TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.– Con la voz entrecortada, dificultades para hilar palabras y postrada en una silla de ruedas desde que fue atropellada en horario laboral, Verónica Jaquelín Ordóñez Roblero enfrenta una segunda batalla que parece aún más desgastante que la médica: la lucha por justicia. Han pasado 14 años desde aquel accidente que le cambió la vida, pero la empresa cervecera involucrada sigue sin cumplir con la reparación integral del daño que por ley le corresponde.
En entrevista con La Silla Rota, el asesor jurídico de Verónica, Rosember Díaz Pérez, explica que aunque el caso ha ganado todos los amparos y cuenta con una sentencia “firme” desde 2023, una serie de “trabas” mantiene frenado el cumplimiento. Asegura que existe un conflicto de intereses ligado a las relaciones entre los dueños de la compañía responsable y personajes del gobierno, lo que ha permitido, dice, que el proceso se lleve de manera incorrecta y que, de forma deliberada, se evite ejecutar la resolución judicial.
También puedes leer: ¿Quién amenaza a la prensa en Chiapas? 85 carpetas de investigación en 5 años
Te podría interesar
La sentencia obliga a la empresa a cubrir los gastos médicos necesarios para la recuperación de Verónica, otorgarle un salario mínimo para el pago de una persona que la cuide y garantizarle una pensión vitalicia. Pero nada de eso se ha hecho efectivo. Y mientras el tiempo pasa, la situación familiar se agrava: Verónica, contadora pública de profesión, tiene una hija de 16 años que requiere apoyo para continuar sus estudios; su esposo la abandonó tras el accidente, y sus padres —ya ancianos— cargan con el peso emocional, físico y económico de este largo viacrucis.
Una vida truncada
En abril de 2011, cuentan sus familiares, Verónica trabajaba en un despacho contable de Tuxtla Gutiérrez. Ese día, por petición de su jefe, salió a revisar unos documentos de una empresa cervecera a la que el despacho le llevaba la contabilidad. Cumplió con el encargo y, al llegar a la altura de Plaza Ámbar, en el oriente de la ciudad, una camioneta de esa misma compañía cervecera la arrolló mientras cruzaba la avenida para tomar un transporte.
El impacto marcó un antes y un después. Verónica pasó tres meses en coma y, posteriormente, quedó un tiempo en estado vegetal. Su carrera profesional quedó suspendida de manera abrupta. El despacho para el que trabajaba cubrió una parte de la indemnización y, desde entonces, ella recibe una pensión mínima del seguro social. Pero nada alcanza. Su padre y su madre, ambos ya ancianos, han tenido que entregar años, energía, dinero y prácticamente su vida entera a este largo y doloroso “viacrucis”.
Para el abogado Rosember Díaz, entrevistado por La Silla Rota, la falta de justicia no solo prolonga el sufrimiento, sino que constituye una forma de revictimización, agravada por los obstáculos que impone un Juzgado Público que ha evitado que la sentencia firme se cumpla.
Lo más duro, asegura, es la sensación de abandono institucional: “Parece que los responsables y la misma justicia esperan que Verónica fallezca para darle carpetazo al asunto”. Por ello, sostiene que el caso podría incluso ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que se han vulnerado los derechos de Verónica como víctima.
Amenazas y un camino cuesta arriba
Rosember Díaz sabe que enfrenta, en sus palabras, a un “monstruo”. La muestra más clara, dice, llegó hace unos meses, cuando recibió una amenaza directa del apoderado legal de la empresa señalada como responsable, quien además funge como funcionario de gobierno.
Le advirtió que no se tomara el caso “de manera personal” y le insinuó que, por ser un abogado joven, su carrera podía “verse truncada en los próximos seis años”. No fue una amenaza explícita, admite, pero sí lo suficientemente grave para alarmarlo: “Alguien que debería garantizar que se cumpla la sentencia te amedrenta… es más complejo”.
En medio del proceso, los afectados han observado cambios constantes en la razón social de las empresas que tendrían que responder por la reparación del daño. Actualmente aparecen bajo los nombres “Asesoría Comercial de Chiapas, S.A. de C.V.” y “Exclusivas de Tuxtla, S.A. de C.V.”, ambas representadas por Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito.
Mientras tanto, la vida de Verónica sigue marcada por las secuelas del daño craneoencefálico: la mitad de su cuerpo permanece paralizada. “Recuerdo cuando la conocí —narra Rosember—, aún estaba recostada en una cuna; en ese estado hasta se encogió… era increíble verlo”.
Ella ha intentado dar entrevistas, pero su condición lo dificulta. En ocasiones reconoce que olvida cosas con frecuencia, una parte de su cuerpo y la cabeza le tiemblan, su habla no es clara y no puede caminar. A pesar del esfuerzo de su familia, que ha seguido al pie de la letra las terapias y recomendaciones médicas, su recuperación máxima podría alcanzar apenas un 60 por ciento; el resto, admiten los especialistas, es daño irreversible.
El abogado explica que el 3 de septiembre pasado enviaron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la esperanza de que el caso sea atendido y, finalmente, se le haga justicia a Verónica.