Tuxtla Gutiérrez, Chiapas- A la entrada de la actual administración estatal, el 8 de diciembre pasado, una de las encomiendas más importantes fue la de implementar mayor seguridad para derrotar al crimen organizado y, desde luego, regresarle la paz a Chiapas. Prueba de ello es la “limpia” que se lleva a efecto en las diferentes corporaciones policiacas desde ese entonces.
Con base en una solicitud de información efectuada por La Silla Rota a la Fiscalía General del Estado (FGE), desde el último mes del año pasado hasta el 25 de octubre de este 2025, han sido detenidos 594 servidores públicos, de los cuales el 84.3 por ciento se trata de policías municipales.
El último de los casos fue el de la detención de 16 elementos del municipio de Chilón que “les cerraron el paso” a elementos de la FGE para “rescatar” a un detenido que era trasladado hacia el municipio de Ocosingo acusado de pandillerismo y ataques a las vías de comunicación, como lo informó La Silla Rota.
Te podría interesar
El hecho, según la mencionada dependencia, se registró a la altura del tramo carretero Bachajón-Sitalá, donde los elementos policiacos alcanzaron el vehículo que transportaba a Israel “N”. “Los policías municipales hicieron descender de manera agresiva a los elementos aprehensores y liberaron de forma ilegal al detenido, subiéndolo a una patrulla para llevárselo con rumbo desconocido”, advirtió la FGE en un comunicado.
El primer “golpe de autoridad” se efectuó el 24 de diciembre pasado, con el arresto masivo de 93 servidores públicos de Comitán de Domínguez, quienes obstruyeron el operativo que realizaban elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de la misma Fiscalía contra extorsionadores.
Brote de complicidad
Como respuesta, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, reconoció que en esa ocasión el operativo no era contra la Policía Municipal, y aclaró que al final de cuentas “brotó la complicidad que existe entre estos grupos, seudoorganizaciones sociales, porque son grupos que extorsionan a los habitantes y comerciantes”.
Hace más de un mes también fueron detenidos 59 elementos policiacos del Ayuntamiento de Cintalapa; a la lista se sumó su director Ulber “N”; a todos los vinculaban con el Cártel Chiapas-Guatemala y los acusaban del uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.
En la solicitud realizada a la FGE, se destacan otros datos: de la cifra total de servidores públicos arrestados (501 policías municipales), se suman otros como: 16 policías municipales de Tránsito; 10 elementos de la FRIP; 9 de la Policía de Investigación; 7 administrativos; 6 directores de la Policía Municipal, entre otros.
De los 594 detenidos, según la Fiscalía, a 191 se les ejerció la acción penal, 16 están en espera de una audiencia y 387 se mantienen en libertad con reserva de ley, es decir que esa libertad está sujeta a que el Ministerio Público pueda presentar nuevas pruebas en el futuro para reanudar el proceso, debido a que no se acreditaron los elementos necesarios o suficientes para una condena inicial.
Entre otros datos, la FGE reveló que, de ese total de aprehendidos, la mayoría son de Tonalá (101), le siguen Comitán de Domínguez con 93, Chiapa de Corzo con 91, Cintalapa 68, Villaflores 42, Tuxtla Gutiérrez 39, Chilón y Villa Corzo con 25 cada uno, entre otros 21 municipios más.
Policías metidos en líos
Para Iván Emmanuel Chávez Espejel, secretario de la Red Nacional de Asociaciones Policiales, afirmó que siempre ha habido una relación de “narcos” y políticos en el país, pero se marcaba una línea, “aunque delgada, eran cosas distintas; los malos financiaban las campañas de algunos políticos”. Sin embargo, lamentó que desde el sexenio de AMLO se “rompió” esa línea entre esos dos grupos, y ahora los “narcos” son los políticos, de ahí la relación tan estrecha entre los policías y la “maña”.
Declaró que en Chiapas hay al menos cinco municipios en donde este fenómeno ya es evidente, como ha ocurrido en Frontera Comalapa o localidades del Soconusco, “es decir, en donde el presidente municipal es parte del crimen organizado”. Ejemplificó que, por lo regular, llega al puesto el presidente municipal y designa a los “jefes de plaza” como comandantes, por lo que a los policías le quedan dos opciones: o le entra a la mafia o renuncia. “¿Pero qué hace un elemento que ya tiene 20 o 25 años de servicio? ¿A dónde se va? ¿Quién te contrata en otro lado? Es muy difícil que un expolicía consiga trabajo en la vida civil por el estigma que tiene de corrupción, y de esto o del otro, entonces no les queda más que mantenerse en la corporación, aunque sea ‘a la distancia’ de esos canijos”, se cuestionó.
En una entrevista por aparte, Javier Jiménez Jiménez, diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó su preocupación por las constantes detenciones que se han dado en lo que va de esta administración en contra de servidores públicos, por diferentes delitos. Consideró que tiene que haber una mayor regulación, “filtros, para que todos aquellos que formen parte de estos grupos o actividades cuyo objetivo sea resguardar la seguridad de cada pueblo o municipio, sean personas que tengan las características lealtad, serias, responsables”.
El también presidente de la Comisión de Seguridad en la actual legislatura chiapaneca, insistió en que sí preocupa y ocupa que un servidor público se comporte de “esa manera, porque nadie puede estar por encima de la ley, ni de un pueblo que sólo pide seguridad”.
Estela de terror
Como lo documentó La Silla Rota, en los últimos 3 años y medio de la pasada administración, encabezada por el entonces gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la violencia se desató como nunca, protagonizada por cárteles de la droga como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el de Chiapas y Guatemala e incluso “Los Huistas”, también del país “chapín”.
En otro “extremo” aparecía también el recién emergido Cártel de San Juan Chamula y otros grupos “autodefensas” como “El Machete” u otros de regiones donde esa violencia había llegado. En ese “vaivén” de enfrentamientos, de hallazgos de cuerpos mutilados, desapariciones, cobros de piso y otros ilícitos no menos graves, salía a relucir la complicidad que guardaban elementos policiacos de todos los niveles y sobre todo algunos altos mandos.
Uno de los ejemplos fue la ejecución (en febrero de 2024) de Germán Alegría, titular de Seguridad Pública del municipio de Berriozábal y de dos de sus colaboradores, quienes fueron “levantados” y días después hallados sin vida en una de las calles de Tuxtla Gutiérrez. Inclusive, también circuló un video en donde confesaba los presuntos nexos de algunos funcionarios de ese entonces, entre ellos uno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (hoy la SSP) con el crimen organizado, en específico de un cártel.
De este mismo caso, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió hacer una investigación, pero todo quedó en una promesa.
Incierto panorama
Convencido de que la única manera de “erradicar” este mal de las corporaciones policiacas es que Morena se vaya del poder, Iván Emmanuel Chávez Espejel, también presidente nacional de Ciudadanos Uniformados AC lamentó que, en los últimos tres años, la brecha entre la delincuencia organizada y las policías es cada vez menor.
“Es vierto que hay muchos policías detenidos por nexos con la delincuencia, pero existe un número casi igual de elementos desaparecidos o asesinados por la ‘maña’”, comparó y aseveró que ya el policía está entre la espada y la pared. Lo peor de todo, asumió, es que como los uniformados están en el Registro Nacional de Seguridad Pública se tiene contemplado al personal, cualquiera puede saber en dónde viven, si tienen hijos, en dónde estudian y otros datos “sensibles”. “Entonces cuando llega un alcalde al cargo, pone a su secretario técnico ahí, y a través de él se dan cuenta dónde vive el policía, cuánta familia tiene, y los que no le quieren entrar, pues los malos se van contra la familia”.
De nueva cuenta, el legislador morenista Javier Jiménez Confesó que lo que ocurre a nivel estatal es diferente, pues a través de la FGE o la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) se hace un buen papel, “las políticas que establece el gobernador Eduardo Ramírez hablan de mecanismos de mucha atención a la ciudadanía”. Determinó que, al final de cuentas, es necesario reforzar las medidas para contratar personal de seguridad, “pareciera que algo falta, porque pasan situaciones que son lamentables”.