TUXTLA GUTIÉRREZ.- Aunque el gremio periodístico ha sido duramente afectado por la violencia que sacudía a Chiapas, quienes también se enfrentaban a esa crisis eran, sin duda, los defensores de derechos humanos o activistas.
Luego de oficiar la misa de las 7 de la mañana en la iglesia del barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas el 20 de octubre de 2024, el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez caminó tranquilamente hacia su vehículo que dejó estacionado en la calle Las Peras.
Una vez arriba de su camioneta, dos sujetos en motocicleta se le acercaron y le dispararon; el párroco no resistió los impactos de bala, e incluso su vehículo avanzó algunos metros hasta casi llegar a la calle Franz Bloom.
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La consternación se presentó en diversos sectores, pues Marcelo Pérez era el portavoz de los pueblos y quien denunciaba las injusticias en contra de los más desprotegidos, e incluso acusaba a servidores públicos de estar inmiscuidos o permitir la prostitución y venta de drogas y alcohol.
De acuerdo con el historial que lo “acechaba”, el originario de San Andrés Larráinzar, municipio de la región Altos de Chiapas había recibido amenazas directas desde el año 2015. En entrevistas, él mismo señalaba a personajes que pedían “su cabeza” a cambio de diferentes sumas de dinero.
El 13 de septiembre, es decir poco más de un mes antes de ser asesinado, Marcelo encabezó una megamarcha por la paz en Tuxtla Gutiérrez, pues la violencia que se vivía en toda la geografía chiapaneca era preocupante, ante la disputa por el poder por parte de los cárteles de la droga.
Una de sus últimas declaraciones se la otorgó, en ese entonces, a La Silla Rota: “Las diócesis nos hemos unido para que, juntas, levantemos nuestra voz ante esta ola de violencia a la que Chiapas está sometida. Entonces, la Iglesia, defensora de la vida y de los derechos humanos, nos hemos levantado y estamos peregrinando”.
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT) detectó 93 ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de los cuales ocurrieron en Oaxaca y Chiapas.
A la muerte de Marcelo Pérez le anteceden otras ejecuciones de defensores de derechos humanos como: Sínar Corzo Esquinca, ocurrida el 4 de enero de 2019; Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, integrantes del Mocri-CNPA-MN, levantados, torturados y asesinados en ese mismo mes y año. Entre otros defensores ejecutados sobresale Simón Pedro Pérez López, expresidente de la Mesa Directiva de “La Voz de Las Abejas de Acteal”; fue asesinado el 5 de julio de 2021 cerca del mercado del municipio de Simojovel.
Sangre y desolación
Para Pedro Faro, coordinador de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, Chiapas vivió una ausencia total de gobernabilidad.
En sí, reflejó que esos territorios eran controlados por el “cuarteto de mal”: la delincuencia organizada, empresas nacionales e internacionales, gobiernos de los tres niveles y organizaciones corporativistas.
Recordó que el gobierno morenista de Escandón Cadenas (2018-2024) se caracterizó por una narrativa oficial de gobernabilidad y de paz, mientras que en los territorios se profundizaba una crisis estructural de derechos humanos. Bajo el manto de esa institucionalidad, consideró que se gestó un periodo inédito y oscuro marcado por el crecimiento exponencial de grupos armados, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia y complicidad gubernamental.
Con datos recabados y convencido de que la violencia no se acabó, sino que solo mutó, Faro añadió que del periodo de 2023 a 2024 se registraron alrededor de 1,780 personas desplazadas por la delincuencia organizada en complicidad efectiva del Estado; “también se vivieron cientos de asesinatos, personas desaparecidas, defensores ambientales asesinados y comunidades silenciadas por el miedo”.
Entrevistado por aparte, Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en Tonalá, Chiapas, aseveró que, sin duda, se mantiene la preocupación por la violencia que se ha vivido en contra de los defensores de derechos humanos y de los periodistas. “México, como sabemos, es un territorio que representa un alto riesgo para estos sectores. Y tenemos que ser claros: el actor que ha aparecido en los últimos tres años son los grupos de la delincuencia organizada, quienes han cometido actos en contra de nosotros”, afirmó.
Mientras que el Estado, alertó, queda reducido en cuanto a sus obligaciones y deberes. Por ello, reconoció la urgencia de adoptar medidas que garanticen la labor de defender los derechos humanos y, de esa manera, evitar que continúen las agresiones.
Nadie sabe lo que tiene hasta que…
En Simojovel de Allende, aquel pueblo de la región De los Bosques de Chiapas donde hace más de una década el padre Marcelo Pérez Pérez levantó la voz para protestar contra la venta de drogas, la prostitución y el alcoholismo, en la actualidad está desamparada, con la juventud a merced de los grupos delincuenciales y, por ende, de los vicios.
“Él luchó mucho, se fue contra los cantineros porque no solo vendían trago, sino drogas, o había prostitución. Empezó a sufrir amenazas, pero su lucha era buena, quería lo mejor para los jóvenes, principalmente”, advirtió un poblador que acudía a las misas que Marcelo ofrecía en la iglesia San Antonio de Padua, en Simojovel.
Pero “mire”, se lamentó, dónde se fue a morir. Estaba mejor acá, lo protegía más la gente, considera el entrevistado, quien recuerda también cómo Simón Pedro, otro activista y exintegrante de la Organización Civil Las Abejas de Acteal falleció de un balazo en la cabeza en el mercadito, casi en el centro de Simojovel. “Puras desgracias, era gente buena”, remató.
Luis Alonso Abarca González, director del Comité de Derechos Humanos de Base “Digna Ochoa”, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, resaltó que es tal la crisis en materia de derechos humanos, desde la administración de AMLO hasta el de Claudia Sheinbaum, fue la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de todas las personas.
“Que México sea el primer país que tenga que rendir cuentas esté sujeto, por primera vez en la historia del Comité contra la Desaparición Forzada, parte de esta crisis permanente acentuada con el actual gobierno, y lo que rebasó todo fue lo ocurrido en el rancho Izaguirre y el campo de exterminio”, apuntó.
En el caso de Chiapas, aseguró, el mejor ejemplo que refleja este panorama fue lo ocurrido con el plantón-bloqueo que mantuvieron por más de tres semanas las madres buscadoras y de víctimas de feminicidio y cómo el Estado intentó reprimirlas.
“Yo mismo fui detenido por la Guardia Nacional en 2023, a pesar de que presenté una queja ante la CNDH y que ésta lo asentó, que mi relato era creíble, pero al final se reflejó que hay una política de proteger a los agresores de defender los derechos humanos”, argumentó Abarca González, quien insistió en que estos últimos están invisibilizados.
Aunque reconoció que hay una baja en hechos delictivos en Chiapas, advirtió que, sin duda, sólo es cuestión de tiempo para que la violencia se reactive como ocurría durante el gobierno de Rutilio Escandón, “porque sabemos que una de las políticas del Estado es proteger y favorecer la presencia de la delincuencia organizada, porque hay vínculos, negocios millonarios, los cuales oxigenan las carreras de muchos funcionarios, narco-presidentes municipales, todos perfectamente identificados”.
De acuerdo con la organización no gubernamental “Causa en Común”, la violencia a nivel nacional evidencia un nivel preocupante. De octubre del año pasado a julio de este 2025, registró más de 4 mil atrocidades, de las cuales 1,191 se trataron de casos de tortura, 478 descuartizamientos, 351 masacres, 156 calcinamientos, 415 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 199 asesinatos de infantes.
“El abandono institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de sus instituciones (policías, fiscalías y penales), el abandono también de las víctimas, la destrucción del Poder Judicial, la militarización y la manipulación informativa sobre el arraigo criminal en la mayoría del país, dan cuenta de un primer año de gobierno (federal) lamentable en términos de inseguridad, de injusticia, de ineptitud y de autoritarismo”.
lrc