presencia de artefactos explosivos sembrados bajo tierra. Esos dispositivos han matado a trabajadores agrícolas y habitantes de la zona.
La vigilancia, por ello, no se limita a los caminos rurales. También abarca los empaques y el tianguis limonero, sin descuidar las parcelas donde todos los días los cortadores trabajan con la incertidumbre de no saber si regresarán con el costal lleno… o si un mal paso activará un explosivo oculto bajo la tierra.
Entre el calor extremo y las armas largas
En una de las huertas más extensas de la zona rural de Apatzingán, el sol apenas asoma y las manos de los campesinos ya trabajan sin pausa: cortar, seleccionar, llenar la bolsa y vaciar el cítrico en las cajas, mientras avanzan por las interminables hileras de árboles.
El calor sofocante, que alcanza los 42 grados centígrados, no detiene a los trabajadores del campo —hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores— quienes dependen por completo de esta actividad agrícola. Muchos incluso viven dentro de las huertas, en pequeñas casas levantadas entre los cultivos. Bajo esas mismas temperaturas patrullan también los elementos de fuerzas federales asignados a esta región como parte del Plan Michoacán y la Operación Paricutín, recorriendo carreteras, caminos rurales, empaques y zonas citrícolas.
Los convoyes parten cada día de la 43 Zona Militar, formados por soldados y guardias nacionales que reciben indicaciones claras antes de salir. “Hoy toca realizar patrullamientos disuasivos y brindar seguridad en las huertas limoneras, los empaques y el tianguis limonero, como parte del Plan Michoacán del gobierno federal”, anuncia con voz firme un mando de fuerzas federales a su tropa.
Así, equipados con armas largas y fusiles de asalto, se despliegan en la región con la misión de contener la violencia y reducir la comisión de delitos de alto impacto que golpean a la cadena productiva del limón.
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La otra cara de la cadena productiva del limón
Entre los sectores más vulnerables en el estado de Michoacán, por la pobreza, las condiciones de salud y su fragilidad humana, son los niños jornaleros. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), recabados por la CEDH, revelan que, en Michoacán, se estima que hay 212 mil menores en situación de trabajo infantil. De ese total, el 80 por ciento se desempeña en actividades agrícolas, principalmente en el corte de limón, aguacate, plátano y berries en regiones como Apatzingán, Uruapan, Zamora y Jacona.
La CEDH, refiere que muchas veces, esos menores están en condiciones de movilidad y migración interna, con presencia importante de niñas y niños provenientes de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y, el resto de la población pertenecen a localidades cercanas a las cabeceras municipales de las regiones.