Michoacán.- Un juez de control dictó este sábado prisión preventiva oficiosa a Jorge Armando “N”, identificado como “El Licenciado”, y a siete exescoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado en octubre de 2023.
Los ocho imputados comparecieron en la audiencia inicial, realizada en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “El Altiplano”. Las primeras informaciones oficiales indican que los imputados quedaron bajo esta medida mientras avanza el proceso judicial.
La sesión se extendió por más de cinco horas en el penal federal del Estado de México.
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Participación de líderes del CJNG
Durante la audiencia se presentaron evidencias que señalan la intervención de figuras del Cártel Jalisco Nueva Generación en la organización del crimen.
También se informó que existió un pago de 2 millones de pesos destinado a la ejecución del atentado contra el político independiente de Uruapan.
Las declaraciones de los implicados mencionaron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y a Raúl Álvarez Ayala, “El R1”.
Se destacó que Álvarez Ayala mantuvo comunicación directa con tres jóvenes sicarios que ejecutaron el ataque contra Manzo Rodríguez.
Avances del proceso legal
Además de imponer la prisión preventiva, el juez amplió el plazo para definir la vinculación a proceso de los imputados por su intervención en el asesinato.
El proceso continuará el miércoles 26 de noviembre de 2025 con el desahogo de pruebas y análisis de evidencias.
Autoridades federales trasladaron a Jorge Armando “N” al penal de El Altiplano en un operativo de seguridad que incluyó a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Civil. El movimiento se realizó desde Morelia a bordo de un vehículo blindado tipo Black Mamba Sandcat.
La prisión preventiva oficiosa es una medida que el juez impone de manera obligatoria en ciertos delitos. Funciona como un mecanismo para mantener a los imputados bajo custodia mientras se desarrolla la investigación. También asegura la continuidad del proceso judicial en casos relacionados con crimen organizado o delitos de alto impacto.
Escoltas de Carlos Manzo son investigados por no actuar para evitar su muerte
Los siete escoltas que integraban el círculo más cercano de seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron detenidos este viernes bajo el cargo de “homicidio calificado por omisión en calidad de garante”, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Es decir, que no actuaron para evitar la muerte del alcalde y dicha omisión es lo mismo que causarla.
Entre las personas aseguradas se encuentran Monserrat “N”., de 23 años y originaria de Guerrero; Guillermo “N”., de 43 años, originario de Puebla; Omar Oswaldo “N”., de 56 años y procedente de Veracruz; Demetrio “N”., de 44 años, originario de Hidalgo; Mario Alberto “N”., de 45 años y originario de la CDMX; Alejandro “N”., de 21 años, originario de Uruapan; y Omar “N”., de 47 años, originario del Estado de México.
La Fiscalía de Michoacán informó que todos son servidores públicos municipales y que fueron trasladados al Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez, en Morelia. Aunque sus identidades no han sido reveladas, la dependencia aseguró que se trata de seis hombres y una mujer, que únicamente uno era de Uruapan y que los siete policías formaban parte del equipo de protección inmediato que acompañó al edil la noche en que fue asesinado.
Las autoridades informaron que la audiencia pública prevista para este viernes 21 de noviembre de 2025 a las 4 de la tarde, en la que comparecería El Licenciado o El Contador, señalado como presunto autor intelectual del homicidio, fue pospuesta para realizarse entre esta noche y mañana. El cambio de fecha tiene como propósito que la diligencia se lleve a cabo de manera conjunta con los siete escoltas detenidos.
Las recientes detenciones fueron realizadas al interior de la Casa de la Cultura, la oficina principal del edil, marcan un giro en la investigación, que ahora apunta directamente a presuntas omisiones graves por parte de quienes tenían la obligación de protegerlo.
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La investigación sobre el actuar de los escoltas comenzó desde las primeras horas posteriores al homicidio, luego de que se confirmara que uno de ellos disparó contra el agresor, el adolescente Víctor Manuel Ubaldo, cuando ya estaba inmovilizado. Ese hecho abrió la primera línea de investigación por posible uso excesivo de la fuerza y por fallas en el protocolo de protección de un alto funcionario municipal.
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El controvertido general que diseñó la seguridad fallida de Carlos Manzo
A esta revisión se sumó un dato clave: los escoltas encargados de la seguridad de Manzo Rodríguez no fueron elegidos por él, sino recomendados por el general José Manuel Jiménez Aranda. Esa designación externa cobra relevancia ahora que la Fiscalía analiza si hubo negligencias, omisiones o incluso posibles vínculos irregulares entre los policías municipales y actores que hoy son parte de la investigación.
José Manuel Jiménez Aranda es un exmilitar con más de cuatro décadas de servicio en distintas corporaciones de seguridad del país. Durante su trayectoria, ocupó cargos clave: fue jefe de la Policía Judicial Federal Militar en la Ciudad de México en los años noventa, subdelegado de la Policía Judicial Federal en Cancún y jefe de Planes y Programas en un centro de adiestramiento militar en Campeche. Su perfil como mando operativo y su larga experiencia lo llevaron a integrarse al gabinete de Carlos Manzo Rodríguez cuando este asumió la presidencia municipal de Uruapan en 2024.
En la administración de Manzo, Jiménez Aranda fue nombrado secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, posición desde la cual controlaba a la policía municipal y supervisaba las operaciones de seguridad. Sin embargo, su permanencia en el cargo fue breve: en septiembre de 2024 fue destituido después de ser denunciado por un caso de violencia familiar, un episodio que marcó de manera irreversible su reputación pública. A pesar de ello, y en una decisión que hoy es objeto de escrutinio, el alcalde lo mantuvo cerca; lo designó como responsable de su seguridad personal y le permitió conformar su círculo más íntimo de escoltas.
Las investigaciones sobre el asesinato de Manzo han vuelto a colocar a Jiménez Aranda en el centro de las dudas. Fue él quien recomendó al grupo de policías municipales que integraban la seguridad del alcalde y que ahora están detenidos o bajo investigación por presuntas omisiones e irregularidades la noche del crimen.
Un primer círculo bajo sospecha
Tras el asesinato en la Plaza de los Mártires, el equipo de seguridad del entonces presidente municipal dejó de presentarse públicamente, lo que generó nuevas suspicacias. El 11 de noviembre, la viuda de Manzo y actual alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, declaró que desconfiaba “de todo y de todas las personas”, incluyendo al mismo grupo de escoltas que custodiaba a su esposo el día del ataque.
Carlos Torres, fiscal estatal, había adelantado días atrás que los policías municipales asignados como escoltas continuaban activos y estaban siendo llamados a comparecer. Tanto él como el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, coincidieron en que los elementos permanecían localizados y acudían a declarar cuando se les requería. Sin embargo, la investigación avanzó hacia posibles omisiones críticas durante y después del atentado.
La noche del 1 de noviembre, el alcalde se encontraba en la plaza principal de Uruapan participando en el Festival de la Vela. A pesar del dispositivo de seguridad municipal y federal, el joven agresor logró abrirse paso entre la multitud y disparar varias veces contra Manzo con una pistola de nueve milímetros. Después del ataque, los escoltas localizaron y sometieron al agresor, pero uno de ellos lo abatió de un disparo cuando ya estaba neutralizado.
Un equipo reforzado meses antes
El Gobierno federal había incrementado la seguridad del alcalde en dos ocasiones. El 2 de noviembre, un día después del asesinato, Omar García Harfuch detalló que desde diciembre de 2024 Manzo contaba con seis elementos de la Guardia Nacional y un vehículo asignado. En mayo de 2025 ese esquema se reforzó con ocho elementos adicionales y otro vehículo, por iniciativa del coordinador estatal de la Guardia Nacional.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que además de la escolta directa, se realizaban “operaciones en forma” en zonas específicas donde se evaluaban riesgos para el presidente municipal. Estas operaciones eran ejecutadas por elementos federales con el objetivo de prevenir agresiones.
A pesar de ese reforzamiento, la columna vertebral de la seguridad del alcalde, su escolta municipal, ahora bajo arresto y era la responsable de su protección inmediata. Su origen en una recomendación militar externa y su desaparición pública tras el asesinato se han convertido en puntos críticos en la investigación.
Detenciones tras caer uno de los presuntos autores intelectuales
Las detenciones de los siete escoltas ocurren apenas días después de la captura de Jorge Armando N., alias El Licenciado, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato. La Fiscalía había advertido que la investigación avanzaba en varias direcciones, incluida la actuación del equipo de seguridad municipal.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, había especulado públicamente sobre las circunstancias del disparo contra el agresor cuando este ya estaba sometido. “Al homicida lo detienen y momentos después hay forcejeo y hay un solo disparo que lo abate”, dijo. Esas declaraciones reforzaron la idea de que la actuación policial sería revisada a detalle.
La caída del círculo cercano de seguridad de Carlos Manzo abre ahora un nuevo capítulo en el caso; el análisis de si los fallos en la cadena de protección fueron producto de negligencia, omisión, colusión o la intervención indebida de terceros. La Fiscalía ha reiterado que todas las líneas de investigación continúan abiertas.
MS y VGB