Morelia, Michoacán.— La audiencia para definir la situación jurídica de ocho detenidos por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, avanzó entre fallas técnicas, recesos inesperados y declaraciones sin sustento.
El juez de control Luis Fernando Díaz inició la diligencia con más de hora y media de retraso, debido a problemas de audio en la conexión con el juzgado de Uruapan —donde están recluidos los siete escoltas municipales imputados— y por un descuido de la defensa, que no entregó a tiempo las copias de sus pruebas a todas las partes.
Desde el penal de El Altiplano, Jorge Armando "N", El Licenciado, señalado como presunto operador de la logística del homicidio, declaró que había sido “levantado”, golpeado y torturado durante su detención, acusaciones sin evidencia. Aseguró que es “un hombre de bien”, que ha llevado su vida “de forma honesta”, y destacó que estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Negó cualquier vínculo con grupos criminales.
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La defensa también presentó a una mujer identificada como Sara V., quien señaló —sin pruebas— que altos funcionarios y un exmandatario habrían ordenado el crimen del alcalde.
En paralelo, los abogados de los siete escoltas expusieron parte de sus 25 datos de prueba, entre ellos dictámenes de balística y las declaraciones de 14 elementos de la Guardia Nacional que conformaban el segundo anillo de seguridad de Manzo.
Al cierre de la sesión, la defensa aún no concluía con el desahogo de pruebas, por lo que el juez no emitió resolución sobre la posible vinculación a proceso de los detenidos.
El pasado 22 de noviembre, un juez dictó prisión preventiva oficiosa a Jorge Armando “N”, identificado como “El Licenciado”, y a siete exescoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado en octubre de 2023.
Los ocho imputados comparecieron en la audiencia inicial, realizada en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “El Altiplano”. Las primeras informaciones oficiales indican que los imputados quedaron bajo esta medida mientras avanza el proceso judicial.
La prisión preventiva oficiosa es una medida que el juez impone de manera obligatoria en ciertos delitos. Funciona como un mecanismo para mantener a los imputados bajo custodia mientras se desarrolla la investigación. También asegura la continuidad del proceso judicial en casos relacionados con crimen organizado o delitos de alto impacto.
¿Quién es El Licenciado?
Jorge Armando N, El Licenciado, operaba en cuatro regiones del estado de Michoacán: Uruapan, Morelia, Pátzcuaro y Cuitzeo, donde presuntamente coordinaba grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación, informaron fuentes de las áreas de seguridad e inteligencia del Plan Michoacán.
El Licenciado, fue detenido el 18 de noviembre en Morelia y presentado un día después por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como posible “autor intelectual” del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
Las autoridades también investigan si este objetivo, era el encargado del pago de nóminas criminales en esas regiones de Michoacán de esa organización delictiva, provenientes de Guadalajara, Jalisco, por lo que también era conocido como “El Contador”.
¿Quiénes son El R1 y El R2, los hermanos ligados al crimen de Carlos Manzo?
Las autoridades federales confirmaron que el autor material del homicidio forma parte de una célula vinculada directamente al clan de los hermanos Álvarez Ayala, identificados como El R1 y El R2, operadores históricos de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
El R1 y su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias El R2, forman parte de un núcleo familiar que desde hace más de una década sostiene posiciones estratégicas dentro del CJNG. Su ascenso se consolidó cuando El Mencho les asignó la misión de avanzar a territorios donde ya operaban grupos locales, lo que desencadenó una serie de disputas armadas de alto impacto.
En Michoacán, Ramón Álvarez Ayala encabezó ofensivas contra organizaciones como Los Caballeros Templarios, Los Zetas y más recientemente contra una coalición de células conocida como Cárteles Unidos, que aún disputan plazas al CJNG. Su presencia fue tan notoria que, para 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional lo identificó como el segundo al mando del cártel.
Ese mismo año, el Ejército detuvo a Ramón y Rafael en operativos simultáneos en Jalisco. El proceso judicial mantuvo al R1 en prisión durante al menos diez años, hasta que un grupo de jueces determinó su liberación el 19 de noviembre de 2022, fecha en la que abandonó el CEFERESO No. 11 en Sonora. Desde entonces, informes de inteligencia señalan que retomó el control de células operativas en Michoacán.
Rafael Álvarez Ayala, El R2, fue identificado como un importante lugarteniente encargado de proveer vehículos, coordinar movimientos y mantener la seguridad directa de su hermano. Al momento de su detención en el año 2012, afirmó recibir órdenes directas de El Mencho, algo que quedó asentado en un informe de la Defensa Nacional.
Participación de líderes del CJNG
Durante la audiencia se presentaron evidencias que señalan la intervención de figuras del Cártel Jalisco Nueva Generación en la organización del crimen.
También se informó que existió un pago de 2 millones de pesos destinado a la ejecución del atentado contra el político independiente de Uruapan.
Las declaraciones de los implicados mencionaron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y a Raúl Álvarez Ayala, “El R1”.
Se destacó que Álvarez Ayala mantuvo comunicación directa con tres jóvenes sicarios que ejecutaron el ataque contra Manzo Rodríguez.
Escoltas de Carlos Manzo son investigados por no actuar para evitar su muerte
Los siete escoltas que integraban el círculo más cercano de seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron detenidos bajo el cargo de “homicidio calificado por omisión en calidad de garante”, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Es decir, que no actuaron para evitar la muerte del alcalde y dicha omisión es lo mismo que causarla.
Entre las personas aseguradas se encuentran Monserrat “N”., de 23 años y originaria de Guerrero; Guillermo “N”., de 43 años, originario de Puebla; Omar Oswaldo “N”., de 56 años y procedente de Veracruz; Demetrio “N”., de 44 años, originario de Hidalgo; Mario Alberto “N”., de 45 años y originario de la CDMX; Alejandro “N”., de 21 años, originario de Uruapan; y Omar “N”., de 47 años, originario del Estado de México.
El controvertido general que diseñó la seguridad fallida de Carlos Manzo
A esta revisión se sumó un dato clave: los escoltas encargados de la seguridad de Manzo Rodríguez no fueron elegidos por él, sino recomendados por el general José Manuel Jiménez Aranda. Esa designación externa cobra relevancia ahora que la Fiscalía analiza si hubo negligencias, omisiones o incluso posibles vínculos irregulares entre los policías municipales y actores que hoy son parte de la investigación.
José Manuel Jiménez Aranda es un exmilitar con más de cuatro décadas de servicio en distintas corporaciones de seguridad del país. Durante su trayectoria, ocupó cargos clave: fue jefe de la Policía Judicial Federal Militar en la Ciudad de México en los años noventa, subdelegado de la Policía Judicial Federal en Cancún y jefe de Planes y Programas en un centro de adiestramiento militar en Campeche. Su perfil como mando operativo y su larga experiencia lo llevaron a integrarse al gabinete de Carlos Manzo Rodríguez cuando este asumió la presidencia municipal de Uruapan en 2024.
lrc