Nuevo León -El programa de “regularización” de placas foráneas impulsado por el gobierno de Nuevo León ha detonado un intenso debate público sobre su pertinencia, legalidad y aplicación, particularmente entre automovilistas provenientes de estados vecinos como Coahuila y Tamaulipas.
Mientras el Estado sostiene que quienes viven en Nuevo León deben cambiar placas de otras entidades para mejorar el control vehicular y la seguridad, voces ciudadanas y especialistas advierten que la medida no considera la dinámica regional del noreste, donde miles de personas se desplazan de manera cotidiana sin residir necesariamente en la entidad.
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Habitantes de Coahuila y Tamaulipas señalan que Monterrey y su zona metropolitana funcionan como un espacio conurbado, con intercambio laboral, comercial y educativo constante, por lo que consideran injustificado que se les exija cambiar placas o se les detenga por circular con registros vigentes de sus estados.
Región noreste y libertad de tránsito
El presidente del Movimiento Vial Ciudadano, Ervey Cuéllar, afirmó al medio El Horizonte, que debe existir tolerancia hacia los vehículos del noreste, pues no se puede coartar la libertad de tránsito por el simple hecho de portar placas de otra entidad federativa.
“No se puede estar molestando a personas que entran y salen diariamente de Nuevo León por motivos laborales o comerciales; eso no es conveniente ni legal”, señaló el abogado, al advertir posibles violaciones al artículo 11 constitucional.
Ciudadanos de Saltillo han denunciado que desde noviembre han sido detenidos por policías de Nuevo León únicamente por portar placas de Coahuila, a pesar de no residir en el estado. “Venimos varias veces a la semana y nos paran solo por las placas; eso no debería pasar”, indicó uno de ellos bajo anonimato.
Cuéllar subrayó al medio regional que no se puede “regularizar lo que ya está regularizado”, pues portar placas vigentes de otro estado no constituye una irregularidad, especialmente cuando no existe residencia en Nuevo León.
Operativos y avance limitado del programa
A tres meses del inicio del programa, autoridades estatales reconocen un avance mínimo. De los hasta 600 mil vehículos con placas foráneas que circulan en Nuevo León, solo el 4% ha realizado el trámite, equivalente a 24 mil 673 unidades.
Funcionarios del Instituto de Control Vehicular (ICV) anticiparon que, a partir de enero, corporaciones como Fuerza Civil y policías municipales intensificarán los operativos para detectar vehículos con placas de otros estados.
Durante la conferencia Nuevo León Informa, el titular del ICV, Ramiro Adrián Bravo, y la jefa de la oficina de la gubernatura, Mariela Saldívar, expresaron su preocupación por la baja respuesta ciudadana al programa.
Saldívar justificó la medida al señalar que vehículos con placas foráneas han sido detectados en hechos delictivos y accidentes de tránsito, donde resulta difícil localizar a los responsables. “Cambiar placas es una forma de autoprotección y de generar conciencia comunitaria”, afirmó.
¿Medida inconstitucional o discriminatoria?
Cuéllar advirtió que la política tiene visos de inconstitucionalidad y que cualquier juez podría amparar a un ciudadano inconforme. Comparó la exigencia con impedir a un profesionista ejercer en otro estado sin volver a acreditar su título.
Además, cuestionó el carácter selectivo de los operativos, al señalar que vehículos pesados y tráileres con placas foráneas no suelen ser detenidos, lo que podría configurar una medida discriminatoria contra automovilistas particulares.
Datos del ICV revelan que la mayoría de los vehículos foráneos proviene de Tamaulipas, seguido de Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y Durango, lo que refuerza el debate sobre la movilidad interestatal en la región.
Las autoridades estatales insistieron en que el programa continuará, pues el 95% de los vehículos con placas foráneas sigue circulando sin regularizarse, y una parte importante de los conductores no cuenta con licencia vigente ni es propietario legal del vehículo.
Así, la regularización de placas en Nuevo León se ha convertido en un punto de tensión entre seguridad, legalidad y movilidad regional, en un contexto donde la vida cotidiana del noreste rebasa los límites administrativos de cada estado.