Las organizaciones Agua para Todos y la Contraloría Autónoma del Agua que agrupan a colectivos socialrs y comunidades en diversas entidades, denunciaron que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados mantiene intacto el mocelo instaurado en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sin mecanismos reales para combatir el acaparamiento, la sobreexplotación ni para garantizar el acceso al agua en comunidades con marginación hídrica.
Las agrupaciones acusaron que hubo un proceso atropellado que permitió que esra reforma furra aprobada, en primer lugar al señalar en que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) habría impuesto la aprobación exprés de la iniciativa, sin revisión pública ni cumplimiento de los principios constitucionales de equidad, sustentabilidad y participación ciudadana.
Las organizaciones advirtieron que la reforma dejó fuera las propuestas escenciales de las comunidades marginadas como son:
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- Prohibir la privatización de obras y sistemas de agua y saneamiento.
- Reconocer derechos de pueblos indígenas al agua.
- Integrar consejos de cuenca representativos.
- Tipificar la contaminación como delito.
- Extinguir concesiones industriales con adeudos o sin pago de derechos.
- Proteger a usuarios agropecuarios familiares ante la extinción de derechos por falta de comprobación de uso.
Además señalan que la reforma avalada no obliga a Conagua a desmontar el acaparamiento, poner orden en el sistema de concesiones ni combatir la corrupción en su manejo y mucho menos exige transparentar solicitudes de concesión o adoptar tecnologías.
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Contexto: El Senado de la República aprobó la nueva Ley de Aguas Nacionales con 85 votos a favor y 36 en contra, luego de incorporar 68 modificaciones negociadas con el sector campesino. Con esta reforma se busca garantizar el acceso al agua como derecho humano y evitar su mercantilización, fue turnada al Ejecutivo para su publicación.
La ley establece nuevos criterios para la transmisibilidad de concesiones, que solo podrán reasignarse en casos de compraventa, herencia o fusiones, con respuesta obligatoria de la autoridad en un plazo máximo de 20 días hábiles.
También fija penas de hasta 14 años de prisión por traslado ilegal de agua e instruye a Conagua a implementar un programa para evitar acaparamiento del recurso.
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