Nuevo León -El incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN) volvió a colocarse en el centro del debate público en Nuevo León, luego de que el Paquete Fiscal 2026 contemplara la posibilidad de elevar la tasa del 3 al 4 por ciento. La propuesta ha generado un rechazo frontal de organismos empresariales como Caintra, Coparmex y Canaco, que advierten impactos negativos en la competitividad y el empleo.
Actualmente, el ISN es un gravamen que pagan las empresas por cada trabajador contratado y se calcula sobre el total de los salarios. En Nuevo León, este impuesto se ubica en 3 por ciento, mientras que en entidades como la Ciudad de México y Baja California ya alcanza el 4 por ciento, referencia que el gobierno estatal ha puesto sobre la mesa.
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Qué es el ISN y a quién impacta
El Impuesto Sobre Nómina es una de las principales fuentes de ingresos propios para los estados. Lo recaudado suele destinarse a infraestructura, programas sociales y gasto corriente. Sin embargo, el sector privado argumenta que cualquier incremento eleva los costos laborales y puede desincentivar nuevas contrataciones o inversiones.
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Empresarios señalan que, en un contexto de desaceleración económica e inflación, subir el ISN equivale a cargar el ajuste fiscal sobre quienes generan empleo. Por ello, desde agosto pasado han advertido que no avalarán un aumento sin antes revisar alternativas de eficiencia en el gasto público.
La postura del gobierno estatal
El gobernador Samuel García ha optado por deslindarse de la decisión final y dejarla en manos del Congreso local. Tras regresar de Washington, donde participó en actividades relacionadas con el Mundial 2026, el mandatario afirmó que acatará sin problema lo que determinen los diputados.
No obstante, el debate ha generado tensiones políticas y empresariales que, de acuerdo con analistas, requieren un canal institucional que evite confrontaciones y decisiones precipitadas con fines electorales.
Una propuesta para ordenar el debate
Especialistas en finanzas públicas han planteado la creación de consejos fiscales independientes, organismos técnicos financiados con recursos públicos pero autónomos del gobierno. Su función sería evaluar de manera objetiva los ingresos, el gasto y el impacto de decisiones como el aumento de impuestos.
Estos consejos, conocidos como IFIs por sus siglas en inglés, buscan reducir el llamado “sesgo al déficit”, es decir, la tendencia de los gobiernos a gastar más de lo sostenible por razones políticas. En el caso de Nuevo León, podrían servir como árbitros técnicos entre el gobierno y el sector empresarial.
Esta semana se prevé que empresarios y legisladores sostengan reuniones para analizar el tema. Analistas subrayan que el reto no es solo decidir si se incrementa o no el ISN, sino cómo se toman decisiones fiscales responsables que no comprometan el desarrollo económico ni las finanzas públicas del estado.