Puebla.– Fernando Juárez Morales, quien pasó nueve años en prisión debido a un error judicial, promovió un Juicio de Amparo para que el Estado de Puebla atienda sus solicitudes básicas como víctima. El recurso, identificado como 1554/2025, fue presentado en San Andrés Cholula ante la negativa de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla (CEEAVI) de recibir y resolver sus peticiones para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Nueve meses sin recibir solicitudes ni emitir acuerdos
De acuerdo con el auto de admisión, Fernando presentó el amparo luego de nueve meses en los que la CEEAVI se negó sistemáticamente a recibir sus escritos y omitió emitir acuerdos sobre sus solicitudes de apoyo para alojamiento, alimentación y traslado.
Estos actos, atribuidos directamente a la titular de la CEEAVI, Lizeth Gallegos Lozano, constituyen el núcleo de la demanda que ahora revisará un juez federal. La audiencia constitucional fue fijada para el 4 de diciembre de 2025.
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Denuncias previas sin respuesta y un historial de injusticias
El amparo se suma a una serie de denuncias que Fernando ha impulsado este año. Desde el 18 de agosto de 2025, presentó una queja contra 13 agentes ministeriales por presuntas irregularidades cometidas en su contra desde 2013, cuando fue injustamente detenido y acusado como presunto líder delincuencial. A la fecha, tampoco ha recibido respuesta sobre esa queja.
La historia de Juárez Morales adquirió impacto nacional el 8 de mayo de 2025, cuando el Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación difundió el documental Crónicas desde la libertad, que narra cómo logró demostrar su inocencia gracias a evidencia localizada por el Centro de Documentación y Análisis de la SCJN.
Hoy, pese a haber sido declarado víctima de un error del Estado y recuperar su libertad, Fernando enfrenta un nuevo obstáculo: la falta de respuesta de las autoridades responsables de garantizar su reparación integral.
El amparo 1554/2025 se ha convertido en el único camino que ha encontrado para exigir los derechos que la ley le reconoce.