Michoacán -Este martes se cumplen seis semanas de la primera manifestación realizada en Morelia tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Aquella protesta derivó en la detención de ocho personas; todas fueron liberadas en días posteriores, excepto Raúl Meza Abonce, un joven de 28 años que permanece encarcelado y a quien su familia y su defensa legal señalan como un preso político.
Raúl acudió a la manifestación del 2 de noviembre, un día después del crimen contra el edil, para exigir justicia y paz. No lo hizo —asegura su familia— como agitador, sino como víctima indirecta de la violencia que golpea a Michoacán: ha perdido a su hermano mayor, a su pareja y ha vivido un secuestro, sin que en ninguno de los casos haya habido justicia.
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Una protesta nacida del dolor
Estefani Abonce, hermana de Raúl, explica a los medios de comunicación que su hermano llegó a la protesta impulsado por la acumulación de agravios personales y la indignación social.
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“A nosotros en 2022 nos desvivieron a mi hermano mayor; ya van a ser cuatro años y no se hizo justicia. Tiempo después, a él también le desvivieron a su pareja, fue un feminicidio, y tampoco pasó nada. Luego ocurre lo de Carlos Manzo y mi hermano, lleno de impotencia y coraje, de ver cómo nos están matando y no hay justicia, decidió manifestarse”, relata.
Durante la protesta, se registraron destrozos al interior del Palacio de Gobierno, en los que Raúl participó. Su familia reconoce esos daños y asegura estar dispuesta a repararlos económicamente, al considerar que se trata de faltas que no ameritan prisión preventiva.
Sin embargo, el delito que hoy mantiene a Raúl privado de la libertad es sabotaje, una imputación que su familia y abogados consideran desproporcionada y con un claro tinte político.
Acusación de sabotaje y señalamientos selectivos
De acuerdo con su defensa, a Raúl se le pretende responsabilizar por los hechos ocurridos durante una movilización de aproximadamente 600 personas.
“Lo quieren culpar por todo lo que pasó, por todo lo que hizo una multitud, no solamente él”, señala Estefani. Añade que la acusación de sabotaje se sustenta, entre otras cosas, en consignas coreadas por la multitud como “Fuera Bedolla”.
Además, la familia denuncia que también se le ha intentado vincular con el uso de bombas molotov, pese a que en la carpeta de investigación consta que fue detenido sin portar objeto alguno.
El abogado defensor, Carlos Escobedo, sostiene que la imputación responde a un intento de frenar la protesta social.
“Si les están imputando un sabotaje, es precisamente con ese afán de carácter político, de evitar que continúen las manifestaciones y protestas contra el gobierno del estado, por su incapacidad e inacción frente a la crisis de seguridad”, afirmó.
El defensor subrayó que Raúl tenía razones legítimas para manifestarse y que su presencia no obedecía a un interés de desestabilización política, sino a una indignación profundamente personal.
“Él vivió en carne propia esta violencia. No estaba ahí para generar una afectación política, sino por un reclamo legítimo de justicia”, sostuvo.
Denuncias por tortura y violaciones a derechos humanos
La defensa de Raúl también documentó agresiones físicas y actos de tortura durante su detención. En uno de los videos difundidos públicamente se observa a un escolta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aplicar el método conocido como “tehuacanazo”. Tras la difusión del material, la dependencia anunció el inicio de una investigación contra el elemento involucrado.
En otro video, se aprecia a un guardia civil propinar patadas a Raúl cuando ya se encontraba sometido.
Los abogados aseguran que hubo múltiples violaciones a sus derechos humanos, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la fiscalía especializada en derechos humanos y en materia de tortura.
“Se solicita que se investiguen estos hechos y otras conductas que no se han hecho públicas: intimidación, la obligación de entregar la contraseña de su teléfono para acceder a la información y borrarla, así como interrogatorios sobre sus familiares y una presunta afiliación política”, detalló Escobedo.
La vía federal como última esperanza
Tras el rechazo de amparos y apelaciones en el ámbito local, la defensa anunció que promoverá un amparo indirecto para que un juez federal revise la legalidad de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de Michoacán.
“Será un juez de distrito quien revise estas determinaciones. Muchas veces, por la cooptación política que existe en los poderes judiciales locales, tiene que ser la Federación la que corrija al Poder Judicial estatal”, adelantó el abogado.
Mientras tanto, Raúl Meza Abonce continúa recluido en el Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, conocido como Mil Cumbres. En ese mismo penal se encuentran internos el asesino de su hermano y los siete policías implicados en el homicidio de Carlos Manzo, el hecho que detonó la protesta que hoy mantiene a Raúl tras las rejas.