Empresarios de distintos sectores productivos en Sonora denunciaron presuntas prácticas sistemáticas de extorsión, chantaje y simulación sindical en la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la entidad, señalando que se trata de un esquema que replica un modus operandi documentado previamente en Coahuila y Durango.
En entrevista con Azucena Uresti vía Radio Fórmula, el delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en Coahuila y Durango, Saúl López, compartió un audio donde se escucha a Nasael Armando Cobián Duarte, secretario de la CATEM en Durango, amedrentando a trabajadores.
“Te doy 20 minutos para que saques a toda la gente que tienes ahí”, se escucha en la grabación.
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De acuerdo con López, este tipo de presiones eran frecuentes, ya que responsables de obra, ingenieros y arquitectos eran obligados a firmar contratos adicionales, imponiendo el trabajo exclusivo con la CATEM y vulnerando los acuerdos previamente establecidos con las empresas.
El delegado criticó la actitud de algunos funcionarios que intentan deslindarse de los hechos pese a la evidencia y pidió que se investigue a fondo para sancionar a los responsables.
Empresarios alertan sobre extorsión sindical
Las denuncias también señalan a liderazgos de CATEM en Sonora, como es a Carolina Lara Moreno, Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma, por promover solicitudes de constancias de representatividad con firmas presuntamente falsificadas, “sin conocimiento ni consentimiento de los trabajadores”.
Según los empresarios, dichas constancias son utilizadas para exigir la firma de contratos colectivos y emplazar a huelga, generando presión económica directa sobre las empresas.
“Carolina Lara Moreno, actual secretaria general de CATEM Sonora, figura con trayectoria política previa como diputada local por el PAN y dirigente del partido Fuerza por México, es artífice, junto con sus colaboradoras, de este esquema. Hoy, su nombre aparece ligado a denuncias públicas por amenazas y acusaciones de extorsión, junto con las otras dos dirigentes mencionadas”, indicaron los denunciantes.
"Al consultar a los trabajadores, las empresas han confirmado que no reconocen a estas lideresas ni han otorgado respaldo sindical alguno. Y en su caso, Marisela Parra Martínez se presenta como la verdadera experta en el manejo de un sindicato, al ser quien da la cara frente a los empresarios a quienes extorsionan".
Modus operandi de CATEM
El patrón denunciado consiste en “emplazamientos laborales promovidos sin aval real, seguidos de exigencias de pagos mensuales o montos económicos para ‘desistirse’ de la huelga”.
Los empresarios califican estas prácticas como “chantaje y perversión de la reforma laboral vigente desde el 1 de mayo de 2019, diseñada para fortalecer la democracia sindical y no para crear mecanismos de presión económica”.
La preocupación se centra en Nogales, donde cualquier alteración al entorno laboral impacta cadenas productivas binacionales.
“Sonora no es la excepción. Es el mismo libreto: emplazamientos masivos, amenazas veladas y cobros ilegales”, subrayan los denunciantes, haciendo referencia a casos similares en La Laguna, Coahuila y Durango.
Empresarios denuncian cobros obligatorios a ganaderos de hasta 40 mil pesos por establo y la exclusión forzada de otros sindicatos en obras públicas y privadas.
Ante este panorama, los denunciantes confirmaron que los casos ya fueron presentados ante autoridades federales y son analizados por despachos jurídicos especializados.
Harfuch y Sheinbaum refuerzan combate a extorsión sindical
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el reforzamiento de acciones contra la extorsión, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la erradicación de este delito como uno de los principales retos de seguridad nacional.
Los empresarios hicieron un llamado a medios, autoridades laborales y de seguridad para visibilizar la situación y proteger la legalidad, el empleo y la inversión en las regiones afectadas.
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“Defender la reforma laboral implica impedir que se convierta en un instrumento de extorsión. Proteger la legalidad es proteger el empleo, la inversión y el Estado de derecho”, concluyen.
gph